El Estado español lleva incumpliendo desde 2008 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), al haber rebasado persistentemente un déficit público del 3% del PIB. Por ese motivo, desde 2009 nos hallamos sometidos al Procedimiento de Déficit Excesivo, el cual nos obliga a adoptar periódicamente una serie de medidas encaminadas a reconducir el déficit hasta cumplir con el PEC. En caso de que no lo hagamos, Bruselas puede sancionarnos con una multa de hasta el 0,2% del PIB: algo más de 2.000 millones de euros en el contexto español.
Desde el año 2013, momento en el que renegociamos por enésima vez con Bruselas el itinerario de reducción del déficit público, el Gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido año tras año los compromisos pactados con la Unión Europea: en 2013 cerramos con un déficit del 6,6% del PIB, frente al 6,5% acordado; en 2014, con uno del 5,9, cuando nos habíamos comprometido al 5,8; en 2015, con uno del 5,1%, frente al 4,2%; y en 2016 se espera (con sumo optimismo) que terminemos en el 3,9%, frente al 2,8% prometido.
Peor todavía es que prácticamente toda la minoración del déficit experimentada entre 2013 y 2015 ha tenido un carácter cíclico: gracias al crecimiento económico, los ingresos han aumentado y ciertos gastos –como la prestación de desempleo– se han reducido de manera automática. El Gobierno no ha tenido nada que hacer al respecto: sólo sentarse y capitalizar el crecimiento. No así con la parte del déficit que sí tiene un carácter estructural, esto es, aquel que se mantiene inalterado con independencia de la fase de la coyuntura en la que nos encontremos. Bruselas nos impuso disminuir ese déficit estructural en el equivalente a 2,7 puntos del PIB durante el período 2013-2015, pero el Ejecutivo del PP apenas lo ha bajado en dos décimas. Es más, en el electoral año 2015, el déficit estructural se incrementó en siete décimas debido a la rebaja tributaria y al aumento de otros gastos. Por consiguiente, el PP no sólo no hizo nada desde 2013 para reducir el desequilibrio permanente de nuestras cuentas públicas, sino que en 2015 incluso deshizo parte del camino andado por razones electoralistas.
Todo lo cual ha llevado a la Comisión Europea a plantearse seriamente sancionar al Estado español por déficit excesivo: en tal caso, como decíamos, la multa podría llegar a superar los 2.000 millones de euros y recaería sobre las espaldas del conjunto de los contribuyentes. Pero, ¿por qué deberían ser los contribuyentes, y no los miembros del Gobierno, a título individual, los que sufraguen semejante castigo? Al cabo, nos encontramos ante un incumplimiento deliberado del objetivo de déficit de 2015 por parte del Ejecutivo del PP con el único objetivo de incrementar sus opciones de reválida electoral: fueron los miembros del Consejo de Ministros –acaso con la complicidad de todos los diputados del PP– los que aprobaron los presupuestos de 2015, que contenían una reducción del IRPF y otros aumentos de gasto que iban a hacer imposible respetar los compromisos de déficit de ese año. Son ellos los responsables y son ellos quienes deberían hacer frente a la sanción con sus patrimonios.
Sin ir más lejos, el artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece que "los administradores [de una empresa] responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa". Es decir, que cuando las actuaciones dolosas o negligentes de los administradores de una compañía les generan un perjuicio económico a la sociedad, a sus socios o a sus acreedores, éstos deberán reparar tales daños con su patrimonio.
¿Por qué motivo deberíamos aplicar un doble rasero normativo a los administradores del Estado? Son ellos los que dolosamente han decidido saltarse el Protocolo de Déficit Excesivo para maximizar sus opciones de permanecer en el poder. Son ellos, y no los españoles, los que deberían hacer frente a cualquier posible –y merecida– sanción por parte de Bruselas.