El Ministerio de Hacienda da un paso más e inicia el procedimiento sancionador que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria contra el Ayuntamiento de Madrid. Según ha podido saber Libre Mercado, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha remitido dos cartas en donde exige la aplicación de nuevas medidas y ajustes para poder otorgar su visto bueno al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento (PEF).
La disputa surgió a finales del pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio advirtió a Manuela Carmenay su equipo que su plan presupuestario disparaba el gasto por encima de los límites que marca la ley y, por tanto, no podía ser aprobado. En concreto, el Ayuntamiento prevé un incremento de su techo de gasto de 2014 a 2017 cercano a los 700 millones de euros.
Este aumento implicaría incumplir la regla de gasto que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dicha regla impide a las administraciones locales que aumenten su gasto de un año para otro por encima de una tasa, que para este ejercicio está fijada en el 1,8%. Ahora Madrid pretende elevar el gasto muy por encima de ese nivel.
Hacienda requirió entonces a Carmena una rectificación, pero la respuesta ha sido insuficiente. El Ayuntamiento no ha concretado ninguna medida y, como consecuencia, el Gobierno ha puesto en marcha el proceso sancionador correspondiente, ya que el PEF sigue incumpliendo la regla de gasto.
Así pues, Hacienda activa las medidas coercitivas que establece el artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad, algo inédito hasta le fecha, al menos en un Ayuntamiento de cierto relieve. El Ayuntamiento deberá:
- Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, de la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento de la regla fiscal incumplida. Ese acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto con identificación del crédito presupuestario afectado.
- De no adoptarse la indisponibilidad de créditos o en caso de resultar insuficiente, el Gobierno podría acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria del Ayuntamiento. Esa comisión presentaría una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serían de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento.
- La constitución, si la solicitase el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 2,8% de los ingresos no financieros del Ayuntamiento. El depósito se cancelaría en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de la regla fiscal incumplida.
- Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera aquel incumplimiento se podrá acordar que el depósito se convierta en multa coercitiva.
Advertencia a los funcionarios
Asimismo, Hacienda lanza una clara advertencia tanto a los cargos púlicos como a los funcionarios del Ayuntamiento, responsables, en última instancia, de ejecutar los Presupuestos.
En concreto, recuerda que en base al artículo 28 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, relativo a las "infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria", constituye una infracción "muy grave" la no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, así como la no presentación o la no aplicación en plazo del Plan Económico Financiero.
La regla de gasto
La Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge, entre otras medidas, la llamada "Regla de Gasto", que impide que el gasto público aumente por encima de la tasa de crecimiento medio anual (1,8% para 2016), y cuyo cumplimiento ha sido el instrumento clave para reequilibrar las cuentas de los ayuntamientos en los últimos años y reducir su deuda.
Todo apunta a que el Ayuntamiento de Madrid incumplirá la regla de gasto en cerca de 430 millones de euros en 2016, razón por la cual se ha visto obligado a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) ante Hacienda para detallar cómo pretende corregir dicho desvío. El PEF presentado, sin embargo, no cumple las exigencias que establece la Ley y, por tanto, no cuenta con el visto bueno de Hacienda, motivo por el cual ha iniciado el procedimiento sancionador correspondiente.
Pese a ello, el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha presentado este jueves su proyecto de Presupuestos para 2017, con un gasto previsto de 4.702 millones de euros en total, un 10% más que en 2016 (4.492 millones). Al aumentar el gasto por encima de lo permitido, el ritmo de amortización de deuda se reduciría de forma sustancial.
En concreto, el plan de Ahora Madrid pretende dejar de amortizar casi 3.000 millones de euros hasta 2019, tal y como avanzó este periódico. El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ya ha advertido de que el Ayuntamiento aprobará los Presupuestos aunque el PEF sea rechazado por Hacienda porque "no dependen de los ingresos de nadie". La guerra está servida.
