La legislatura 2011-15 se caracterizó por dos etapas muy diferenciadas. En los primeros seis meses, presionado por la prima de riesgo y las exigencias de Bruselas, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que aprobar una serie de importantes medidas, en muchos casos impopulares y en abierta contradicción con su programa electoral: reforma laboral, saneamiento del sector financiero, Ley de Estabilidad Presupuestaria, subidas de todos los grandes impuestos, recortes de gasto…
Más allá de lo que cada uno opine sobre ellas, lo cierto es que fue medio año intenso, lleno de anuncios y novedades. No quedaba otro remedio, porque España caminaba por el borde del precipicio de la quiebra y el rescate completo. Eso sí, en julio de aquel 2012 llegó SúperMarioDraghi, con su anuncio de que el Banco Central Europeo haría "lo que fuese necesario" para defender al euro, unas palabras que favorecieron especialmente a España e Italia.
Y a partir de ahí, se acabó el impulso reformista. Teníamos el dinero del rescate de Bruselas a la banca y el apoyo del BCE para la deuda soberana. Parecía que ya no era necesario meterse en más líos. El mensaje que ha transmitido el Gobierno desde entonces más o menos se podría resumir en que lo importante ya se había hecho y a partir de entonces sólo había que esperar a que aquellas reformas dieran su fruto. Visto así, lo cierto es que ésta es una postura que parece encajar mucho mejor con la personalidad de Rajoy que la de aquellos enloquecidos primeros meses en Moncloa.
Para los próximos cuatro años, la sensación es que al político gallego le gustaría mantener el rumbo de los últimos tres. Pequeños retoques, no muchos cambios y dejar que el crecimiento económico haga su trabajo: cuadrando las cuentas públicas con los ingresos extra procedentes de la mayor actividad y creando medio millón de empleos al año sin plantearse nuevos cambios en el mercado laboral, incluso aunque muchos de los desequilibrios del mismo siguen presentes. El problema es que no va a poder quedarse quieto. Y no sólo por lo que pactara en su momento con Ciudadanos, que también. Muchas de las famosas 150 medidas acordadas con el partido naranja tocan temas económicos clave. Pero más allá de eso, es la realidad la que se va a imponer.
Rajoy se enfrenta al menos a cuatro grandes retos en este comienzo de legislatura. Son esa clase de problemas que el manual político aconseja enfrentar en los primeros meses en el Gobierno, cuando todavía queda mucho para las siguientes elecciones. En cierto sentido, hablamos de asignaturas pendientes de la última legislatura, temas en los que simplemente no se hizo nada más allá de dejar pasar el tiempo. Son problemas que ya estaban ahí en 2012-2013 y a los que se dio una patada p’alante. Ahora ya ha llegado su momento y en 2017 habrá que tomar una decisión, en una u otra dirección. Eso sí, con apenas 137 escaños, el apoyo poco entusiasta de Ciudadanos y PSOE y Podemos peleando por demostrar quién es más oposición de los dos, no lo tendrá nada sencillo.
Cuatro desafíos (y oportunidades)
Quizás Rajoy no sea el político más amigo de este tipo de grandes decisiones. Pero podría animarse pensando que los cuatro grandes temas que tiene sobre la mesa son tanto un desafío como una oportunidad:
- Los recortes de Bruselas. España lleva ya una década saltándose los objetivos de déficit. Desde 2008 estamos por encima del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y en el último lustro el incumplimiento ha ido un paso más allá, porque desde 2010 los países de la Eurozona están monitorizados por Bruselas. La frontera ya no es el 3%, sino la cifra pactada con la UE cada año. Pues bien, a pesar de las reiteradas oportunidades e incrementos del límite que nos han dado, como a los malos alumnos a los que el profesor repite el examen, también en esto hemos incumplido en todos los ejercicios desde 2010.
