Extremadura, Baleares y Cantabria son tres ejemplos de comunidades autónomas que han cambiado de signo político hace un año. Regiones que han pasado del ser gobernadas por el Partido Popular a gobiernos socialistas con apoyos de las “formaciones del cambio”. En el caso de Cantabria, la presidencia de la comunidad pasó del popular Juan Ignacio Diego Palacios al polémico y televisivo Miguel Ángel Revilla.
En todas estas comunidades han empeorado considerablemente el periodo de pago de la administración a los autónomos que les prestan sus servicios. El caso más abultado es el de Extremadura, que si ya tenía un plazo difícil de digerir en junio del año pasado, el de este año es directamente asfixiante. La Junta de Extremadura tarda, de media, 155 días en pagar sus facturas a estos trabajadores -132 en junio del año pasado-, una cifra que supera en más de 4 meses el plazo legal que establece la Ley de morosidad.
La situación en Islas Baleares, gobernada en la actualidad por la socialista Francina Armengol -tras la salida del PP de Bauzá-, no es mucho mejor. De media los trabajadores autónomos que prestan diferentes servicios a esta región no cobran hasta pasados 114 días, recordemos que la Ley marca 30 días. Son los datos que denuncia en su último informe la Federación de Trabajadores Autónomos ATA. El estudio también refleja que el periodo medio de pago del conjunto de administraciones públicas se ha reducido en 18 días con respecto a junio del 2015 hasta situarse, de media, en 75 días.
“Principalmente la reducción viene por los ayuntamientos y por los esfuerzos realizados por algunas comunidades autónomas. Aunque hay una mayoría de autonomías que están incumpliendo los periodos periodos de pago de manera sistemática”, explica el presidente de Lorenzo Amor, Presidente de ATA, a Libre Mercado.
“Lo que estamos viendo es que ha habido cambios en administraciones públicas y en muchos de los casos ha ido a peor. Baleares, Aragón o Extremadura... Encontramos otras comunidades que tradicionalmente han pagado mal y siguen haciéndolo, como Murcia", asegura Amor. Por ello, el presidente de los autónomos considera que esto "demuestra que la regeneración democrática tan prometida por parte de algunos no llega".
Una denuncia de un sector que ve como la "ley no es igual para todos". A un autónomo cuando deja de pagar su seguridad social "al día siguiente le cae un recargo del 20%. Hay gestores de las comunidades autónomas que tardan en pagar mas de 4 meses a estos trabajadores cuando la ley marca 30 días, y no pasa nada".
Para intentar atajar esta situación, ATA pide un régimen sancionador y recargos para las AA.PP y las empresas que, reiteradamente, incumplan La Ley de Morosidad. "Son las incongruencias de nuestros políticos. Oigo hablar mucho en los documentos para formar gobierno de la morosidad empresarial, de la morosidad privada, pero el problema no está sólo en la morosidad empresarial, está en la pública", denuncia.
Desde la federación recuerdan el problema personal que supone este retraso en el pago que supera en algunas regiones los cuatro meses. "Que alguien piense que se tira cinco meses sin cobrar su nómina, tienen que pagar hipoteca, las cosas de su casa… Muchos piensan que son grandes empresas pero estamos hablando, por ejemplo, de taxistas rurales", destaca Amor. Son taxistas que trasladan a los enfermos de pequeñas poblaciones para tratamientos de diálisis en el hospital más cercano.
Las empresas pequeñas, las más cumplidoras
Si nos centramos en los periodos medios de pago del sector privado el informe constata que las empresas son más cumplidoras. Sin embargo, los plazos medios de pago siguen por encima de lo que marca la ley al situarse en 79 días ( la Ley de morosidad marca para las empresas 60 días).
El estudio de ATA analiza también los periodos medios de pago atendiendo al tamaño de la empresa. Según estos, las empresas de más de 1.000 trabajadores, que a priori puede parecer que son las que más capacidad tienen parar hacer frente a sus facturas con proveedores, continúan siendo las que más tardan en pagar, demorándose en cuatro meses (128 días) en hacer frente a las facturas que tienen con sus proveedores autónomos.
"La realidad es que cuanto mayor es el tamaño de la empresa peor pagan. Esto es porque, en España, no pagar sale gratis", reclama Amor que pide que se incluya este asunto en las negociaciones para formar gobierno y recalca que el problema empieza cuando la morosidad también está en el "sector público y es sistemática".