Febrero de 1994. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición No de Ley para crear una ponencia en la Comisión de Presupuestos a petición de CiU. El objetivo, "elaborar un informe, en el que se analizarían los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y se indicarán las principales reformas que deberán acometerse en los próximos años, para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones".
Catorce meses después, el 6 de abril de 1995, ese mismo Pleno aprobaba el texto que la susodicha Comisión había elaborado, siguiendo el mandato otorgado. Acababa de nacer el Pacto de Toledo, llamado así porque el acuerdo final se fraguó en una reunión en el Parador de la capital manchega entre representantes de PP-PSOE-CiU e IU. La idea era "sacar" las pensiones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento, las reformas en la Seguridad Social se tomaran por consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
El planteamiento no carece de lógica. Los déficit y superávit de la Seguridad Social no nacen o desaparecen de la noche a la mañana. En realidad, lo que se aprueba ahora para las pensiones afectará fundamentalmente a los jubilados de 2035-2040 y no tanto a los actuales. Del mismo modo, lo que se aprobó en 1995 debería surtir efecto ahora. Por lo tanto, siempre existe la tentación en el Gobierno de turno de evitar el problema, incluso aunque sea que hay que hacer algo pensando en el medio plazo: para qué meterse en un lío como éste (siempre es impopular tocar las pensiones) si los frutos no se recogerán hasta dentro de 15 o 20 años.
Del mismo modo, la oposición también puede caer en la tentación del electoralismo, sabiendo que es un tema que dañará al Gobierno. Incluso aunque crean que es necesario ajustar las cuentas de la Seguridad Social, el incentivo para el resto de partidos es oponerse y poder decir a los votantes que ellos dijeron no a una reforma que, sí o sí, va a implicar recortes en las pensiones del futuro.
Pues bien, para evitar eso, se hizo el Pacto de Toledo. Como apuntamos, todo comenzó en 1994 y tomó forma definitiva en el 95. Hablamos de los últimos años de Felipe González en el Gobierno, en minoría y acosado por la corrupción. Probablemente nunca un Ejecutivo ha sido más débil y tan palpable la sensación de que el relevo en Moncloa era inminente. Y es muy posible que aquella coyuntura ayudase a conseguir la foto de unidad: convenía a los que se iban y a los que llegaban.
Desde entonces, el fondo no ha cambiado: la idea de que el Congreso emita un informe cada cinco años en el que se analice la situación del sistema de la Seguridad Social y se propongan soluciones. El último informe es el del 29 de diciembre de 2010. Sí ha habido cambios formales. Ahora, ya no hablamos de una ponencia dentro de la Comisión de Presupuestos; el Pacto de Toledo se ha independizado y se estructura en una Comisión No Permanente: la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo.
En estos días, comienzan los trabajos de la Comisión, que se ha retrasado algo en su objetivo de emitir un informe cada cinco años por la parálisis política del último ejercicio. Pero ya está en marcha. La inauguró Fátima Báñez la semana pasada. A partir de ahora irán pasando diferentes expertos que les ofrecerán su visión a los diputados que, a su vez, irán reuniéndose para ir dando forma al texto definitivo que, todos los partidos aseguran lo mismo, quieren que se apruebe por consenso.
Esta semana visitan la Comisión varios expertos: un par de catedráticos, un representante de la CEOE… Este tipo de reuniones pasan desapercibidas para la opinión pública pero son las realmente importantes, en las que se va perfilando el contenido del informe. Y en unos meses (el Ministerio querría acelerar el proceso y que no se alargue más allá de Semana Santa) tendremos el documento definitivo: las recomendaciones del Pacto de Toledo para las pensiones. Con ellas sobre la mesa, corresponderá al Gobierno desarrollar el texto de la próxima reforma de la Seguridad Social.
Teoría y práctica
Hasta aquí la teoría. A partir de ahora la práctica, que no es tan bonita. Lo primero en lo que tiene que ver con el consenso. Es cierto que las recomendaciones de la Comisión y buena parte de los documentos informativos relativos a las pensiones se han aprobado por acuerdo de los principales grupos parlamentarios. Pero, cuidado, casi siempre, el buen rollito se ha acabado aquí, en la foto en las escaleras del Congreso y en los discursos genéricos sobre la necesidad de ser responsable en este tema. Teatro (eso que ahora se llama postureo) sí hay; pero acuerdos de verdad, con sustancia, hasta ahí no llegan.
Porque a la hora de votar las reformas, las medidas que realmente importan y se trasladan a la ley, se acabaron las sonrisas. Hay que recordar que el PP votó en contra de la reforma que el PSOE sacó adelante en 2011 y que endurecía los requisitos de acceso a la jubilación (retrasaba la edad a los 67 años, ampliaba los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión y ampliaba el período de cálculo de la base de cotización). Por su parte, el PSOE le devolvió la jugada y votó en contra de la reforma de 2013, que aprobaba el nuevo Índice anual de Revalorización de las Pensiones (desligando las pensiones del IPC) y el Factor de Sostenibilidad (que ajustará las pensiones de los que se jubilen a partir de 2019 en función de su esperanza de vida).
