España incumplió, un año más, los objetivos de déficit marcados por Bruselas en 2015, tras registrar un agujero fiscal del 5% del PIB frente al compromiso del 4,2%. Por esta razón, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy volvió a negociar con la Comisión Europea una nueva relajación del proceso de consolidación fiscal a fin de poder cumplir este año, acordando el umbral en el 4,6% del PIB para 2016.
Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al primer semestre no llaman al optimismo, más bien al contrario. De mantenerse la actual tendencia, España no sólo incumplirá de nuevo el objetivo, sino que repetirá e incluso podría superar el descuadre fiscal de 2015.
El Gobierno Central, las CCAA y la Seguridad Social acumularon un agujero fiscal de 26.007 millones hasta mayo, lo que supone un aumento del 12,8% respecto al mismo período de 2015. A falta de conocer el saldo de las Corporaciones Locales, esta cifra equivale al 2,32% del PIB (0,19 puntos más que un año antes). Y lo más grave es que el déficit primario -descontando el pago de intereses- se situó en 13.286 millones de euros (1,19%,), casi 4.000 millones más que en mayo de 2015.
El déficit de la Administración Central subió un 11,6%, hasta los 23.754 millones, cifra equivalente al 2,12% del PIB, 0,15 puntos porcentuales más que el año anterior; la Administración Regional, por el contrario, redujo su déficit en un 24,8%, con un resultado negativo de 4.031 millones, frente a 5.358 millones en 2015; mientras que los Fondos de la Seguridad Social registraron un superávit de 1.778 millones, inferior en un 50,3% respecto al resultado de 2015.
Y lo peor de todo es que los últimos datos disponibles tampoco apuntan una mejora en los meses posteriores. Así, el déficit del Gobierno Central alcanzó los 29.842 millones hasta julio, lo que supone un incremento del 19,6% interanual. Esta cifra equivale al 2,66% del PIB y supera en ocho décimas el objetivo previsto por dicha Administración para el conjunto del año.
Según el Ministerio de Hacienda, esta situación se debe a una caída de los ingresos del 6,9%, hasta un total de 94.194 millones, que se compensa parcialmente con un descenso del 1,6% de los gastos, fijados en 124.036 millones.
El departamento que dirige como ministros en funciones Cristóbal Montoro se justifica por la liquidación del sistema de financiación autonómica, al resultar a favor de las CCAA por importe de 6.967 millones y de las corporaciones locales por 924 millones. El mayor déficit para el Estado fruto de estos movimientos "se verá compensado por la mejoría de los saldos en las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que se publicarán el siguiente mes", explica Hacienda.
Aún así, de no contabilizarse el efecto de estas operaciones, el déficit del Estado tan sólo caería un 8,4% interanual respecto a julio de 2015, con lo que el ajuste sería mínimo e igualmente insuficiente para lograr los objetivos comprometidos. Además, el déficit primario del Estado, que excluye el pago de intereses devengados, fue de 13.363 millones, cifra que equivale al 1,19% del PIB, un 76% más que un año antes.
Por último, a finales de julio, las cuentas de la Seguridad Social presentaron un déficit de 5.721,48 millones (0,51% del PIB), un aumento interanual del 29,3%, según los datos de ejecución publicados el miércoles. Este déficit es la diferencia entre unos ingresos no financieros de 74.021,33 millones de euros y unos gastos de 79.742,81 millones de euros.
Así pues, sin contar el saldo de la Administración Local, cuya publicación es posterior, tanto los datos consolidados hasta mayo como las cifras de ejecución del Gobierno Central y la Seguridad Social disponibles hasta julio muestran un sustancial deterioro de las cuentas públicas en la primera mitad del año, incompatible, una vez más, con el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas (4,6% en 2016).