Ya lo avanzamos: el Gobierno de Manuela Carmena preparaba un carnet de ciudadanía madrileña. Y este miércoles el PSOE lo puso encima de la mesa. El partido liderado por Purificación Causapié llevó al Pleno municipal lo que han denominado tarjeta de vecindad. No obstante, esta medida fue aprobada hoy, viernes, después de que la sesión quedara suspendida por una "indisposición" de la alcaldesa.
El documento –explican los socialistas- ofrecerá la posibilidad de "identificación a la población inmigrante en situación irregular, permitiéndole de esta forma certificar su arraigo, paso previo para conseguir la regularización". La tarjeta también facilitará el acceso a los servicios municipales y "permitirá a medio plazo" el desarrollo de programas de inserción social y laboral personalizados.
Según Causapié, supondrá una herramienta de utilidad para "incrementar los lazos entre la población inmigrante y la de acogida, facilitando su integración y autoestima y permitiendo, en una segunda fase, la creación de políticas sociales personalizadas en función de las necesidades de cada persona, ya sean ayudas a la escolarización de sus hijos, perfeccionamiento o conocimiento del idioma, ayudas a su empleabilidad y, en conversación con el consorcio de transportes, la concesión del abono de transportes".
Esta tarjeta de vecindad llevará aparejado también el acceso a otros servicios municipales, como los centros deportivos o culturales y "debería facilitar" la integración de estas personas "en la actividad económica no marginal". No está dirigida únicamente a los manteros también a personas "que estén en redes de explotación laboral e incluso sexual".La intención de los socialistas es que en un futuro pueda extenderse a toda la población de la ciudad, "sea cual sea su situación administrativa".
"Falsa caridad" y "falsas expectativas"
El PP y Ciudadanos están en contra: los ayuntamientos no tienen competencias en esta materia. "No hagan trampas ni creen falsas expectativas", espetó a los socialistas y al Ejecutivo de Ahora Madrid la edil de la formación centrista, Ana Domínguez. Lo que traen aquí es una "falsa caridad, por no hablar del efecto llamada" que puede producir. "Quien no tiene permiso de trabajo no puede acceder a un taller de la Agencia para el Empleo o a un certificado de profesionalidad, impartido por el Ayuntamiento y expedido por la Comunidad de Madrid, porque no podrá inscribirse como demandante de empleo".
En la misma línea se expresó el concejal del PP, Percival Manglano, quien añadió que esto que presentan también es un "locura" porque "¿cómo van a identificar a alguien que no tiene identificación?". "Aparece un señor en una oficina municipal y dice: 'vengo a identificarme, a que me den esta tarjeta'; y ustedes le preguntan: '¿y usted cómo se llama?' Y se inventa el nombre y la edad y la nacionalidad porque no hay forma de demostrar cuál es su identidad. Por lo tanto, esto que nos presentan es absolutamente absurdo".
"Va a salir a cuenta estar irregular"
"A esto se añade además que quieran privilegiarles. Dice la moción: 'esta tarjeta de vecindad otorgará un acceso preferente, descuentos o mejoras en las condiciones de acceso a otros servicios públicos o privados'. Es decir, que van a tener mejor acceso la gente que está irregular. Esto es un efecto llamada a la ilegalidad brutal. Va salir más a cuenta estar irregular y tener acceso a esta tarjeta que estar legal".
Además, Manglano añadió que con esta propuesta se "da a entender que cualquier inmigrante irregular no puede empadronarse en Madrid, lo cual es absolutamente falso: los inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, se pueden empadronar en Madrid. Lo hacen con su pasaporte, si no tienen otra pieza identificativa, y eso le da acceso a todos los servicios municipales". Así las cosas, según Manglano, "esto no lo presentan pensando en las personas irregulares sino en aquellas que no tengan documentación".
Esta medida fue finalmente aprobada este viernes. Y fue acompañada también de una moción de urgencia pactada entre el PSOE y Ahora Madrid y que plantea en última instancia el cierre del CIE, una investigación profunda sobre lo ocurrido en el de Aluche la semana pasada e insta a "respetar los derechos de los internos y facilitarles una adecuada asistencia médica, social y legal".