Hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, la izquierda radical vuelve a cargar contra la Carta Magna. A las quejas habituales sobre la monarquía se le ha sumado en los últimos años el lamento por la reforma del artículo 135, propuesta por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011 y aprobada unos meses más tarde con los votos favorables de PP y PSOE.
¿Cómo explicar la inquina de Podemos y sus aliados hacia el artículo 135? Para atenderlo, conviene revisar la evolución que ha seguido este epígrafe constitucional. Hasta el año 2011, el artículo estaba compuesto por apenas dos puntos que indicaban lo siguiente:
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
Sin embargo, la redacción del nuevo artículo 135 es mucho más extensa y supone un compromiso de primer nivel con la responsabilidad fiscal. Lo vemos, por ejemplo, en el punto primero, que recuerda que "todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria".
Para la izquierda radical, el principio de estabilidad presupuestaria supone una importante amenaza, ya que supone un importante obstáculo en los planes fiscales de formaciones como Podemos. El mejor ejemplo lo tenemos en Madrid, donde el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena se ve obligado a amortizar deuda en vez de despilfarrar el dinero de los madrileños.
No es un capricho
En cualquier caso, la estabilidad presupuestaria no es solamente un principio de gestión característico de Estados modernos y solventes: también es un requisito ligado a nuestra pertenencia a las instituciones comunitarias europeas. No se puede ignorar, por tanto, que estar en la UE va de la mano con normas fiscales de este corte.
Así, el punto 2 del nuevo artículo 135 apunta lo siguiente: "el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros".
En la misma línea, el punto 3 señala que "el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".
Para ser precisos, la Constitución Española invoca en este punto el artículo 126 del Tratado que rige el día a día de las instituciones europeas. dicho epígrafe, "los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos" y "la Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel del endeudamiento público".
¿Cómo se hace esa "supervisión"? La clave está en otra norma europea, conocida como "Protocolo número 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo". Este punto indica que los valores de referencia a partir de los cuales se activa la supervisión europea son dos: un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB.
No son reglas inflexibles
Podemos y el resto de la izquierda radical pretenden dibujar el marco anterior como un paradigma inflexible. En realidad, los países miembros de la UE sumaron 114 incumplimientos del Protocolo entre los años 1999 y 2015…
Además, la nueva redacción del artículo 135 aclara también que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública "podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado".
¿Y cómo se determina que estamos ante un escenario de ese tipo? ¿Hay algún procedimiento técnico que nos lo indique? No: en el propio artículo 135 también se explica que la suspensión de los objetivos de déficit y endeudamiento se puede activar cuando así lo aprecie "la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Por tanto, basta con que la mitad más uno de los parlamentarios de la espalda al principio de estabilidad presupuestaria para que se aprueben nuevas relajaciones de los objetivos fijados por el artículo 135 y la normativa europea.