A principios de año, el pasado mes de enero, España solventó el primer pleito internacional que se interpuso contra el Gobierno por los recortes relativos a las energías renovables.
Fue un tribunal de la Cámara de Comercio de Estocolmo quien desestimó la reclamación de un grupo de inversores contra el recorte a la energía fotovoltaica aprobado por el gobierno de Zapatero en 2010. Ése era sólo el primero de los más de 20 expedientes abiertos en distintas cámaras de arbitraje. La mayoría en la del Banco Mundial. Pese a que éste primer pleito que ganó José Manuel Soria tenía que ver con la regulación del anterior Ejecutivo, lo cierto es que la mayor parte de las denuncias van contra la reforma eléctrica que aprobó el Gobierno de Rajoy y el departamento que dirigía Soria, curiosamente, ahora candidato al Banco Mundial.
El origen de las reclamaciones vienen motivadas por el cambio en las condiciones de las ayudas a las energías renovables en España. Zapatero, durante sus dos legislaturas sobresubvencionó con miles de millones de euros la producción de energía eléctrica de origen renovable (fotovoltaica, eólica y termosolar fundamentalmente). Esto dio origen al llamado "déficit tarifario" al que hubo que poner coto subiendo el recibo de la luz a los consumidores españoles y recortando las ayudas a las renovables, lo que cambiaba radicalmente el modelo de negocio de todos aquellos inversores que al calor de la subvención llenaron España de huertos solares, molinillos y centrales térmicas alimentadas con la luz del sol. En última instancia, este es el motivo último de esos pleitos y reclamaciones.
En aquella ocasión, el Tribunal dio la razón al Reino de España al considerar que los cambios normativos no violaron la expectativa legítima de los inversores al conllevar implícito la posibilidad de que las primas a las renovables variasen durante la vida útil de las plantas, según explicó entonces Industria en un comunicado.
Desde el pasado mes de marzo, poco antes de que Soria saliese del Gobierno, el Ejecutivo ha gastado cerca de 9 millones de euros en asesorías jurídicas para defender la multitud de pleitos que han presentado inversores de todo el mundo por los recortes a las renovables. En total, ha redactado trece contratos de externalización de servicios jurídicos para este fin a tres consultorías Accuracy, Econ One y BDO. Este mismo mes de agosto se han adjudicado otros seis. Todos ellos sin publicidad ni anuncio previo por "concurrir razones de imperiosa urgencia", según el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), encargado de firmar estos contratos para apoyar a la Abogacía del estado en estos pleitos.
Soria, al organismo que decide los pleitos por las renovables
Las demandas siguen llegando y el Ejecutivo trata de hacer frente a todas. La mayor parte llegan al CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial que dirime la mayoría de los procedimientos. Como dato curioso, se puede destacar que España está al mismo nivel que países como Venezuela o Argentina en número de requerimientos ante el CIADI.
Quizá por este último motivo llame especialmente la atención que sea precisamente José Manuel Soria el candidato del Ejecutivo para acudir al Banco Mundial.
Fue a mediados del pasado mes de agosto cuando se conoció la última denuncia ante el organismo de arbitraje del Banco Mundial donde ya hay presentadas en total 27 solicitudes de arbitraje contra el Reino de España.
Las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.