Las cotizaciones sociales son la principal fuente de ingresos de las arcas públicas. En 2015 se recaudaron por ese concepto más de 132.000 millones de euros. Sin embargo, durante el año pasado la Seguridad Social tuvo un déficit de 12.000 millones de euros.
Las cifras que maneja la Seguridad Social son enormes. Solo por las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, etc.) debe pagar 8.500 millones de euros por mes. A eso hay que sumar los pagos por prestaciones por desempleo y por pensiones no contributivas. Además de enorme, se trata de una cantidad que crece de forma permanente: cada vez hay más pensionistas y la pensión media es cada vez más alta (los nuevos jubilados cobran, en promedio, más que quienes ya perciben una pensión desde hace años).
Pese a la cautela que exigen los datos anteriores, se viene escuchando la propuesta de aumentar las pensiones por encima de lo que marca su fórmula de actualización. Algunos, más audaces, proponen también reducir la edad de jubilación a 65 años. Se nos dice que sería posible financiar estas propuestas si se creara un impuesto a las grandes empresas.
Datos de la Agencia Tributaria muestran que en 2015 los ingresos netos por el Impuesto sobre Sociedades fueron 20.650 millones de euros. De ellos, 18.500 millones, un 90% del total, fueron pagados por grandes empresas.
Si las pensiones contributivas fueran incrementadas solo un 5%, el gasto en pensiones subiría en 6.000 millones de euros anuales. Esa cifra, comparada con lo que pagan las grandes empresas por Impuestos sobre Sociedades es suficiente para concluir que la propuesta para financiar tal aumento con un nuevo impuesto sobre aquellas es inviable.
En efecto, no es razonable pensar seriamente que se puedan aumentar un 32% los impuestos sobre las grandes empresas (es la relación entre los 6.000 millones de euros que costaría aumentar las pensiones un 5% y los pagos de 18.500 millones que hacen las grandes empresas por IS).
No lo es por dos motivos. Un aumento súbito de esa proporción de los impuestos sobre las grandes empresas supondría un golpe a su competitividad. De ahí que sería previsible la caída de las exportaciones. Al mismo tiempo, bajaría la rentabilidad esperada de la inversión productiva, por lo que se pondrían en marcha menos proyectos. La consecuencia lógica de menores exportaciones e inversiones es la caída de la actividad y el empleo. En segundo lugar, sería completamente insensato llevar a cabo un incremento de impuestos semejante dejando intacto el déficit del sistema de Seguridad Social. Mucho más cuando el déficit fiscal del conjunto de Administraciones Públicas es el segundo mayor de la UE y España está obligada a reducirlo.
Ante esto se abren varias alternativas. Por ejemplo, que: i) quienes hacen esas propuestas no se han parado a pensar o no conocen los datos aquí aportados; ii) se trata de propuestas que se hacen a sabiendas de que nunca serán puestas en práctica; iii) se omite decir que, además de las grandes empresas, también tendrán que pagar más impuestos las familias y las pequeñas empresas.
El sistema de pensiones tiene un problema estructural por el envejecimiento de la población. Si en lugar de buscar soluciones sostenibles a largo plazo, los políticos se distraen con ocurrencias para buscar un provecho inmediato, el problema de las pensiones se agravará. Y ya sabemos quiénes pagarían el coste: los actuales y futuros pensionistas.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)