Uno de los muchos problemas a los que se enfrenta España hoy en día es el drama de la pobreza, en general. Un acontecimiento como el accidente de la anciana de Reus la pasada semana ha vuelto a abrir el debate tanto sobre las causas que llevan a que muchas familias se encuentren en una situación de este tipo, en la que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (así se define habitualmente la "pobreza energética"), como a las posibles soluciones para que salgan de dicho atolladero.
La pobreza energética disminuyó 6 décimas en 2015 respecto al año anterior, cuando se registró un máximo histórico, tanto entre parados como entre ocupados y jubilados. Sin embargo, el porcentaje de cada grupo que padecía esta situación es diferente. Omitiendo el dato de otros inactivos, la población jubilada, ocupada y parada que sufría pobreza energética el pasado año fue del 7,8%, 7,5% y 21%, respectivamente.
La situación de los ocupados y jubilados en este ámbito es peor que en 2008, pero se mantienen estables respecto a los años previos al pico de la burbuja en 2007-2008, mientras que el grupo de parados, por el contrario, no solo empeora respecto a 2008, sino que también sube de un 16% en 2004 a un 21% en 2015, muy probablemente por el aumento del paro de larga duración.
Conociendo estas cifras es evidente que el grupo de mayor riesgo de padecer pobreza energética son los parados y los trabajadores con menores ingresos, entre los que se concentran los temporales. Así pues, hablar de recuperación del mercado laboral y de reducción de la pobreza energética es hablar de lo mismo, pues a menor paro y mayor número de trabajadores indefinidos, menor pobreza energética.
Por otro lado, si observamos el problema desde una perspectiva europea, la pobreza energética en España supera en 1,2 puntos la media de la UE, siendo la española una de las tasas de paro más altas de Europa.
Además, la caída del paro también se traduce en una mejora laboral y salarial de los ocupados, minorando así el problema de la pobreza energética en dicho colectivo. De hecho, la reducción de la pobreza energética entre la población ocupada choca con el discurso de la "recuperación desigual" que blande la izquierda, según el cual los trabajadores salen perdiendo a medida que mejoran los indicadores macroeconómicos.
La realidad, por el contrario, es bien distinta: el empleo indefinido, que ha pasado de suponer el 20% del trabajo asalariado creado en 2014 a un 41% en 2015, es lo que ha permitido que la pobreza energética caiga entre los ocupados.
Además del paro, el otro factor a considerar es el alto coste de la energía que existe en España. Pero ése poco o nada tiene que ver con el mercado y sí mucho con el intervencionismo público.
No en vano, la mayor parte de la factura de la luz son impuestos (el 65% si se incluyen las primas renovables y el resto de costes políticos ajenos al mercado de la electricidad), con lo que el Estado vuelve a jugar un papel determinante en esta materia, solo que para mal, de igual modo que lo juega en el mercado laboral, manteniendo una rigidez que, históricamente, se ha traducido en altas tasas de desempleo y una elevada temporalidad.
La politización laboral y energética es el origen del problema, no la solución. Por ello, apelar al subsidio y a la nacionalización de eléctricas tan sólo tiene como finalidad mercantilizar la pobreza y ponerla al servicio electoral del partido en el poder.
Para evitar y minorar este problema, por el contrario, es necesario liberalizar tanto el mercado de trabajo para reducir el paro como el sector eléctrico para rebajar el precio de la luz, eliminando los numerosos y elevados costes políticos que incluye la factura.