La mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara han mostrado este martes su rechazo a la congelación de fondos estructurales y de inversión a España y Portugal por haber incumplido el pasado año sus objetivos déficit, al mismo tiempo que han calificado como "absurda" la suspensión de los mismos y han pedido a la Comisión Europea que reconsidere su posición.
"Consideramos esta medida una mediada absurda y también poco inteligente", ha dicho el eurodiputado socialista italiano Andrea Cozzolino. A su vez, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Lambert Van Nistelrooij ha instado al Ejecutivo comunitario a buscar una alternativa distinta, en un debate de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Desarrollo Regional con el Ejecutivo comunitario.
El vicepresidente de la Eurocámara y eurodiputado del Partido Popular Ramón Luis Valcárcel, ha reprochado a los comisarios que reduzcan la situación a una "mera anécdota" al sostener que "no pasa nada" por la suspensión de parte de los fondos, y ha considerado la medida "injusta, inoportuna y desproporcionada". Tampoco el socialista Jonás Fernández ve con buenos ojos los planes de Bruselas, a quien ha pedido que, si no puede evitar la congelación de recursos para España y Portugal, al menos "minimice cualquier bloqueo" de fondos. "Debería ser exclusivamente testimonial", ha pedido.
"No se puede pedir más austeridad a la ciudadanía, ni más recortes en sus derechos y en sus servicios", ha advertido, por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, para quien este castigo es "incoherente", porque genera "inestabilidad", y es "ilegal", porque no respeta la igualdad de trato entre Estados miembros. El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, ha pedido a sus colegas promover una resolución en el próximo pleno para pedir al Consejo que "pare el proceso", ya que son los 28 y no la Comisión quienes tienen el poder de hacerlo. También ha afeado a Bruselas que haya "acompañado deliberadamente" el desvío del déficit en España, al "mirar para otro lado" en año electoral.
Bruselas, obligada a suspender fondos
No obstante, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, ha remarcado que Bruselas tiene la "obligación legal" de actuar y que no se trata de una cuestión de "voluntad política". Asimismo, ha indicado que la suspensión parcial no supone la paralización de ningún programa en marcha.
Por su parte, la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, ha asegurado que Bruselas tendrá en cuenta las circunstancias económicas y sociales de España y Portugal, en particular el alto nivel de desempleo de ambos países, cuando proponga la suspensión de fondos de inversión por haber incumplido los objetivos de déficit el pasado año.
"Esto significa que la Comisión en principio podría hacer una propuesta que esté por debajo del máximo estipulado", ha apuntado la comisaria. Las reglas comunitarias establecen que, después de haber constatado la "falta de acción efectiva" para corregir el déficit, Bruselas proponer la suspensión de hasta el 50% de los fondos europeos comprometidos para el año siguiente.
La comisaria también ha explicado que si finalmente se suspenden parte de los fondos estructurales, esto no afectará hasta 2020, puesto que los compromisos para cada año deben gastarse antes de que pasen tres años, por lo que ha afirmado que la congelación de fondos no supondrá problemas en el corto plazo. Asimismo, tanto Cretu como Katainen han insistido en varias ocasiones en que tanto España como Portugal no han hecho uso de todos los compromisos de pago de los últimos tres años.
Por otro lado, Cretu ha explicado que la congelación se aplicaría de forma proporcional a todos los fondos, programas y prioridades, pero ha recordado que la legislación comunitaria prevé que ciertos programas sean excluidos de la suspensión si son de "crucial y crítica importancia" para abordar "condiciones económicas y sociales adversas".
En cualquier caso, la comisaria de Política Regional ha advertido de que excluir estos programas "críticos" no supondrá una reducción del "tamaño total" de la suspensión, y que la suspensión de los programas no excluidos tendría que eser incrementadas. Además, ha destacado que excluir ciertos programas requeriría tomar "difíciles" decisiones, como elegir entre suspender programas nacionales o regionales.
Levantará la sanción si España cumple
Ni Katainen ni Cretu han detallado a los eurodiputados ni la cantidad de compromisos de pago que Bruselas propondrá congelar ni cuándo presentará su propuesta. Sobre esta cuestión, Katainen ha afirmado que ambos informarán este martes al colegio de comisarios sobre el "diálogo estructurado" con la Eurocámara y sobre los posibles pasos a seguir. Aún así, la comisaria Cretu ha garantizado que el Ejecutivo comunitario levantará "inmediatamente" la congelación de los fondos una vez que el Consejo de la UE estime que ambos países han corregido sus déficit excesivos.
En la misma línea, Katainen ha subrayado que los dos Gobiernos han aceptado y se han comprometido a cumplir con la nueva senda fiscal establecida tras haber incumplido su objetivo en 2015. En el caso de España, el desvío en las cuentas públicas se debe reducir hasta el 4,6% este año, el 3,1% en 2017 y el 2,2% en 2018.
Tras la audiencia se reunirán a puerta cerrada los presidentes, los vicepresidentes y los coordinadores de ambas comisiones parlamentarias, que decidirán cuáles son los pasos a seguir y si convocan de nuevo a la Comisión Europea a una nueva audiencia. La conferencia de presidentes de la Eurocámara adoptará una decisión al respecto este jueves.