1.597,8 millones de euros. Ésa es la cuota del Impuesto de Patrimonio en España en 2014. No es lo que se recaudó, porque Madrid (el impuesto está cedido a las CCAA y tienen margen para establecer su propia normativa) bonifica este tributo al 100%. Así, la Comunidad no cobró los 660 millones que le correspondían y la recaudación final del Impuesto fue de 937 millones.
Este martes, el Ministerio de Hacienda hacía públicas las estadísticas del Impuesto de Patrimonio para 2014 en España:
- El Patrimonio total de los declarantes (unas 181.000 personas en total) asciende a 555.538 millones de euros (algo más de tres millones de media).
- Quitando los bienes y derechos exentos (vivienda habitual hasta 300.000 euros, compensación de deudas, otros bienes exentos…) queda una base imponible de 338.000 millones.
- Como los primeros 700.000 euros de la base imponible también están exentos, la base liquidable es de 229.000 millones.
- Aplicando los tipos del Impuesto y algunas deducciones aprobadas por las diferentes autonomías, llegamos a los 1.598 millones de cuota de la que hablábamos al comienzo del artículo (o lo que es lo mismo, un tipo medio del 0,7% respecto de la base liquidable).
- Y quitando los 660 millones de Madrid, a los 937 millones de recaudación.
Éste es el resumen de las grandes cifras del Impuesto (ver aquí para más detalle). Lo cierto es que la publicación de los datos ha pasado con más pena que gloria. No se le ha dedicado demasiada atención (desde luego, mucho menos de la que se dedica al IVA o al IRPF). Y ello tiene su lógica. Dentro de la recaudación total de las administraciones públicas españolas, son una mínima parte. Está entre el 0,1-0,15% del PIB (según si cogemos la cuota o la recaudación) y entre el 0,25-0,40% del total los ingresos públicos. Si lo comparamos con el déficit público de 2015 (54.965 millones), los 1.598 millones de cuota equivalen a menos del 3% del total. Es decir, incluso doblando la recaudación, apenas serviría para tapar una mínima parte del agujero de las cuentas públicas.
Sin embargo, dadas sus implicaciones políticas, el IP sí merecería algo más de interés. En las dos últimas campañas electorales (y en la que viene), todos los partidos han prometido fuertes subidas del gasto público. Algunos más que otros, pero los candidatos han coincidido en prometer aumentos en numerosas partidas. Enfrentados a la pregunta de cómo lo iban a pagar, la respuesta más habitual ha sido la misma: "Los ricos". Así, tanto el PSOE como Podemos han hablado de un impuesto a la riqueza, que penalice los grandes patrimonios y descubra fortunas ocultas que los ricachones mantienen alejadas de las garras del fisco. No hay una cifra cerrada sobre la recaudación que conseguirían, pero las estimaciones van de los 2.500 a los 7.000 millones.
Esto no cubre, ni por asomo, todo el incremento en la recaudación fiscal que promete la memoria económica de los partidos, pero sería una ayuda importante. Cuando se les presiona para saber cómo recaudarán todo ese dinero, los partidos españoles (especialmente PSOE y Podemos) recurren sobre todo a cuatro tipos de explicaciones:
- subidas importantes del IRPF a las rentas más altas
- incremento de la recaudación derivado de la mayor actividad económica
- nuevos impuestos especiales, si puede ser "verdes" (tabaco, carburantes…)
- recuperar el Impuesto de Patrimonio o uno nuevo a las grandes fortunas.
Esta retórica tiene cierta lógica. Al fin y al cabo, ninguna de estas medidas parece dirigida contra el ciudadano medio. El mensaje es algo así como: "Vamos a pagar muchos más servicios públicos sin subirte a ti – trabajador medio- los impuestos. Serán otros -los ricos- los que paguen".
La pregunta es si estas cuentas son realistas. Por ejemplo, Pablo Iglesias aseguró en la campaña electoral que subiría los impuestos 40.000 millones de euros pero que sólo afectaría al "2%" de los contribuyentes que más ganan. Pues bien, el año pasado, los que tuvieron rentas superiores a los 60.000 euros (el 3% de los declarantes de IRPF) aportaron al Impuesto sobre la Renta 21.800 millones. Vamos, que habría que doblarles la factura de IRPF para llegar a la cifra prometida, algo que se antoja poco realista.
Con Patrimonio pasa algo parecido. Sirve para cualquier promesa electoral. Cuando en un debate electoral o en una entrevista el periodista le pregunta al candidato cómo pagará determinada promesa, el político habla de un impuesto a las grandes fortunas, en genérico, y todo arreglado. Como, además, no suele haber repregunta, pues sale del paso sin problemas.
Los expertos alertan de que este es un tributo peligroso, que introduce muchas distorsiones, puede tener efectos perversos (fuga de trabajadores cualificados, empresarios, etc...) y grava bienes que ya han pagado impuestos con anterioridad, cuando fueron generados en forma de renta. Muy pocos países en todo el mundo mantienen esta figura pero eso no es impedimento para que sea el remedio más citado en la política española.
