España no cumplirá con el objetivo oficial de déficit para este año. Esto no es nuevo. El propio Gobierno hace ya meses que anunció que ni siquiera lo intentaría. El 2,8% del PIB que se había pactado con Bruselas es historia.
Ahora, la nueva cifra es 3,6%. Ése es el dato que los ministerios de Economía y Hacienda han incluido en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas (el correspondiente al período 2016-19). Y aunque aún no es oficial (tiene que ser aprobado por la Comisión) se da por hecho que es el dato de referencia. Pues bien, tampoco parece probable que cumplamos con éste. Ni nos ajustamos al compromiso inicial ni al nuevo. Salvo que ocurra un cambio de rumbo brutal en el segundo semestre del año o que el Gobierno tome drásticas medidas para aumentar los ingresos o reducir el gasto, España, una vez más, se saltará el límite de déficit pactado con la UE.
Este martes se conocían los datos de déficit del Estado (Administración Central) hasta junio, así como la cifra consolidada del conjunto de las administraciones públicas (excluidas las corporaciones locales) hasta mayo. Las cifras no son nada alentadoras. De hecho, el dato de déficit consolidado a mayo de Estado-CCAA-Seguridad Social es superior (un 6,7% sin ayudas a la banca y un 12,8% si se cuentan estas ayudas) al de hace un año. Nada hace pensar que, si se mantiene la tendencia, podamos pasar del 5,1% del PIB de déficit con el que cerramos 2015 al 3,6% que le hemos prometido a Bruselas para este año.
El Estado
Empecemos con los datos del Estado a cierre de junio. Según Hacienda, el déficit asciende a 21.343 millones un 1,4% menos que en el primer semestre de 2015. En términos de déficit/PIB supone dos décimas menos que lo registrado hace un mes, en mayo de este año. Esta cifra es consecuencia de unos ingresos no financieros de 79.368 millones (un 3,9% menos que hace un año, debido a las bajadas de impuestos aprobadas a mitad de 2015) y unos gastos de 100.711 millones (un 3,4% menos que hace un año). En este sentido, Hacienda destaca “el descenso de las transferencias realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por desempleo en 3.093 millones, gracias a la favorable evolución del mercado laboral”.
Que se haya reducido la cifra de déficit del Estado respecto a mayo es una buena noticia, con un pero muy importante: según el Programa de Estabilidad del Gobierno, a la Administración Central le corresponde un déficit para el conjunto de 2016 igual al 1,8% del PIB. Pues bien, esos 21.343 millones equivalen al 1,9% del PIB del período. O lo que es lo mismo: al término del primer trimestre el Estado ya supera el nivel previsto para todo el año. Como decimos, la cifra se ha reducido respecto a mayo y podría pensarse que puede conseguirse una reducción extra en lo que queda de ejercicio. Los presupuestos tienen gastos o ingresos que no se reparten de forma equilibrada a lo largo del calendario. Pero es un toque de atención preocupante.
No sólo eso. El cuadro del Programa de Estabilidad indica que el déficit de la administración central tiene que pasar de algo más del 2,5% del PIB en 2015 al 1,8% que apuntábamos anteriormente. Es decir, no nos vale con estar en las mismas cifras que hace un año: para ir en línea con el objetivo necesitaríamos que la ratio déficit/pib en junio fuera un 25-30% inferior a la de hace un año. Es evidente que no es así.
CCAA y Seguridad Social
La segunda parte de las cifras desveladas por Hacienda tiene que ver con las regiones y la Seguridad Social. En el caso de las comunidades autónomas, todos los datos son a cierre de mayo. Aquí sí hay una reducción del déficit relevante: pasa de los 5.358 millones (0,5% del PIB) registrados en los cinco primeros meses de 2015 a los 4.031 millones (0,36% del PIB). de este año. Teniendo en cuenta que las regiones tienen un objetivo del 0,7% del PIB para el conjunto del ejercicio, sí parece que están en línea con lo previsto.
Eso sí, como puede verse en el siguiente cuadro, no todas están en la misma situación. Así, Asturias o el País Vasco cerraron mayo con sendos superávits, mientras que Extremadura registraba un déficit superior al 1% de su PIB.
Con respecto a la Seguridad Social, el organismo registró un superávit de 2.185 millones de euros hasta junio. Equivale al +0,19% del PIB. Puede parecer una buena cifra (ya que hablamos de más ingresos que gastos), pero hay que apuntar que es un 20,2% inferior a la obtenida en el mismo período de 2015. De hecho, tanto el Gobierno como la Airef ya han apuntado que no esperan que la Seguridad Social cumpla con sus objetivos para este año (déficit equivalente al 1,1% del PIB).
