Los partidos de la derecha acaban de mostrarse refractarios a la iniciativa parlamentaria de aumentar el salario mínimo español de modo progresivo, empezando por fijar su cuantía en 800 euros. Las políticas de salario mínimo, una vieja querencia socialdemócrata orillada casi en todas partes desde los inicios de la década de los ochenta tras la irrupción hegemónica de las doctrinas de la Escuela de Chicago, están volviendo ahora mismo con fuerza en muchos países de Europa, aunque esta vez de la mano también de fuerzas conservadoras. Empezando por el Reino Unido y Francia, donde tanto Sarkozy como Cameron se empeñaron en su día en elevarlo sensiblemente motu proprio, el salario mínimo ha dejado de encarnar una bandera de la izquierda para reconvertirse en un instrumento de la derecha inteligente orientado a frenar los flujos migratorios de mano de obra poco o nada cualificada y, al tiempo, apuntalar la viabilidad financiera del contrato social que por convención llamamos Estado del Bienestar.
Así, Francia ha fijado por ley un sueldo mínimo superior en más de un 60% al hoy vigente en España. Ponderando en el cálculo la disparidad de precios entre ambos países, el SMI de Francia alcanza unos 17.437 euros al año, frente a los escasos 11.121 euros del nuestro. También expresados en magnitudes ponderadas por los respectivos precios nacionales, el de Alemania es de 18.276 euros al año, el de Holanda de 18.731 y el de Bélgica, igualmente muy superior al nuestro, ronda los 17.800. No obstante, conviene enfatizar que, en todos los casos, el objetivo político de elevar de modo tan sustancial el salario mínimo respondía mucho más a una estrategia deliberada para frenar los flujos migratorios que a cualquier otro fin de carácter social o de justicia distributiva. No por casualidad, Francia, pese a ser un país mucho más rico que España y disponer de un Estado del Bienestar en extremo más desarrollado y generoso que el nuestro, no recibió en su territorio, ni de lejos, una cifra equiparable a la de los varios millones de inmigrantes que prefirieron recalar en la Península Ibérica.
Y lo que los frenó no fue ni la Gendarmería ni ningún muro de hormigón al otro lado de los Pirineos, sino el salario mínimo francés. Y es que un salario mínimo elevado opera de facto como una barrera de entrada a la inmigración no cualificada, en la medida en que desincentiva la creación de puestos de trabajo de escasa calidad y menor retribución por parte de los empresarios, esos mismos que en todas partes acaban siendo ocupados por los inmigrantes. Pero es que, además, actúa como un estímulo para que los trabajadores autóctonos menos formados se esfuercen por mejorar su empleabilidad. Es así como el salario mínimo, lejos de crear paro, funciona como un muy efectivo mecanismo de freno a la inmigración y, de modo indirecto, de generación de empleo de mayor nivel. En cuanto a los países de la Europa próspera que carecen de salario mínimo alguno, Suiza y Austria son los casos más conocidos, su común opción de reforzar por ley el poder negociador de los sindicatos en los sectores de baja calificación produce idéntico efecto práctico que un salario mínimo elevado. Pero, aquí, todos con el paso cambiado. Como siempre.