Los escasos cambios que ha aplicado Mariano Rajoy al área económica del Gobierno hacen temer una perjudicial senda continuista en materia presupuestaria y un más que preocupante tacticismo político para abordar el problema de la financiación autonómica, que, de una u otra forma, se traducirán en una nueva y sustancial subida de impuestos para el conjunto de los españoles.
El pulso que han venido manteniendo a lo largo de la última legislatura el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha saldado en favor del primero, puesto que incorpora la cartera de Industria, mientras que el segundo quedará parcialmente supeditado a las directrices que marque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero sin alcanzar, ni de lejos, las pretensiones de De Guindos. No habrá Vicepresidencia económica ni, por tanto, un único mando a la hora de determinar el rumbo de las reformas económicas y la política presupuestaria. Rajoy, en su habitual comportamiento de hacer los mínimos cambios posibles, mantiene esa especie de bicefalia económica a la que, ahora, se sumará además Álvaro Nadal en el Ministerio de Energía.
Más allá de las evidentes interpretaciones políticas que tienen este tipo de enjuagues, la cuestión es que, a la vista del panorama, poco o nada cambiará en materia fiscal. De hecho, es muy posible que incluso empeore. Si ostentando una histórica mayoría absoluta, Montoro, previa autorización de Rajoy, apostó por disparar todas y cada una de las figuras tributarias hasta niveles nunca vistos en democracia, es de esperar que la asfixia fiscal se mantenga en la presente legislatura con el fin de mantener en pie el sobredimensionado e ineficiente sector público. En este sentido, cabe recordar que el pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos contempla inicialmente un aumento de gasto próximo a los 28.500 millones de euros a lo largo del presente mandato, a un ritmo medio de unos 8.000 millones al año. Y ello, en base a una previsión de ingresos bastante dudosa.
Por el momento, PP, C’s y el PSOE han coincidido en la necesidad de cambiar el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para que las empresas adelanten dinero al Estado y así poder cumplir el objetivo de déficit este año. Pero, por desgracia, se trata tan sólo del principio. Puesto que todos los partidos coinciden en que el problema del déficit es de falta de ingresos y no de exceso de gastos, al tiempo que defienden la necesidad de incrementar el presupuesto, en mayor o menor medida, los españoles, tanto familias como empresas, seremos víctimas de una nueva oleada de subidas fiscales. Y lo peor es que este previsible aumento de impuestos no solo dañará el consumo, el ahorro y la inversión, sino que supondrá un nuevo obstáculo a la senda de crecimiento y creación de empleo que ha iniciado España.
Por otro lado, el hecho de que Sáenz de Santamaría sea la encargada de tratar y negociar con las Administraciones territoriales, siendo así la principal responsable de lidiar con el órdago separatista de Cataluña, tampoco hace presagiar nada bueno. Una de las grandes reformas pendientes es el de la financiación autonómica, pero al quedar ésta supeditada a la negociación política que emprenderá Santamaría, lejos de buscar la eficiencia y la racionalidad, todo apunta a que los defectos estructurales del sistema autonómico se enquistarán, mientras que la Generalidad sigue recibiendo una masiva inyección de dinero por parte del resto de españoles para tratar de ganar tiempo y, de este modo, no afrontar el problema de fondo. Es decir, la financiación autonómica seguirá siendo un mercado persa destinado a la compra de voluntades políticas. En definitiva, nada nuevo bajo el sol.