Este año nos hemos salvado de la multa por los pelos, pero da la sensación de que era nuestra última oportunidad. Con Bruselas nunca se sabe. Al fin y al cabo, los que allí toman las decisiones también son políticos y ni Pierre Moscovici ni Angela Merkel se juegan su dinero, sino el de sus contribuyentes. Podrían seguir con la táctica del palo y la zanahoria hacia España eternamente. Dicho esto, el castigo parece cada vez más cerca… salvo que cumplamos. Pero eso no será sencillo.
Esta misma semana, El País desvelaba que la Comisión Europea ha mandado una carta al Gobierno en la que exige 5.500 millones de euros de ajuste para 2017 y otros 5.500 para 2018. Y no hablamos del incremento de la recaudación normal por efecto del ciclo, sino de ajustes estructurales. Hay que recordar que España comenzaba el año con un objetivo de déficit público del 2,8% del PIB y que la última cifra pactada con Bruselas es el 4,6%... y no está nada claro que se vaya a conseguir. Para el año que viene, el objetivo es del 3,1%, pero en el Plan Presupuestario que el Gobierno mandó a Bruselas hace menos de quince días, ya se admitía que Moncloa maneja una cifra del 3,6% (5.000 millones más). En la Comisión están un poco hartos y endurecen su discurso por momentos. Quiera o no, parece que por fin el Gobierno tendrá que hacer algo con el gasto público.
- Impuestos: la reforma que no fue. La reforma aprobada en 2014 no está funcionando. La recaudación ha caído por encima de las previsiones de Hacienda y el sistema tributario español sigue teniendo los mismos problemas que hace cinco años: tipos más elevados pero menos recaudación que en otros países, muchos agujeros fiscales, penaliza la estructura productiva y la creación de riqueza, para el contribuyente medio es complicado y costoso cumplir con Hacienda, peso desproporcionado de los impuestos directos respecto a los indirectos...
Hay que recordar que el propio Cristóbal Montoro convocó a un grupo de expertos para que diseñaran una reforma tributaria que mejorase el modelo sin bajar la recaudación. El comité presidido por Manuel Lagares hizo entrega de un voluminoso informe en el que se dibujaba un nuevo sistema impositivo, más sencillo, con tipos más bajos y menos excepciones. El problema es que luego el Gobierno no hizo ni caso de aquel documento. Lo que se aprobó en 2014, más que una reforma fiscal en profundidad, parecía un parche para poder presentarse a las elecciones diciendo que los impuestos no eran más altos que en 2011 (algo que sólo se cumplió en el IRPF, pero no en el conjunto de los tributos, que son más elevados ahora que cuando Rajoy llegó a La Moncloa).
Ahora, Bruselas aprieta y también Ciudadanos pide cambios en lo que tiene que ver con los impuestos. Algo habrá que hacer. Otra cuestión espinosa que no será nada sencilla pactar en el Congreso. Por cierto, todo apunta a que el balance final será negativo para el contribuyente. Sea como sea la reforma, se intuye que no será a la baja.
- Mercado laboral: mochilas, contratos y sentencias. Desde que se aprobó, la Reforma Laboral de 2012 ha sido la medida del Gobierno que ha contado con más elogios, especialmente en los organismos internacionales encargados de fiscalizarnos. Y el medio millón de puestos de trabajo al año creados desde 2014 certifican su éxito.
Sin embargo, también desde el comienzo quedó claro que, en el tema de la dualidad del mercado laboral español, no surtía apenas efectos. Por eso, desde hace tiempo se habla de una posible segunda vuelta de la reforma que se concentre en esta cuestión. El Gobierno se ha resistido a aceptarlo, pero parece que también a esto le ha llegado su momento. Para Ciudadanos es un tema clave (contrato único y mochila austriaca son desde el comienzo sus promesas estrellas en materia laboral) y la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las indemnizaciones de interinos, temporales y fijos no hace más que empujar en la misma dirección. ¿Habrá contrato único puro? No parece, pero el resultado se parecerá mucho, con una simplificación de modalidades y quizás una indemnización única creciente como la que planteaba C’s en sus pactos con PP y PSOE. ¿Y mochila austriaca? No completa, pero sí de unos ocho días por año trabajado.
