Libertad Digital ha publicado un magnífico análisis sobre la situación del sistema público de pensiones en España donde muestra la cruda realidad: la Seguridad Social no logra salir de su situación de déficit, sino que incrementa sus números negativos y, por tanto, cada ejercicio tiene que echar mano del Fondo de Reserva para cubrir esa diferencia, fondo que quedará a cero en 2017, según las previsiones del Gobierno acerca de las necesidades de la Seguridad Social.
Como destaca el informe, el sistema público de pensiones actual, basado en el sistema de reparto, es insostenible. Por una parte, cada vez la esperanza de vida es mayor -gracias a Dios- y el número de pensionistas que se incorporan cada año al sistema crece de manera importante. Adicionalmente, el número de activos que financian las pensiones de nuestros mayores no deja de descender, fundamentalmente por dos motivos: el descenso de la natalidad que se produjo ya hace años, con lo que dichas cohortes son menores y, por tanto, menos personas pueden incorporarse a la población activa, y, por otro, el descenso de cotizantes que se produjo durante la crisis, que pese a haberse recuperado en parte, dista mucho de los niveles que logró tener.
Paralelamente, la generación del llamado baby-boom todavía, en su mayor parte, no se ha jubilado, pero cuando los nacidos en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX se retiren, el incremento de pensionistas será todavía muy superior al ya potente de ahora, mientras que no hay visos de mejora en el número de cotizantes con la suficiente intensidad como para lograr esa cobertura.
Todo ello hace matemáticamente imposible sostener el actual sistema público de pensiones. Eso ya lo dijeron hace muchos años distintos profesionales de este tema, pero no se les quiso oír. De entre ellos, destacó especialmente el recordado profesor Barea -quien, en otro orden de cosas, gracias a su profesionalidad conseguimos eliminar gastos superfluos y poder cumplir con los requisitos para entrar en la Unión Económica y Monetaria cuando parecía imposible-.
El profesor Barea insistió en la necesidad de reformar el sistema de pensiones porque, simple y llanamente, no cuadraban sus cuentas en el medio y largo plazo. Ya entonces se dijo que hacia el año 2010-2015 podría producirse un colapso del sistema, y camino va de producirse. De hecho, últimamente, el abono de las pagas extraordinarias de los pensionistas se ha podido realizar gracias al Fondo de Reserva que se creó en la etapa de José María Aznar, elemento que ha retrasado dicho colapso.
Sin embargo, nadie terminó de coger el toro por los cuernos y pocas cosas se hicieron, salvo constituir el Pacto de Toledo, alargar paulatinamente el cómputo de años para calcular la pensión a recibir -recordemos que, hasta entonces, se computaba sobre los dos últimos años- y, recientemente, modificar las edades de jubilación para poder presentar los planes presupuestarios en Bruselas y poder negociar los objetivos de estabilidad.
Consecuencia de todo ello es un sistema de reparto insostenible, que prevé en 2017 emplear los últimos recursos del Fondo de Reserva. ¿Qué sucederá después? Que el sistema seguirá sin generar suficientes recursos para sostenerse por sí mismo, de manera que esa diferencia tendrá que cubrirse con los Presupuestos, elemento que vicia la diferenciación entre pensiones contributivas y no contributivas, y con mayor endeudamiento, por tanto. O bien, deberá reformarse.
Una reforma en profundidad
Y esto último -la reforma- es la única salida posible en el medio y largo plazo si queremos conservar un sistema de pensiones obligatorio, pues el actual sistema de reparto colapsará. Por ello, la única manera de poder garantizar su supervivencia es ir hacia un sistema de capitalización, como el que aplicó Chile. Un sistema en el que cada trabajador habrá de aportar, de manera obligatoria, un porcentaje de su retribución que se capitalice en una cuenta personal de cada uno de ellos.
Margen hay de sobra para que el trabajador pueda hacerlo teniendo en cuenta las aportaciones que hoy en día se realizan a la Seguridad Social por parte del trabajador: en torno al 6% directamente el trabajador y alrededor del 32% de la base de cotización de la empresa por cuenta del trabajador. De esa manera, el propio sistema de capitalización podrá generar recursos suficientes para trazar una pensión de jubilación previsible, que espante el problema actual.
Recientemente, José Piñera estuvo en Madrid, donde recogió el premio de Civismo, y volvió a recordar la necesidad que tiene España de aplicar un sistema de capitalización como él puso en marcha en el mencionado país hispanoamericano. Obviamente, este cambio de sistema público, de uno de reparto a otro de capitalización, debe hacerse con una transición aplicable a aquellas personas que por su edad no tengan manera ya de cambiarse al nuevo sistema, para garantizar sus derechos, pero debe hacerse sin dilación, para también garantizar el derecho de quienes se jubilarán más adelante.
No se puede seguir negando la evidencia durante más tiempo, o las pensiones que recibirán quienes se vayan jubilando en el futuro serán inexistentes o se verán muy mermadas en su cuantía. Todavía se está a tiempo de poder solucionar este gran problema que se cierne sobre la economía española, pero no puede abordarse desde pequeñas modificaciones o paños calientes, sino desde el convencimiento de que es lo que España necesita.
Y en ello, el Gobierno, que es quien debe impulsar dicha reforma, debe contar con el apoyo de todas las fuerzas responsables, especialmente del otro gran partido que ha gobernado en España, pues esto sí que es una auténtica cuestión de Estado y de urgencia y no puede caer en el debate político populista por el que siempre hay tentación de que se deslicen los partidos políticos.