La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido este viernes que el aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades que quiere aprobar el Gobierno puede prolongarse de cara a los próximos años "a efectos del cierre más ordenado de los ejercicios presupuestarios".
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Santamaría indicó que este pago fraccionado mínimo, con el que se pretende recaudar este año 6.000 millones de euros más, ya existía con anterioridad y se suprimió en 2016, lo que produjo un "salto de recaudación". De hecho, los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades están cayendo a doble dígito desde el comienzo del año.
Respecto al momento en el que el Gobierno tiene previsto aprobar estos cambios, Santamaría afirmó que están trabajando ya en ello y que el Ejecutivo es consciente de que el 15 de octubre es la fecha en la que deben remitir a Bruselas el nuevo plan presupuestario y las medidas para cumplir con el déficit, por lo que aseguró que para ese momento la reforma del Impuesto sobre Sociedades deber estar "si no resuelta, encauzada".
El Gobierno ya adelantó que su intención era que el aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades entrara en vigor este mismo año, en las liquidaciones que se realizan en octubre y diciembre. La medida contempla un incremento de dicho tipo desde el 12% actual hasta entre el 20% y el 25% sobre el resultado contable y se aplicará únicamente para las empresas que facturen más de 20 millones de euros al año, unas 4.400 empresas.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar entre 6.000 y 7.000 millones de euros adicionales al año para poder enjugar las cifras del déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados, que estuvo en vigor entre 2012 y 2015.
Pensiones y sueldos públicos
Pero ésta no es la única medida presupuestaria que baraja el Gobierno en funciones. A pesar de que en las últimas semanas, el PP ha alertado de que la prórroga presupuestaria podría afectar a pensionistas y empleados públicos, el Ejecutivo no descarta aprobar, igualmente, la revalorización de las prestaciones y sueldos que cobran ambos colectivos.
En concreto, se esperará a ver si se forma un nuevo Ejecutivo antes de finales de octubre, fecha de la disolución de las Cortes, para aprobar la revalorización de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos para 2017. Sáenz de Santamaría ha explicado que se trabaja con dos escenarios distintos: que haya Gobierno antes de la disolución de las Cortes o que, como todo parece apuntar, no lo haya.
En el primer caso, ha dicho, puede que no diera tiempo a evitar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para 2017, pero ese nuevo Gobierno tendría plena capacidad presupuestaria y podría aprobar la actualización de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos para el próximo ejercicio.
Por el contrario, si no hay Gobierno y se disuelven las Cortes, la vicepresidenta ha señalado que los Prespuestos se prorrogarían y que habría que buscar soluciones "legislativas y administrativas" para poder aprobar éstas y otras cuestiones, presupuestarias o no, a fin de causar los menores daños posibles a los ciudadanos. Es decir, el Gobierno elevaría igualmente ambas partidas, solo que mediante la aprobación de un real decreto.
Con esos dos escenarios en mente y teniendo en cuenta que parece "obligada" la prórroga de los Presupuestos, el Gobierno en funciones ha encargado un informe al Ministerio de Hacienda y al resto de Ministerios para analizar de manera "exhaustiva y amplia" todas las cuestiones pendientes y estudiar de qué manera los servicios jurídicos pueden avalar su urgencia y perjudicar lo menos posible a los ciudadanos. Dicho informe, ha precisado la vicepresidenta, está "muy avanzado".
Plan de Vivienda
El Gobierno en funciones también está tramitando un decreto ley para prorrogar un año el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. Así lo ha señalado CCOO en una nota, en la que dice compartir la necesidad de esta prórroga para evitar que el próximo 1 de enero desaparezcan las ayudas estatales para vivienda y rehabilitación.
La vicepresidenta advirtió recientemente de que el Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación iba a "perder su vigencia en escasos meses" al enumerar políticas que se verán afectadas por la ausencia de un Gobierno en plenas funciones.