Las cuentas de mayo
Con todo esto sobre la mesa, el cuadro de las cuentas consolidadas de las administraciones públicas españolas hasta mayo es el que puede verse en el siguiente gráfico, el más importante del informe mensual de la Intervención del Estado:
Excluyendo a las corporaciones locales y las ayudas a instituciones financieras, el déficit consolidado de las administraciones públicas ascendió a 24.618 millones de euros, un 6,7% más que un año antes y se situó en el 2,20% del PIB, también algo superior al 2,13 registrado en mayo de 2015 (contando las ayudas a instituciones financieras, el déficit de mayo a mayo sube un 12,8%). Es decir, a falta de meter a ayuntamientos y diputaciones en la cuenta general, estamos peor ahora que hace un año, cuando el objetivo del conjunto del ejercicio es pasar del 5,1% al 3,6% que le está vendiendo el Gobierno a Bruselas.
Si en cualquier circunstancia estos datos serían preocupantes, ahora se tornan dramáticos. Esta semana, el Gobierno español está negociando con Bruselas acerca de la multa que la UE podría imponer a nuestro país por nuestros reiterados incumplimientos con el objetivo de déficit. De hecho, este martes se filtraba que probablemente la Comisión otorgue más tiempo a España para reducir los números rojos por debajo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que la multa quedará en nada (o en una cantidad simbólica).
Pero no son buenas noticias que precisamente en este contexto las cuentas de las administraciones públicas españolas sigan descontroladas. Y lo están. La mejor prueba es la orden ministerial que se aprobó y se conoció hace un par de fines de semana y que prohíbe los gastos extra en los ministerios a partir del 20 de julio. No se podrán efectuar nuevos gastos en obras, materiales o eventos no previstos en los presupuestos. Es una medida completamente excepcional y con la que el Gobierno espera recaudar 1.000 millones de euros (y, aún más importante, calmar a Bruselas).
No parece que vaya a ser suficiente. La Airef denunciaba la semana pasada el preocupante estado de las cuentas públicas españolas y apostaba por un nuevo incumplimiento en el objetivo de déficit (hablaba incluso de una horquilla de entre el 4,1 y el 4,7% del PIB si no se tomaban medidas de inmediato). El organismo fiscalizador señalaba al Gobierno Central como el principal responsable de esta deriva, tanto en lo que respecta al control de sus propias cuentas con en su interpretación “laxa” respecto a cómo deben cumplir las demás administraciones. Tanto en Bruselas como en el informe de la Airef se afea al Ejecutivo que estaba poniendo todos los huevos en la cesta del crecimiento (es decir, esperar que las buenas cifras de empleo y actividad generen ingresos extra) sin aplicarse al rigor presupuestario.
Las opciones
Con este panorama, no hay muchas opciones. Si todo sigue igual, incumpliremos el déficit y todo apunta a que no será por una décima o dos (recordemos, no el objetivo original del 2,8%, sino el nuevo del 3,6%). Esto sería una nueva gota que amenazaría con colmar el vaso de la paciencia de Bruselas. La otra opción es que el Gobierno (éste o el que salga de la investidura) comience a partir de septiembre a tomar medidas contundentes de control del gasto o aumento de los ingresos. Pero hablamos de medidas tomadas en cuatro meses que deberían corregir unas cifras que son muy parecidas a las del año pasado. Recordemos: en 2015 terminamos el ejercicio con unos números rojos equivalentes al 5,1% del PIB y para este año habría que reducirlo al 3,6-3,7%. Esto supone un ajuste extra de 15.000 millones.
El Gobierno le ha prometido a Bruselas un cambio en el Impuesto de Sociedades para adelantar los pagos fraccionados y confía en incrementar así los ingresos en unos 6.000 millones de euros. El resto lo fía a la evolución del ciclo económico.
También es cierto que las medidas de reducción de impuestos que se aprobaron a mediados del pasado año ya tuvieron su impacto en la recaudación del segundo semestre de 2015 y ahora eso juega a favor de las previsiones del Gobierno. Sería lógico que los ingresos mejorasen a partir de ahora en relación con los del año pasado: el nivel impositivo julio-diciembre sí será el mismo (algo que no ha ocurrido entre enero y junio) y la actividad y el empleo siguen creciendo respecto a hace un año.
Es decir, quizás podría pensarse que los ingresos por impuestos no han crecido mucho en esta primera mitad de 2016 debido a que los tipos eran inferiores a los de la primera mitad de 2015. A partir de ahora, los tipos serán los mismos (la rebaja del IRPF entró en vigor el 1 de julio de 2015) por lo que la recaudación debería aumentar. Sin duda, ésta es la mejor carta en la mano del Gobierno.