El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, se ha convertido en el gran azote de los pisos turísticos y de las plataformas de alquiler vacacional, como es el caso de Airbnb o Homeaway, entre otras. La filial de Podemos en Cataluña pretende restringir el alquiler de apartamentos entre particulares, beneficiando así a las grandes cadenas hoteleras, mediante la puesta en marcha de una masiva campaña de inspecciones y la imposición de elevadas multas a los propietarios, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 90.000 euros.
Sobre esta polémica, es habitual que los medios se hagan eco de las protestas de los vecinos contra la llegada de turistas, algunos de los cuales -los menos- protagonizan comportamientos incívicos, al tiempo que destacan la visión de la Ciudad Condal y otras administraciones públicas en su lucha contra este tipo de alquileres. Los propietarios, sin embargo, suelen ser los grandes olvidados.
Algunos de los afectados por la persecución de Colau empapelaron la semana pasada el centro de Barcelona en señal de protesta, llamando al boicot contra el Ayuntamiento por vulnerar su derecho a alquilar libremente su propiedad. F.G. es uno de esos propietarios rebeldes. Prefiere mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias, pero expone su visión al respecto en una entrevista con Libre Mercado.
- Colau, al igual que otras Administraciones Públicas, ha declarado la guerra a los pisos turísticos. ¿Qué herramientas está empleando contra vosotros?
Están enviando dos tipos de inspectores, unos llamados "visualizadores", que son empleados de empresas de encuestas (principalmente Gesop), que van llamando puerta por puerta, simulando hacer encuestas. Realmente, lo que quieren es comprobar quién abre la puerta para ir tomando nota de quién hay en cada piso, y si es un extranjero o un turista avisan al Ayuntamiento.
Y después están los verdaderos inspectores del Ayuntamiento, que, tras recibir información de los “visualizadores” o denuncias de vecinos, se presentan en los pisos para comprobar quién está dentro. Si encuentran turistas, abren un expediente sancionador por importe de hasta 90.000 euros. Todos estos “visualizadores” e inspectores son lo que la gente llama comúnmente "la Gestapo".
No obstante, el Ayuntamiento es incapaz de parar la economía colaborativa porque la llevan a cabo particulares en sus casas. Síntoma de su frustración es que han traspasado todas las líneas rojas, primero estableciendo un sistema de delación y animando por carta a los barceloneses a que delaten a sus vecinos, medidas propias de dictaduras y estados totalitarios.
Y segundo, y esto es muy grave, pero no ha trascendido, los concejales pretendían multar a los propietarios de pisos que lo han arrendado a un tercero, y este inquilino subarrienda habitaciones o el piso entero a través de Airbnb. Es decir, querían responsabilizar a un propietario de lo que haga su inquilino, y, en este sentido, encargaron un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento -ver documento-, que les respondieron que en un Estado de Derecho la responsabilidad es personal y no se puede castigar a una persona por lo que haga otra. Esto da una idea clara de hasta dónde está dispuesto a llegar el Ayuntamiento.
En definitiva, el Ayuntamiento es una apisonadora, torpe, lenta y pesada, pero si te pilla te aplasta sin pensárselo dos veces, tenga razón para multarte o no.
- ¿Qué daños está generando a los anfitriones-propietarios de los pisos? ¿Me puedes contar alguna experiencia particular?
Desde luego ya han cerrado muchos pisos turísticos y han multado a muchos anfitriones con multas desproporcionadas. Conozco casos particulares en los que han abierto expediente por alquilar habitaciones en una vivienda compartida (es decir, no el piso entero). La carta de apertura de expediente se la envían al propietario del piso en lugar de al inquilino, por lo que el propietario (que no es quien estaba realizando la actividad) se lleva el susto de su vida al ver la cuantía de la multa, se ve obligado a contratar a abogados y, por supuesto, echa a los inquilinos del piso.
No obstante, lo más sangrante son los importes de las multas. Una multa de 90.000, 30.000 o incluso de 6.000 euros te arruina la vida y los ahorros de muchos años.
- ¿Cuál es la opinión general de los anfitriones ante esta persecución?
La gran mayoría de anfitriones no tiene licencia, pero tampoco molesta a sus vecinos por lo que no puede entender la actitud del Consistorio. No obstante, lo peor es que se está demonizando a Airbnb en los medios, poniendo el foco solamente en los pisos que molestan a los vecinos (una minoría como los propios datos indican), cuando, en realidad, aporta muchísimos beneficios a los anfitriones y a la economía en general.
Creemos que según la gente lo vaya probando (tanto como anfitrión como en caso de que sean huéspedes), se irán dando cuenta de que es una opción estupenda para todo el mundo y no genera molestias.
- ¿Está funcionando? ¿Se están reduciendo los pisos turísticos?
