El Gobierno de Ahora Madrid –con la alcaldesa y su concejal de Desarrollo Urbano Sostenible a la cabeza- y el PSOE mantuvieron durante todo el año pasado la vista puesta en las elecciones generales: con los socialistas o Podemos al frente del Ministerio de Fomento el viento soplaría a favor de sus planes respecto al desarrollo norte de la capital. Después, el vacío de poder durante casi doce meses permitió mantener su discurso sobre la antes conocida como Operación Chamartín.
Pero las cosas no han salido como a estos partidos les hubiera gustado. Mariano Rajoy consiguió ser investido presidente el pasado 29 de octubre y gobierna en minoría desde entonces. El Ministerio de Fomento fue uno de los pocos que sufrió cambios de cara a esta nueva legislatura. Con el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados, la cartera de Fomento recayó en el hasta entonces alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna.
Y con él se entrevista este miércoles Manuela Carmena, que ha decidido suspender su viaje a México. La alcaldesa le envió una carta solicitándole un encuentro. En dicha misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, la regidora defiende que la propuesta municipal plantea "un urbanismo racional, ajustado a las necesidades reales de la ciudad, mediante un modelo que se desarrolle mayoritariamente sobre suelo público, eficiente y sostenible y en el que las plusvalías generadas por la operación reviertan en beneficio de la ciudad". Para ello, plantea la creación de un consorcio urbanístico entre el Ayuntamiento y la Comunidad para desarrollar la zona situada al sur de la M-30, que incluye la puesta en marcha de un gran centro de actividad económica y de negocios.
La alcaldesa explica al ministro en su carta que, para ello, ya ha puesto en marcha los proyectos para abordar de manera inmediata, en 2017, la mejora de infraestructuras viarias como los Nudos Norte y de Fuencarral, así como otras vinculadas a la estación de Chamartín, que podrían empezar en 2018. Manuela Carmena expone a De la Serna que la propuesta municipal supondrá, según cálculos del Ayuntamiento, la creación de unos 128.000 nuevos puestos de trabajo, de los que 55.000 corresponderían al uso comercial, 17.000 al industrial y 56.000 a la construcción residencial.
No obstante, el plan del Consistorio, plasmado en un documento de apenas 20 folios, es mucho menos ambicioso que el anterior proyecto, que además no suponía ningún coste para los madrileños. Así , la última vez que la alcaldesa pisó el Ministerio recibió un chorreo de críticas por parte de la presidenta de la Comunidad y la entonces ministra. Fue en una reunión a cuatro entre el Ayuntamiento, Cristina Cifuentes, Fomento y el presidente del BBVA, el promotor privado que tiene cedidos la mayor parte de los terrenos para llevar a cabo su plan.
El ministro, con la operación Chamartín
Y en esta ocasión nada parece que vaya a ser diferente. De la Serna ya ha mostrado sus preferencias por el proyecto urbanístico que desarrolla BBVA y el grupo San José. "La reunión con la alcaldesa pretende que ella me pueda trasladar cuál es su proyecto, pero también que yo pueda trasladarle los beneficios de una actuación que el Ministerio está defendiendo porque cree que, en términos de generación de empleo, disposición de infraestructuras, de espacios y dotaciones verdes, de mejora y modernización de la estación de Chamartín, es un proyecto de gran valor. Estamos hablando de muchos empleos, que se cifran en casi 120.000, con una operación de más de 6.000 millones de euros. Es difícil encontrar operaciones que estén respaldadas, desde un punto de vista solvente, por socios que puedan moverse en esas cantidades", dijo en una entrevista radiofónica.
El ministro recordó también que Fomento "tiene interpuesto un recurso. En estos momentos, estamos dentro de ese proceso. Fomento, con el proyecto anterior recibía unos 1.200 millones para acometer una serie de infraestructuras necesarias y, por otro lado, conseguía mejorar también parte de lo que es el entorno de Chamartín. Ahora se está haciendo un planteamiento completamente diferente, en el que tendríamos que aportar nosotros esos terrenos y, en su caso, realizar una inversión desde lo público, es decir, con cargo a los ciudadanos".
Y es que Adif (la empresa de Fomento) es la gran perjudicada con el plan de Carmena. DCN tiene firmado con ella un contrato por el que se compromete a comprarle todos los terrenos por esos 1.200 millones. Pero esto sólo se concretará si hay Operación Chamartín. Si al final no es así, Fomento-Adif perdería dos tercios de los ingresos previstos.
"El Ministerio tiene clara su posición, lo que ha ocurrido no es una cuestión del Ministerio. Quien ha echado un proyecto abajo, que tenía un elevado grado de consenso, ha sido el Ayuntamiento. Habrá que analizar si es posible reconstituir ese consenso", subrayó el ministro.
Callejón sin salida
Pero no parece posible. Durante la sesión plenaria celebrada este lunes en el Consistorio madrileño –y a preguntas de Ciudadanos- el responsable de urbanismo, el concejal José Manuel Calvo, recordó que, por mayoría del Pleno -la autoridad "competente" para definir el modelo urbanístico de la ciudad- se decidió "enterrar el modelo de la burbuja inmobiliaria y el desarrollismo mal entendido", en referencia al descartado plan Distrito Castellana Norte (DCN). "En los 23 años transcurridos no se ha movido un solo ladrillo ni se ha generado un nuevo puesto de trabajo en la zona", recordó el edil de Ahora Madrid, que reiteró además que Madrid Puerta Norte [que así es como bautizaron su plan que sustituye a la Operación Chamartín] no es una propuesta cerrada sino que está "abierta para empezar a trabajar".
Así las cosas, el proyecto vuelve a estar en un callejón sin salida: el ministro quiere negociar a partir de la anterior iniciativa y el Ayuntamiento pretende que esas negociaciones se hagan sobre Madrid Puerta Norte.
Tres demandas y una fecha
El recurso de Fomento contra el Consistorio no es el único al que se enfrenta Manuela Carmena. La alcaldesa acudirá a su cita con el ministro con otras dos demandas más bajo el brazo. La que le interpuso la Comunidad de Madrid (responsable última de dar el ok definitivo al planeamiento) y el promotor privado. Cada uno de ellos acudió a los tribunales para pedir que se revoque el acuerdo plenario del pasado 25 de mayo que enterró el proyecto DCN. Piden también, en caso de que no salga adelante el anterior plan, una indemnización a la corporación municipal, que pagarían los madrileños.
Y en el horizonte, el plazo dado por DNC. Aunque oficiosamente se habla de una prórroga, el 31 de diciembre es la fecha límite en la que vence el convenio firmado entre Adif y DCN para materializar la compra de esos terrenos ferroviarios.