El pasado lunes, el debate sobre las cifras de pobreza en España y las posibles soluciones para mejorarlas volvió a reaparecer en la escena política por motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Una vez más, muchos de los datos fueron expuestos de una manera más que cuestionable, tratando de dar una visión distorsionada de la realidad para justificar una mayor intervención estatal en la economía, así como en las vidas de sus ciudadanos.
Omitiendo descaradamente su significado, el dato más usado a lo largo del día fue la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, que muchos trataron de presentar como un reflejo de la más absoluta pobreza cuando es algo bien diferente. Mientras que en España este indicador se situaba en un 28,6% en 2015, en Europa era 5 puntos inferior (23,7%).
Independientemente de su cuantía, lo relevante de este indicador es su composición, que es el resultado de la suma entre las personas que están en riesgo de pobreza (22,1%), carencia material severa (6,4%) y viviendo en hogares con baja intensidad en el empleo (15,4%). La suma de los tres está muy por encima del dato inicial de Riesgo de pobreza o exclusión, ya que se evita contabilizar varias veces a una misma persona. Por ejemplo, si alguien se encuentra en paro, riesgo de pobreza y carencia material severa, únicamente contabilizaría como una persona en riesgo de pobreza o exclusión, y, de igual modo, alguien que solo se encuentre en riesgo de pobreza también contaría como uno.
Conociendo la composición de este dato, es del todo disparatado usarlo para hablar de pobreza laboral, ya que engloba, entre otros, a muchas personas que carecen de empleo. Además, para llevar a cabo el cálculo del riesgo de pobreza se toma como umbral el 60% de la renta mediana de cada país, con lo que es evidente que este indicador dista mucho de reflejar la pobreza material, pues incluso en países donde ésta es residual, como Luxemburgo, donde la carencia material severa se sitúa en un 2% de la población, el riesgo de pobreza se sitúa en un 15% y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión en un 18,5%.
De hecho, el umbral de renta por debajo del cual se considera que alguien está en situación de riesgo de pobreza en España ha variado con el tiempo: en 1995, era de 3.700 euros al año, mientras que en 2009 fueron 8.877 y 8.011 en 2015 (estos datos se calculan a partir de los datos de renta del año anterior a la entrevista).
Así, aunque la población en riesgo de pobreza en España ha aumentado respecto a 1995, de un 19% a un 21,8%, la renta que perciben los españoles no es menor, pues la renta mediana se ha incrementado, con lo que no cabe hablar de un deterioro en la calidad de vida de los españoles si nos atenemos a ese dato.
En esta misma línea, se puede comprobar en Eurostat que el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido que estaban en riesgo de pobreza en España era sustancialmente inferior al mismo dato en Luxemburgo. ¿Significa esto que los trabajadores españoles gozan de mayores remuneraciones y condiciones laborales? No, únicamente significa que el umbral del riesgo de pobreza en Luxemburgo es muy superior al de España, consecuencia inevitable de su mayor renta.
La finalidad de tratar de cambiar el verdadero significado de estos indicadores no es otra que ocultar la verdadera realidad de la pobreza en nuestro país, que se cuantifica a través de la carencia material severa, y que desarma las cifras alarmistas que tan demagógicamente se suelen difundir, ya que este indicador se sitúa en España por debajo de la media de la UE. Además de preocuparnos por la pobreza, también debemos estar alerta para no ser engañados por quienes sacan rédito político de su existencia.