- Pensiones. La hucha está rota. Las noticias de la semana pasada sobre el estado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la famosa "hucha de las pensiones") pusieron en primer plano de la actualidad una realidad a la que los políticos españoles (no sólo este Gobierno, eso es cierto) llevan dando la espalda muchos años. El sistema público no es sostenible con sus bases actuales. O lo es, pero sólo si aplicamos unos recortes a las pensiones futuras que alejarán mucho lo que los pensionistas del futuro creen que van a cobrar (el 80% de tasa de sustitución respecto a su último salario, como sus padres) y lo que en realidad les quedará (no más del 50-55% a partir de 2035).
Éste es un tema muy delicado. Como explicábamos este lunes, la oposición siempre tendrá la tentación de jugar al electoralismo. Las dos últimas reformas se aprobaron con el voto en contra el principal partido de la oposición. Ni el PP ni el PSOE apoyaron al contrario cuando tuvo que afrontar una reforma de las pensiones que uno y otro sabían que era necesaria. Al mismo tiempo, los dos partidos saben que algo hay que hacer y que las reformas de 2011 y 2013 no son suficientes. El Pacto de Toledo ya está trabajando, lo que no es garantía de nada para el cotizante y futuro pensionista: de hecho, en muchas ocasiones, en España estos acuerdos políticos sólo han servido para ocultar una realidad dolorosa, pero inevitable.
¿Qué pasará? Pues ya apuntábamos que todas las soluciones son malas, pero en 2017 habrá que hacer algo sí o sí. Si se sacan partidas del Presupuesto de la Seguridad Social para pagarlas vía impuestos, cumplir con el objetivo de déficit se antoja imposible. Pero es que si la Seguridad Social no tiene un apoyo del Presupuesto del Estado, entrará en quiebra en 2018 a más tardar. Y acelerar o intensificar las reformas de 2011 y 2013 tendrá muy mala prensa, se haga como se haga. Los expertos piden que, ante todo, se informe a los futuros pensionistas, para que puedan tomar medidas con tiempo. Y eso precisamente lo que a cualquier Gobierno, y más a uno en minoría, más le costará hacer.
¿Estabilidad?
Es cierto que España es uno de los países desarrollados que más crece y que mejores perspectivas tiene para los próximos años. Evidentemente, estas buenas cifras ayudarán al Gobierno en los cuatro desafíos planteados. Pero no lo es menos que para todos ellos necesitará de apoyos en las Cortes y que será muy complicado que los consiga. A primera vista, puede verse que son temas complicados de vender a la opinión pública y en los que la oposición intentará hacer daño.
El Círculo de Empresarios pedía "estabilidad" y "consensos" este martes para que el Gobierno pudiera afrontar estas reformas con cierta tranquilidad y para reducir la incertidumbre de los agentes económicos. Para empezar, Mariano Rajoy es ambicioso y asegura que su intención es agotar los cuatro años de legislatura.
Y no es sólo la economía lo que marcará su agenda. De hecho, también en cuestiones políticas, tiene varios retos por delante nada fáciles de resolver. En el pacto que PP y Ciudadanos firmaron este verano para conseguir el voto favorable de estos últimos, se incluían medidas contra la corrupción, la despolitización de la Justicia y reformas en la ley electoral y la organización administrativa española. Cumplir con todas ellas levantará ampollas en el PP, el partido con más implantación territorial en España y que ha sido más reacio en los últimos años a este tipo de cambios.
Y eso por no hablar de otras cuestiones como la reforma educativa: C’s exige congelar la Ley Wert y un Pacto de Estado por la Educación que tendrá que contar, sí o sí, con el apoyo del PSOE. Por cierto, aunque estas últimas son propuestas consideradas "políticas", tendrán un fuerte impacto en el Presupuesto y también serán clave para el futuro de la economía española. Por ejemplo, Ciudadanos quiere que el adelgazamiento de las diputaciones suponga un ahorro de varios miles de millones al año que sirvan para ajustar las cuentas públicas. Y hay pocas políticas económicas más importantes a medio plazo que la educativa.