El Gobierno de Mariano Rajoy logró esquivar la multa que, en teoría, debería haber impuesto la Comisión Europea a España tras el claro incumplimiento del objetivo de déficit público registrado el pasado año. En concreto, el agujero fiscal ascendió al 5% del PIB en 2015 frente al 4,2% comprometido, lo cual equivale a un desvío de más de 8.000 millones de euros.
Pero más allá de este nuevo incumplimiento y el posterior perdón de Bruselas, llama la atención las excusas que empleó el Ejecutivo del PP para tratar de justificar dicho desvío ante el resto de socios comunitarios. En su resolución del pasado 5 de agosto, el Consejo de la UE decidió, finalmente, perdonar la multa del 0,2% del PIB a España, pero no lo hizo en base a los argumentos presentados por España, sino por motivos políticos, ya que en dicho documento los tumba uno por uno, tal y como se expone a continuación.
1. Plan de reformas
En la petición que presentó el Gobierno para solicitar el perdón de la multa, uno de los motivos esgrimidos fue el amplio programa de reformas estructurales aplicado en los últimos años. En este sentido, el Consejo reconoce que, efectivamente, la economía española ha experimentado "un cambio significativo en los últimos años, en parte gracias a las reformas emprendidas en un entorno económico difícil", pero también a "la ayuda de la política monetaria y el refuerzo del marco de gobernanza de la zona del euro".
Es decir, la mejora económica no es mérito exclusivo del Gobierno, ya que el rescate comunitario, vía préstamos para sanear el sistema financiero y la laxa política monetaria del BCE, explica, en gran medida, la caída de la prima de riesgo desde los máximos alcanzados a mediados de 2012.
Pero es que, además, tal y como advierte el Consejo, "siguen existiendo retos importantes, dado que la deuda privada y pública elevada, que se refleja en el elevado nivel de los pasivos exteriores netos, entraña para España riesgos de cambio de las expectativas de los mercados, a lo que se une la elevada tasa de desempleo, que dificulta el ajuste económico". Dicho de otro modo, los avances registrados, pese a ser bienvenidos, resultan insuficientes.
2. Reducción del déficit
Por otro lado, el Gobierno también esgrimió como excusa el importante esfuerzo presupuestario realizado en los últimos para reducir el déficit, pero, una vez más, dicho argumento carece de base, según la resolución del Consejo:
- En primer lugar, porque España no adoptó las medidas efectivas necesarias para corregir el déficit excesivo que recomendó la UE a mediados de 2013. El Consejo reconoce que el Gobierno hizo un "considerable esfuerzo" para corregir las cuentas públicas en los Presupuestos de 2012 y, en menor medida, de 2013, pero a partir de ahí se observa una "fatiga en la labor de saneamiento presupuestario".
- Además, "algunas de las medidas adoptadas en los últimos años han tenido unos efectos negativos directos en las finanzas públicas", como la aplicación de rebajas fiscales y la reducción de cotizaciones sociales sin el correspondiente recorte del gasto público para compensar la caída de la recaudación.
- Por último, el Ejecutivo de Rajoy se ha comprometido a adoptar nuevos ajustes para corregir el desvío registrado en 2015, tales como el adelanto del cierre presupuestario por parte del Estado, el aumento de la presión ejercida sobre las CCAA para que reduzcan el déficit o los nuevos pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades anunciados recientemente. Sin embargo, el Consejo advierte de que "estas medidas siguen estando sujetas a riesgos de ejecución considerables", debido a la ausencia de Gobierno y a la insuficiencia que presenta dicho plan para compensar la caída de la recaudación derivada de las rebajas fiscales.
3. Inflación negativa
El argumento de la inflación negativa tampoco se sostiene. El Gobierno alegó que el proceso de ajuste no se cumplió debido, en parte, a que la inflación fue muy inferior a la prevista en el escenario macroeconómico, base sobre la cual se elaboran los Presupuestos, pero, una vez más, el Consejo de la UE responde que ese impacto negativo en las cuentas públicas "se vio compensado en gran medida por un crecimiento del PIB real mayor de lo previsto".
4. Metodología errónea
Por último, el Ejecutivo argumentó que la metodología que emplea la UE para medir el cumplimiento del déficit subestima el esfuerzo estructural realizado por España -ajustes cuyos efectos serán permanentes, con independencia de la coyuntura económica-, pero tampoco coló.
En primer lugar, porque la metodología que aplica la UE para supervisar las cuentas públicas fue establecida "de común acuerdo", y, en segundo término, porque, en realidad, los datos demuestran que España no realizó ningún esfuerzo estructural relevante entre 2013 y 2015, incumpliendo así el ajuste del 3% del PIB que recomendó la UE para dicho período.
El verdadero culpable del incumplimiento
Entonces, ¿por qué se produjo dicho desvío? Tal y como explicó el economista Juan Ramón Rallo, basta acudir a los datos oficiales de ejecución presupuestaria para identificar al responsable: "El populismo fiscal del PP".
Por un lado, la Agencia Tributaria estima que las rebajas de impuestos que aplicó el Gobierno en 2015 se tradujeron en una pérdida de recaudación de 5.900 millones de euros: 4.800 millones imputables a la rebaja del IRPF y 1.100 millones a la de Sociedades. "Es decir, a pesar del gigantesco déficit que todavía arrastrábamos, los populares optaron por desprenderse de casi 6.000 millones de euros antes de las elecciones generales", enfatiza Rallo. Y, por otro, el Ejecutivo decidió devolver a los empleados públicos la paga extraque les había sido suprimida en 2012, aumentando el gasto público en unos 3.700 millones de euros en términos netos.
En definitiva, las medidasadoptadas por el PP para comprar votos de cara a las elecciones de 2015 incrementaron directamente el déficit público en unos 9.600 millones de euros, explicando, en gran medida, el incumplimiento del objetivo de déficit.
El perdón de la multa no está justificado
Así pues, sorprende que el Consejo decidiera, finalmente, perdonar la multa a España. No en vano, la normativa comunitaria es muy clara al respecto: si un país no adopta las medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, Bruselas debería imponer una multa de hasta el 0,2% del PIB, a no ser que concurran "circunstancias económicas excepcionales", como una "recesión grave" o un "hecho inhabitual fuera del control del Estado miembro" que afecte negativamente a las cuentas públicas.
España no entra en esos supuestos, ya que el PIB real creció entre 2013 y 2016 y no se produjeron hechos inhabituales. El Consejo concluye en su resolución que "no hay circunstancias económicas excepcionales que justifiquen una reducción del importe de la multa".
La única motivación de dicha anulación es, pues, política, tal y como sucede en muchas de las decisiones que adoptan los organismos comunitarios. La última palabra para imponer o no la citada multa depende de la postura que adopten los Estados miembros, y, en el caso concreto de España, el apoyo del Gobierno alemán resultó clave.
Ya lo adelantó a finales del pasado julio el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble: "Yo apoyo que la multa sea cero, pero tienen que aprobar nuevas medidas antes de fin de año". El presidente del Bundesbank (banco central alemán), Jens Weidmann, criticó, sin embargo, ese perdón, ya que daña el "efecto vinculante" de la normativa comunitaria. "El incumplimiento de las normas debe tener consecuencias en algún momento. En mi opinión, la Comisión Europea y el Consejo Europeo no han sido suficientemente consecuentes".