La realidad, en tres cifras
La realidad es la siguiente:
1 - Como ya hemos visto, la cuota del Impuesto antes de la bonificación que aplica Madrid es de menos de 1.600 millones de euros. Eso no quiere decir que no se puedan subir los tipos, reducir las cantidades exentas o los bienes no tasados (los 300.000 euros por vivienda habitual, los 700.000 euros de mínimo personal…). Pero sí quiere decir que cuando alguien promete recaudar 2.500 millones (y es el mínimo del que se habla) está pensando en una subida superior al 50% respecto a la situación actual.
Y eso por no hablar de cuando los políticos prometen subidas de 1-2-3 puntos del PIB del gasto en educación o sanidad (cada punto de PIB supone algo más de 10.000 millones de gasto) y para financiarlas sólo hablan del "impuesto a los millonarios".
2 - Otra cifra interesante del Impuesto del Patrimonio en España es la que hace relación con los declarantes. Como decíamos, son 181.000 personas. Y son muy pocas. Tanto en términos absolutos (suponen apenas el 0,5% de la población adulta) como si lo comparamos con nuestros vecinos. España tiene pocos ricos y eso no es bueno, ni para la economía del país ni para los ingresos públicos. Tanto si hablamos de renta (para IRPF) como de riqueza (para Patrimonio) nuestro país no destaca especialmente por la cantidad de millonarios, sino quizás por lo contrario. De hecho, en términos de riqueza, el porcentaje del total que acumula el 10% de españoles con más patrimonio está muy alejado del que se puede ver en otros países europeos, como Dinamarca, Holanda o Alemania.
Es decir, para empezar lo que necesitarían los políticos españoles que quieran subir la recaudación es que haya más riqueza y más ricos. El World Wealth Report 2016 de Capgemini calcula el número de individuos que tienen más de un millón de dólares en bienes, excluyendo la vivienda habitual y algunos otros activos menores. No es exactamente igual que lo que mide el Impuesto de Patrimonio, pero nos sirve para comparar con otros países. Según sus datos, en España en 2015 había 192.000 personas en esta situación, menos que en Holanda, Australia o Canadá, países todos ellos con una población inferior a la nuestra. Alemania, con 82 millones de habitantes por 47 de España, tiene 10 veces más millonarios.
3 - Por último, también es interesante ver cómo se distribuye la riqueza por partidas y regiones. Cuando se habla de "gravar la riqueza" parece algo sencillo. Vienen a la cabeza imágenes de grandes mansiones, yates o aviones privados. Los partidos apelan a este tipo de activos cuando dicen que los ricos no podrán escapar de una subida tributaria. Y es cierto en muchos casos: un impuesto a la tierra o a los inmuebles es más complicado de eludir que otro tipo de tributos.
El problema es que la riqueza de los declarantes de Patrimonio no está centrada, precisamente en estos bienes. Así, de los 555.000 millones de patrimonio total, apenas 99.000 millones corresponden a bienes inmuebles. Y otros 1.000 millones a lo que la estadística del Impuesto llama "bienes suntuarios" (joyas, coches, obras de arte…). El 75% del patrimonio total de los millonarios españoles (419.000 millones) corresponde a "capital mobiliario": acciones, bonos, depósitos… No es que no se pueda intentar cobrar un tributo sobre estos bienes. Pero, como su propio nombre indica, si se traspasa un cierto límite, puede que sus propietarios decidan mover el capital mobiliario. Porque son ricos, pero no tontos.
Algo así puede intuirse cuando se acude a la tabla que divide a los declarantes en razón de la comunidad autónoma en la que tienen su domicilio. El Patrimonio medio declarado por los contribuyentes madrileños es de más de 8 millones de euros. En el caso de los catalanes (la región que más se parece a aquella por número de habitantes, industria, concentración de rentas altas, etc…) no llega a los 2,5 millones. Puede haber alguna distorsión estadística porque al estar bonificado al 100% en Madrid, puede que algunos de los contribuyentes de menos Patrimonio no estén al corriente en lo que hace referencia a la presentación de la declaración. Pero parece claro que desde hace años se está produciendo un trasvase de ricos, desde otras autonomías hacia Madrid en busca de una fiscalidad menos agresiva.
"Pongamos un mínimo igual para todas las regiones". Éste es el lema de los partidos para acabar con esta situación. Desde Ciudadanos a Podemos, pasando por PP o PSOE (cada uno con su propio nivel de intensidad) todos han insinuado que la solución pasa por evitar esta competencia fiscal a la baja de Madrid. Lo que habría que preguntarse es cuánto tiempo tardarían estos mismos millonarios que se vinieron a Madrid para evitar el IP catalán o andaluz en irse a Londres, Berlín, Amsterdam o Zurich. Para eso no hay respuesta tan clara por parte de los políticos españoles. Ya saben que tienen una solución mágica para todo: recaudarán mucho más, pero a usted (trabajador de clase media) no le cobrarán más… todo lo pagarán los ricos.