Los Verdes europeos protagonizaron el pasado jueves el penúltimo ataque de desprestigio y manipulación que ha sufrido una gran empresa española de éxito en los últimos tiempos. En este caso, la víctima escogida para experimentar su particular escarnio público ha sido Inditex, la mayor compañía española y el gran líder de su sector a nivel mundial. Para ello, los ecologistas publicaron un informe, elaborado por un joven economista que hasta hace poco trabajaba como becario, en el que se acusa al grupo de Amancio Ortega de eludir el pago de 585 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2015 a través de diversos mecanismos de ingeniería fiscal.
Lo primero que cabe señalar al respecto es que el estudio, en ningún caso, admite irregularidad fiscal alguna ("eludir" no es "evadir") De hecho, Los Verdes reconocen que la práctica empleada por Inditex es perfectamente legal, pero aún así critican que se haya ahorrado ese dinero en impuestos. Es decir, no hay delito ni falta tributaria que denunciar, simplemente exigen que pague más impuestos porque sí, porque lo dicen ellos y punto, en detrimento de los intereses de la propia empresa, sus trabajadores y accionistas e independientemente de lo que estipule la ley. Ante tal desfachatez, Inditex se vio obligada a publicar un comunicado en el que, además de desmontar los graves errores que contiene el informe, tuvo que reiterar que cumple "escrupulosamente" la normativa fiscal de los 93 mercados en los que opera. Prueba de ello es que su tasa efectiva de impuestos ha oscilado entre el 22% y el 25% durante este período, aportando un total de 4.400 millones de euros a las arcas públicas de los diferentes países durante ese período (unos 2.200 millones sólo en España).
Lo más grave, sin embargo, no es que los ecologistas se quejen de los altos impuestos que pagan las grandes empresas, pues lo raro sería lo contrario, sino la reacción que tal información causó en las redes sociales, con miles de comentarios negativos hacia Inditex y su dueño y fundador, Amancio Ortega. Esta nueva oleada de críticas, tanto a nivel social como político, hacia los ricos, en general, y los empresarios de éxito, en particular, es el síntoma más visible de la grave enfermedad moral que sufre España, y que no es otra que la envidia y la cultura de la mediocridad. Criminalizar a los empresarios y a la gente que, gracias a su esfuerzo o talento, ha triunfado en la vida denota una actitud contraria al progreso, el desarrollo y el bienestar que, en última instancia, acaba socavando los cimientos sobre los que se sustentan las economías ricas.
A nivel político, esa negativa y errónea forma de pensar se manifiesta en más impuestos, sanciones y trabas al nacimiento y crecimiento de las empresas, así como a la creación y acumulación de riqueza, bajo la utópica e irreal creencia de que nuestra prosperidad depende del poder político y no de nosotros mismos (el "mercado"). Amancio Ortega, Juan Roig y tantos otros empresarios y autónomos, grandes y pequeños, que trabajan día a día para hacer crecer sus negocios sirviendo mejor a sus clientes son el verdadero motor que hace funcionar y avanzar una economía. Denostar la figura de la empresa y el empresario, auténticos y únicos generadores de empleo, no solo es pegarse un tiro en el pie, sino, directamente, suicidarse a medio y largo plazo.
En lugar de perseguir a los empresarios y ahuyentar a los inversores, España debería ponerle una alfombra roja llena de facilidades regulatorias y fiscales a todos aquellos que se animen a emprender y hacer negocios. Los pueblos ricos, capaces de pagar altos sueldos a sus trabajadores, garantizar una alta calidad de vida y sufragar buenos y amplios servicios, son los que incentivan y facilitan la empresarialidad. Lo contrario es un camino seguro hacia la miseria económica, el retraso social y la opresión política. El mundo necesita muchos Bill Gates y España, en particular, muchos Amancios Ortega, no menos.