No. Los pisos turísticos siguen aumentando desde que se creó Airbnb. El Ayuntamiento está malgastando tiempo y dinero en un problema que no es tal porque está socialmente aceptado de facto.
- Colau habla de pisos "ilegales" porque no están registrados, pero la cuestión es que Barcelona no concede desde hace tiempo nuevas licencias a pisos de uso turístico. ¿No es contradictorio?
Desde luego, Colau es la principal impulsora de los pisos turísticos ilegales al haber limitado la oferta legal de alojamiento cuando la demanda está subiendo con fuerza. Si prohíbes negocios en A cuando la demanda es alta, te salen negocios en B como setas. Me sorprende que el Ayuntamiento no haya caído en esto, es elemental. Están luchando contra un problema que ellos han creado artificialmente con su intervencionismo antieconómico. Recordemos que el Ayuntamiento habla de "decrecimiento natural" del sector cuando, en realidad, la demanda sube con fuerza. No tiene sentido.
- ¿Cuál crees que es su verdadero objetivo?
El Ayuntamiento lo ve todo a través de sus propios prejuicios ideológicos, ven con desconfianza cualquier tipo de actividad económica, sobre todo si es novedosa. El objetivo de Barcelona en Comú es el decrecimiento del sector turístico, ya que lo culpa de todos los males de Barcelona, sin ver que una parte importante de la ciudad vive de este sector. Mientras haya crisis y paro no se entienden estas políticas. Con una mano te quitan la forma para conseguir comer, con la otra abren comedores sociales y dan limosna.
- ¿A quién beneficia la campaña de Colau y a quién perjudica?
Sin lugar a dudas, los grandes beneficiados de esta campaña son los grandes grupos hoteleros, a los que el Ayuntamiento está haciendo el trabajo sucio de eliminar la competencia. Con una demanda subiendo con fuerza y un mercado cautivo porque el Ayuntamiento limita la oferta, los dueños de los grandes hoteles ya establecidos están haciendo su agosto. Los grandes perjudicados son los particulares, que ven que el Ayuntamiento cierra la puerta a una industria que por fin se había abierto a ellos.
Ésta es una clara contradicción que Barcelona en Comú tendrá que explicar a sus votantes, porque se pone al servicio de los grandes capitalistas cortando las alas a la gente común. Siguiendo su propio discurso, gracias a Airbnb, por fin los proletarios somos los propietarios de los medios de producción, no se entiende que el Ayuntamiento quiera castigarnos por ello.
En última instancia, es la libertad individual y el derecho de propiedad privada lo que está siendo atacado. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento te multa si tu piso está vacío, te multa si en tu piso hay turistas y, además, está tratando de regular el precio de los alquileres. Se están metiendo en la casa de los particulares hasta la cocina, y quieren dictarnos qué hacer con nuestras casas, expropiándonos de facto el derecho a la propiedad privada.
- ¿Qué te parece que Colau anime a los vecinos a denunciar la presencia de pisos turísticos?
Esto es inaceptable, propio de otras épocas y de estados totalitarios, y la sociedad civil debe rebelarse. A su vez, pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento de atajar "el problema", porque no existe tal problema. Si realmente todos los pisos molestasen tanto, habrían recibido muchísimas quejas sin necesidad de instar a la delación del vecino.
- ¿Es justo y legal que imponga multas de hasta 90.000 euros a los propietarios?
Hay dos formas de alojamiento: alquiler de pisos completos y alquiler de habitaciones en pisos compartidos. El alquiler a turistas de pisos completos por periodos inferiores a un mes está sujeto a obtención de licencia, con lo que la imposición de multas es legal, lo cual no significa que sea justo o deseable, sobre todo si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento ya no otorga nuevas licencias.
Respecto del alquiler de habitaciones dentro de una vivienda, esta actividad no está regulada ahora mismo, por lo que, mal que le pese al Ayuntamiento, es legal. Uno de los principios generales del Derecho en los estados de derecho es que lo que no está expresamente prohibido por la ley, está permitido. No obstante, el Ayuntamiento no hila tan fino, distinguiendo entre pisos completos y habitaciones en pisos compartidos, y multan a todo el mundo, pasando como una apisonadora ciega por encima de la gente.
- Habéis empapelado el centro de Barcelona animando a los anfitriones a boicotear el Ayuntamiento mediante el envío de denuncias falsas… ¿Qué pretendéis con esta iniciativa?
Lo que pretendemos en inhabilitar un servicio de delación que es intolerable en un estado de derecho y una sociedad moderna como la nuestra. Somos plenamente conscientes de que lo que proponemos roza la ilegalidad (realmente la propuesta no es ilegal porque el sistema no es para interponer denuncias formales, sino para informar de sospechas de actividad), pero consideramos que está plenamente legitimado en tanto el propio Ayuntamiento cruza líneas rojas y toma iniciativas de muy dudosa legalidad, en particular agrediendo derechos fundamentales como la propiedad privada.
