El odio por la libertad de Ada Colau y su equipo en el Ayuntamiento de Barcelona es capaz de servirse de cualquier excusa para recortar los derechos de los habitantes de la ciudad condal y atacar su propiedad.
Así, con la excusa del comportamiento incívico de algunos, que desde luego no es mayoritario, la polémica alcaldesa pretende obligar a los barceloneses a usar su propiedad no como estimen conveniente o buscando su beneficio, sino según a las instituciones municipales les parezca más adecuado, en lo que en la práctica es una expropiación del uso de los pisos.
Las excusas de Colau y su equipo son insostenibles: Barcelona como todas las ciudades del mundo tiene normas y herramientas para solucionar los problemas de convivencia y lo lógico no es castigar al propietario sino al infractor, es como si se exigiese pagar las multas de tráfico a las empresas de alquiler de vehículos y no a los conductores que se salten semáforos.
Del mismo modo, resulta ridículo decir que la existencia de pisos turísticos dificulta el acceso a la vivienda cuando lo que hace es hacerla más valiosa para los cientos de miles de barceloneses, muchos de condición modesta, que ven así revalorizarse su propiedad.
Así, estas decisiones perjudican a todos los propietarios de pisos en Barcelona y no sólo a aquellos que están ya alquilándolos; perjudican por supuesto a los turistas, que merced a este tipo de oferta pueden en muchos caso ampliar sus vacaciones o plantearse viajes que de otro modo serían imposibles; y perjudican a todo un sector económico, el turístico, que a pesar del odio que le tienen Colau y su equipo es de vital importancia para la capital catalana.
Lo peor es que esta cruzada contra las nuevas formas alternativas de alojamiento es que no es una excepción en la política de un ayuntamiento que, pese a presumir de modernidad e incluso de ir contra las grandes corporaciones, a la hora de la verdad lucha contra las formas de economía colaborativa que representan plataformas como Airbnb o Uber. Nuevas ideas que están cambiando sectores económicos enteros y que, sobre todo, dan a sus usuarios más opciones tanto a la hora de consumir como a la de obtener ingresos económicos.
En realidad, a quién están defendiendo Colau y los suyos es a lobbies con una alta capacidad de presión, como la patronal hotelera, que, paradójicamente o no, debe estar muy satisfecha del gobierno de ultraizquierda de Barcelona en Comú.