En ambos casos, da la sensación de que uno y otro partido sabían que la reforma que su rival impulsaba era necesaria. Por ejemplo, el PP no ha tocado la reforma del PSOE una vez que ha llegado al Gobierno y la propia Báñez elogió la medida la semana pasada cuando acudió a la Comisión (habló de "relevantes actuaciones paramétricas" en un tono claramente positivo).
Y tiene toda la pinta de que el PSOE, aunque no deja pasar un día sin criticar la reforma del PP (por ejemplo, el otro día su representante en la Comisión la atacó con dureza), tampoco derogaría ni el IRP ni el FS. Esto es un futurible que no se podrá comprobar hasta que llegue al Gobierno, pero en el comité de expertos que Báñez convocó para la anterior reforma había varios miembros muy cercanos a los socialistas (ex altos cargos con Zapatero algunos de ellos) y no parece que lo aprobado vaya en contra de los principios del partido.
Vamos, que en cuanto han tenido ocasión, PP y PSOE han optado por el electoralismo y no por la responsabilidad. Y eso que aseguraban que esto es lo que querían evitar con el famoso Pacto de Toledo. Pues bien, hasta ahora se han tirado las pensiones a la cabeza como hacen con la mayoría de los demás temas. Incluso aunque luego no toquen la reforma que el otro aprobó y con la que se intuye que en realidad están de acuerdo aunque voten en contra. No hay nada que haga pensar que esta vez vaya a ser diferente ni extrañarse si Ciudadanos o Podemos imitan lo que han hecho en el pasado sus ahora rivales en el Congreso.
Tampoco el Pacto de Toledo ha tenido muchos frutos en el segundo de sus objetivos: generar un debate sereno sobre las pensiones, que sirva para informar a los ciudadanos de la realidad del sistema. En realidad, si acaso, está siendo utilizado justo para lo contrario.
Por ejemplo, sigue siendo en España un tema casi tabú hablar de una reforma del sistema que incluya una pata de capitalización (voluntaria, a través de planes empresariales, semi-obligatoria, obligatoria…). A pesar de que es lo más habitual en los países ricos de la UE, ningún partido lo pondrá sobre la mesa. No decimos que haya que aprobarla obligatoriamente (aunque Libertad Digital mantiene una línea editorial favorable a esta alternativa) pero que ni siquiera esté en el debate público una reforma a la sueca habla bien a las claras del pacto de silencio en el que se ha convertido el Pacto de Toledo.
No sólo eso. Con las reformas de 2011 y 2013 ya aprobadas, el sistema tiene garantizada su sostenibilidad. Pero eso sí, es una sostenibilidad que se conseguirá reduciendo la tasa de reemplazo (relación entre la pensión y el último salario cobrado). Ahora mismo, esa tasa en España es superior al 80% y está entre las más generosas de la UE. La ministra el otro día se vanagloriaba de que "las nuevas pensiones de jubilación del régimen general en 2016, alcanzan los 1.500 euros de media, lo que significa un 93 % del salario medio" de nuestro país.
Pues bien, la ministra sabe, y los miembros de los demás partidos también deberían saberlo, que esa cifra será imposible de mantener sólo con el sistema público de reparto en 2030-2035. De hecho, el recorte comenzará mucho antes, en 2019, cuando entre en vigor el Factor de Sostenibilidad. ¿A cuánto ascenderá? Pues depende del empleo que seamos capaces de generar (en número y en calidad, los salarios aquí son clave). Pero los expertos hablan de un 30-40% de recorte de la tasa de sustitución en unas décadas. O lo que es lo mismo: si un trabajador quiere mantener su poder adquisitivo, tendrá que ahorrar desde ya, porque mientras que su padre se está jubilando ahora con un 80-90% de su sueldo, él se jubilará en 2040-45 con un 50-55% de su sueldo.
Se supone que ésta es la clase de información que el Pacto de Toledo debería facilitar a los futuros pensionistas, para que estos puedan tomar medidas con tiempo. Y se supone también que, en parte, la idea es que los partidos iban a decir la verdad en este sentido, sin acusarse unos a otros de querer cargarse el modelo sólo por poner los datos encima de la mesa. Pues bien, ese recorte en la tasa de reemplazo, que es inevitable por pura demografía, está fuera del discurso político. Nadie se atreve a decirlo y si alguien lo hiciera lo más probable es que le cayesen encima todo tipo de reproches. Eso sí, la foto que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo se harán en la próxima primavera, en las escaleras del Congreso, con el informe en las manos y rodeando a la ministra, será todo un catálogo de sonrisas.