Uno de los grandes errores que han cometido los socialistas de todos los partidos es pensar que la imprescindible austeridad presupuestaria no solo es dañina para la economía, sino que, aún más importante, deteriora las perspectivas electorales de su formación, poniendo así en riesgo su acomodada y muy privilegiada situación profesional, lo cual -no nos engañemos- es lo único que realmente les importa. Puesto que los recortes de gasto público son impopulares, los distintos gobiernos que han tenido que gestionar la crisis a lo largo de los últimos años, primero el PSOE y ahora el PP, han hecho lo indecible para evitar dichos ajustes.
Como consecuencia, han apostado por disparar los impuestos, colocando incluso al Estado al borde de la quiebra, antes que acometer la profunda reestructuración que sigue precisando con urgencia el elefantiásico y muy ineficiente sector público español. No en vano, aunque muchos insistan en decir lo contrario, lo cierto es que el gasto público real se sitúa hoy en niveles propios de la época de burbuja, años 2006 y 2007, cuando el país todavía nadaba en la ilusoria abundancia que propició la expansión crediticia.
La ausencia de recortes y de valientes reformas estructurales es lo que explica la lenta y larga agonía económica que ha sufrido España en comparación con otros países que, pese a experimentar burbujas similares, hace ya tiempo que dejaron la crisis atrás, como es el caso de Irlanda y los bálticos, entre otros. Ésta y no otra es la razón por la que España todavía no ha recuperado el PIB per cápita que presentaba en 2007, que el paro siga anclado en la vergonzosa tasa del 20% o que el déficit ronde el 5% del PIB, el segundo más alto de la zona euro tras Grecia, mientras que la deuda supera ya el umbral del 100%, la tasa más elevada del último siglo.
Esa tibieza, cuando no errónea, política económica que han seguido, en mayor o menor grado, Zapatero y Rajoy se tradujo en el hundimiento político del primero y la pérdida de 3 millones de votos por parte del segundo. Y si el PP mejora ahora en las encuestas, no es, precisamente, por mérito de Rajoy, sino por demérito de sus adversarios y, sobre todo, por el pánico que genera en el votante conservador la posible llegada al poder de un movimiento de corte totalitario como el que representa Podemos.
Los críticos con la austeridad se equivocan, pues, de plano a nivel económico, pero lo curioso es que también lo hacen a nivel político. Y la prueba estriba en las elecciones que tuvieron lugar en Galicia y País Vasco el pasado domingo. Los gobiernos de PP y PNV revalidaron sus mayorías y, de hecho, sumaron votos en comparación con las anteriores elecciones regionales de 2012. En concreto, Alberto Núñez Feijóo logró 23.000 votos extra, mientras que Íñigo Urkullu sumó otros 15.000. Y lo curioso es que este éxito ha ido de la mano de la austeridad presupuestaria.
Galicia, País Vasco y Canarias fueron las únicas comunidades autónomas que cumplieron el objetivo de déficit marcado por Hacienda el pasado año (0,7% del PIB regional), pero si se echa la vista atrás se observa que no se trata de un caso aislado. Gallegos y vascos han cumplido con el umbral fijado todos y cada uno de los ejercicios: 1,5% del PIB en 2012, 1,3% en 2013; 1% en 2014 y 0,7% en 2015.
Pero lo más relevante no es el cumplimiento en sí, sino el esfuerzo fiscal realizado para reducir el déficit. Así, mientras que el conjunto de las CCAA tan sólo ha logrado estrechar su agujero en dos ridículas décimas en los últimos cuatro años, desde el 1,9% al 1,7% del PIB (-10%), y el déficit público total apenas bajó 1,8 puntos (-26,5%), del 6,8% en 2012 al 5% en 2015, en Galicia y País Vasco el ajuste fue muy superior, del 57% y 53%, respectivamente.
Y lo mismo sucede con la deuda. El endeudamiento gallego tan sólo ha crecido en 3,2 puntos de su PIB desde 2012 y el vasco en apenas 3 puntos, frente a los 6,2 que han acumulado las CCAA. Si a todo ello se suma, además, que ambas autonomías han recuperado el PIB pe cápita previo a la crisis y su tasa de paro es inferior a la media española (17,7% en Galicia y 12,5% en el País Vasco frente al 20% nacional), es lógico que los votantes hayan revalidado su confianza en sus gobiernos, a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de regiones. Esto demuestra, una vez más, que es el bolsillo y no los recortes lo que, al final, acaba determinando la fidelidad de la mayoría de electores.
El paro, con más del 75% de los encuestados, y los problemas de índole económica (22,8%) son, junto con la corrupción (43,4%), los tres principales problemas que existen en España, según el último barómetro del CIS, a años luz de los famosos recortes (1,9%) u otros maniqueos y engañosos mantras políticos y mediáticos, como es el caso de la Sanidad (12%), la Educación (10,4%), la vivienda (1,4%), el fraude fiscal (0,5%), la reforma laboral (0,1%), la calidad del empleo (5,9%) o los desahucios (0,7%).
Este aspecto, sin embargo, no es tenido en cuenta por los políticos, salvo contadas excepciones. La austeridad no resta votos, al menos a medio y largo plazo. Lo que castigan, y mucho, los electores es el deterioro de su nivel de vida y la pérdida de poder adquisitivo asociados al paro, la recesión o el estancamiento económico. Es evidente que la corrupción también pesa en el descrédito general del que disfruta hoy la política, pero la historia demuestra que no es un factor determinante para los españoles a la hora de votar, siempre y cuando la economía vaya más o menos bien. La austeridad funciona, sin duda, a nivel económico, pero también político.