Ada Colau se estrenó una semana después de las elecciones municipales diciendo "desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas", y un año después ha demostrado que no iba de farol. Protege y alienta a los okupas, que se apropian de propiedades privadas, multa a los pisos vacíos o turísticos, apoya a los manteros y establece sistemas de delación vecinal. ¿Qué legitimidad para hacer cumplir la ley tiene el Ayuntamiento cuando ellos mismos se la saltan? Recordemos, además, que Barcelona en Comú solamente tiene 11 concejales sobre 41.
- Colau argumenta que los pisos turísticos generan problemas de convivencia. ¿Qué opináis al respecto?
Hay una serie de argumentos en contra de los pisos turísticos, algunos se refieren a problemas reales y otros no. El principal argumento contra los pisos turísticos es que molestan a los vecinos. Hay que tener en cuenta que la economía colaborativa es una nueva industria y, como en toda industria, puede producirse lo que los economistas llaman "externalidades", que son costes o perjuicios que sufren terceras personas sin ser compensadas por ello. Estas externalidades hay que internalizarlas, de modo que no se produzcan.
Toda persona sensata y razonable entiende que no se puede molestar a los vecinos en su propia casa. Al igual que se castiga a una fábrica que vierta residuos al río, se debe castigar a los pisos turísticos que molesten a los vecinos. No hay que inventar la rueda. La eliminación de externalidades se aplica en toda la legislación industrial y también se debe aplicar a los pisos turísticos.
Pero tampoco hay que caer en la demagogia. Los pisos turísticos tienen mal nombre ahora mismo porque se quiere hacer creer a la opinión pública que todos los pisos turísticos son ruidosos y molestos, y no es el caso. Se están utilizando algunos pisos que molestan de verdad como excusa para demonizar a toda una industria.
El dato que más claramente refleja esto es que hay 26.000 ofertas de alojamiento en Barcelona solamente en Airbnb, pero el Ayuntamiento se las está viendo y deseando para dar con ellos, hasta se ve forzado a instar por carta a los barceloneses a que delaten a sus vecinos porque no les llegan quejas. Hay muchísimos edificios en Barcelona con pisos turísticos y los vecinos no se quejan porque o no se dan cuenta y no molestan o sí se han dado cuenta, pero no se quejan porque no molestan.
- Colau dice, además, que genera economía sumergida y es un modelo insostenible e ilegal si no se regulariza de forma estricta...
Aparte del argumento de las molestias a vecinos, que está basado en un aspecto real, problemático y con personas que lo sufren de verdad, y que tienen toda la razón (sin perjuicio de que se esté exagerando y atribuyendo a la mayoría lo que hace la minoría), el Ayuntamiento utiliza una serie de argumentos muy vagos e imprecisos. Por ejemplo, se habla de "especulación", "burbuja turística" o que "destruye el tejido sociocultural". Estos argumentos tan etéreos no hacen sino dejar patente su falta de objeciones.
- ¿Cómo ha sido tu experiencia con Airbnb?
En mi caso, por ejemplo, soy un emprendedor que ha conseguido independizarse del trabajo asalariado gracias a Airbnb, que me brinda la libertad financiera suficiente (pago mi piso así) para poder centrarme en un nuevo proyecto y crear una nueva empresa. En resumidas cuentas, mi experiencia es excelente. Por cierto, jamás he recibido una sola queja de ningún vecino.
- ¿Crees que es bueno para Barcelona y los barceloneses? ¿Por qué?
Los beneficios de la economía colaborativa son muchos y palpables. Crea riqueza, aprovecha recursos ociosos y permite que particulares sin grandes patrimonios ni contactos puedan competir con los grandes empresarios y beneficiarse de una actividad económica.
- ¿Cómo crees que se debería regular -si es que se tiene que regular- la actividad que se desarrolla a través de este tipo de plataformas?
Lo ideal, desde luego, es no regular. Simplemente, se debe aplicar la legislación ya establecida, que regula la convivencia bajo el principio básico de que cada uno puede hacer uso y disfrute de su propiedad como desee siempre que no moleste a los demás.
Si se va a legislar -la Generalidad ha publicado un proyecto de regulación hace escasos días-, la regulación debe ser simple y general, sin restricciones artificiales. La ley no debe responder a los intereses de los grandes grupos hoteleros, que están presionando para que se incluyan barreras de entrada de difícil cumplimiento. Desde luego, lo que está claro es que cuanto más restrictiva sea la ley, menos se cumplirá.