Tras años de discusiones, la Comisión Europea parece dedicada a avanzar hacia la armonización fiscal. Con su última propuesta, el ejecutivo comunitario plantea que el Impuesto de Sociedades sea coordinado a nivel europeo, mediante la instauración de nuevos mecanismos de cálculo que cambiarían de raíz la forma en que las grandes empresas pagan impuestos en el Viejo Continente.
La propuesta sería aplicable a partir de los 750 millones de facturación. Con el nuevo sistema, la base imponible a partir de la que se determina el impuesto pasaría a ser calculada mediante una fórmula común que también serviría para distribuir los pagos entre los distintos países miembros en los que opere la compañía en cuestión.
El primer problema con este planteamiento es la fórmula en sí. En la actualidad, las empresas declaran los beneficios obtenidos en cada país y pagan el tributo correspondiente. Bajo el modelo que favorece la Comisión, se introducirían otros factores como el coste salarial asumido en cada país o los activos físicos que posee la empresa en cada jurisdicción. No solamente se trata de un cambio complejo, sino que también hablamos de una fórmula arbitraria, que considera factores que nada tienen que ver con los parámetros que suelen aplicarse a la hora de diseñar la fiscalidad empresarial.
También preocupa que el nuevo modelo suponga solamente una armonización "de mínimos" pero no "de máximos". Bajo la propuesta de la Comisión Europea, los países seguirían teniendo la oportunidad de subir impuestos por encima del nivel base acordado con Bruselas. Por tanto, más que armonizar para bien y para mal, se armonizaría con el objetivo de asegurar un determinado suelo, pero dejando la puerta abierta a aumentos adicionales de la presión fiscal que soportan las empresas.
Otro factor preocupante es el de la arbitrariedad que supone llevar este asunto a la esfera europea. Con el sistema actual, las empresas deben obedecer las reglas fiscales que imponen los gobiernos y pueden acudir a los tribunales en caso de disputa. Elevando este proceso a Bruselas, el proceso de fijación de las tasas impositivas pierde legitimidad política, ya que pasa a negociarse de manera más tecnocrática. Además, en caso de discrepancias, se perdería la oportunidad de pleitear ante la Justicia nacional y sería obligatorio dirimir diferencias con las Cortes europeas. En resumen, un claro deterioro de la seguridad jurídica en el plano tributario, como ya hemos visto con la polémica que mantiene el Ejecutivo comunitario con Apple y el gobierno de Irlanda.
Y, por último, no está de más poner encima de la mesa que precisamente ahora que Bruselas quiere reforzar el control sobre las grandes empresas, algunos de nuestros principales competidores optan por atraer inversiones bajando el Impuesto de Sociedades. Por un lado está el Reino Unido, que lleva años recortando este gravamen y que ahora estudia aplicar nuevas rebajas para adaptarse al Brexit. Por otro lado está EEUU, donde el nuevo gobierno de Donald Trump quiere llevar el Impuesto de Sociedades del 35% al 15%.