En medio del debate sobre la necesidad de reforzar las cuentas de la Seguridad Social para hacer frente al agotamiento de la hucha de las pensiones en 2017, la última proyección demográfica que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de manifiesto la dramática situación que experimentará el actual sistema de reparto a medio y largo plazo.
En este sentido, cabe recordar que los ingresos y gastos del modelo vigente dependen de dos variables básicas: el número de pensionistas y el número de ocupados. En los últimos años, y hasta el estallido de la crisis, la prestación de cada jubilado era sufragada mediante las cotizaciones que abonaban 2,5 trabajadores o más, pero esta ratio ha ido cayendo desde entonces hasta el entorno de dos ocupados por pensionista como consecuencia de la elevada tasa de paro.
El problema de fondo, sin embargo, es que, aunque el empleo logre recuperarse, el volumen de jubilados seguirá aumentando en las próximas décadas, mientras que la población en edad de trabajar (entre 16 y 65 años en la actualidad) no dejará de reducirse. La pérdida de población activa, unida al progresivo envejecimiento demográfico, es, en última instancia, lo que explica la insostenibilidad financiera del sistema. De ahí que la única forma de paliar esta deriva consista en disparar los impuestos y/o recortar las pensiones para mantener en pie el actual modelo público.
La proyección demográfica del INE publicada este jueves pinta un panorama muy negro a los futuros pensionistas. Así, la población del país aumentaría levemente en 2016 para luego iniciar un descenso ininterrumpido a partir de 2017. En concreto, en los 15 próximos años, España perdería 552.245 habitantes (un 1,2%), lo que situaría su población en 45,9 millones de personas en 2031, y dentro de 50 años el descenso sería de más de 5,3 millones de habitantes (un 11,6%), de modo que la población total se reduciría a 41,1 millones en 2066. Y ello, contando los posibles flujos migratorios que puedan producirse.
Esta pérdida de población se concentraría, además, en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se reduciría en 4,2 millones de personas en los 15 próximos años (un 28,5% menos) y en 6 millones hasta 2066 (un 40,1% menos).
El descenso de la natalidad, por su parte, provocaría que en 2031 habría 1,2 millones de niños menores de diez años menos que en la actualidad (-25,9%) y 1,7 millones menos en 50 años (un descenso del 35,3%).
Por el contrario, la población se incrementaría en la mitad superior de la pirámide de población. De hecho, todos los grupos de edad a partir de los 70 años experimentarían un crecimiento de efectivos. Dentro de 15 años en España residirían 11,7 millones de personas mayores de 64 años, tres millones más que en la actualidad (un 34,8%). Y esta cifra se incrementaría hasta 14,2 millones de personas (un 63,1% más) en 50 años.
De este modo, la pirámide poblacional pasará a tener una forma invertida en los próximos años (más población en la cúspide que en la base). Como consecuencia, el grupo quinquenal más numeroso, que en la actualidad se sitúa entre 40 y 44 años, sería el de 55 a 59 años tanto en 2031 como en 2066. Es decir, la edad media de los españoles aumentará o, lo que es lo mismo, la población envejecerá de forma muy sustancial en las próximas décadas.
Esta particular evolución es la que, en última instancia, explica la insostenibilidad de las pensiones. Tomando como base la proyección del INE, y dando por bueno el hecho de que el 70% de la población en edad de trabajar estará ocupada -cosa que hoy no sucede-, la ratio entre cotizantes y pensionistas se reducirá de los 2 actuales hasta apenas 1.
Y eso en el escenario más optimista, ya que en los años de burbuja económica la tasa de ocupación apenas superaba el 60%. Si se tomara como referencia ese nivel, el resultado sería aún más dramático, ya que dentro de 50 años habría más pensionistas que trabajadores.
España no es el único país desarrollado que se enfrenta a este particular problema, pero sí de los pocos que rechaza transitar desde el sistema de reparto hacia uno de capitalización, puro o mixto, para garantizar que los futuros jubilados mantienen su calidad de vida en la edad de retiro.