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Competencia carga contra la prohibición de las gasolineras automáticas

El órgano regulador argumenta que este tipo de gasolineras "benefician" al consumidor final.

El órgano regulador argumenta que este tipo de gasolineras "benefician" al consumidor final.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido este jueves que se elimine toda disposición normativa que prohíba o discrimine las denominadas gasolineras automáticas. El órgano regulador argumenta que este tipo de gasolineras aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que "benefician" al consumidor final.

En un informe difundido este jueves, la CNMC señala que las gasolineras autoservicio y sin personal se enfrentan en España con diversas normativas autonómicas que, "de forma innecesaria o desproporcionada, cercenan la libertad de empresa y la libre elección de los consumidores, dañando el interés general". Entre los impedimentos, destaca la obligación que exigen algunas regiones de contar físicamente con una persona en la instalación, que en ocasiones "se pretende vincular al mantenimiento del empleo, la seguridad de la instalación o la protección del consumidor".

Contrario a ello, la CNMC ve en este requisito "una imposición especialmente injustificada", y pide su eliminación, puesto que su permanencia "dificulta la obtención de precios más eficientes, limita la variedad y calidad de los formatos disponibles y ralentiza la innovación" en el sector. De hecho, la CNMC entiende que la presencia de personal para garantizar la atención a los clientes, supervisar la maniobra de aprovisionamiento y garantizar el mantenimiento del surtidor genera "un control tan excesivamente pormenorizado de la instalación que impide ajustar precios".

En el caso de las estaciones automáticas, los precios son un 1,9 % menores para las gasolinas de 95 octanos y un 2,7 % más bajos para el gasóleo, en relación con una gasolinera convencional. Competencia entiende que, como ocurre en otros países europeos, el propio consumidor puede repostar, con el debido cuidado, sin necesidad de la intervención de un empleado.

Añade que de todas las quejas presentadas por los consumidores solo el 10 % se atribuyeron a la desatención en una gasolinera automática, frente a un 90 % de quejas ligadas a problemas de otro tipo. En España operan 9.814 estaciones de servicio, principalmente propiedad o vinculadas con operadores mayoristas verticalmente integrados con la actividad de refino y hasta hace poco, con el transporte y el almacenamiento.

Según el último Estudio de la CNMC, el principal operador sobre el mercado de carburantes de automoción es Repsol con un 34 % de la cuota en términos de número de estaciones de servicio en España, seguido de Cepsa (15 %), Galp (6 %), Disa (5 %) y BP (4 %). Respecto a las estaciones automáticas, no existen datos oficiales sobre su número exacto en España, aunque la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) estima que hay una 300 gasolineras de este tipo. Esta cifra puede llegar a alcanzar un 5 % del total de las estaciones de servicio. El porcentaje, según la citada asociación, es "mucho menor" en España si se compara con otros socios europeos, donde este formato tiene "una mayor penetración".

El informe recuerda que todos los análisis realizados sobre el sector de las gasolineras señalan "problemas estructurales de falta de competencia" en este mercado estratégico para la productividad nacional, más allá de la exigencia de personal. En el caso de las gasolineras asociadas a cooperativas agrarias, el informe denuncia que en algunas regiones se les exime de contar con personal, como sí ocurre con el resto de estaciones.

Por ello, el estudio señala que "las estaciones en régimen de cooperativa deben cumplir con las mismas disposiciones legales que las desatendidas al no existir diferencia alguna en términos de riesgos asociados al suministro de carburante". Por otra parte, la CNMC critica la obligación de disponer de hojas de reclamación, recipientes de medida calibrados o guantes y papel de un solo uso en las gasolineras, ya que pueden suponer costes administrativos desproporcionados "que dificulten o impidan" el funcionamiento de numerosas gasolineras.

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