El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a que, si finalmente gobierna, bajará "los principales impuestos" en la segunda parte de la próxima legislatura, principalmente el IRPF, para el que propone un tipo máximo del 44% (el tipo máximo en el tramo estatal está ahora en el 45%), frente al 56% que actualmente se aplica en comunidades como Cataluña o Andalucía.
En un desayuno informativo organizado por El Economista, Rivera ha justificado su medida alegando que una persona que cobra 40.000 euros brutos al año y paga el IRPF, una hipoteca y los gastos de sus hijos "no es rica".
En este contexto, ha señalado que la clase media será la principal beneficiada de la política económica y fiscal de C's, porque "si no tira del carro" y se le ponen "más mochilas y piedras en la espalda", entonces "este país no se levanta".
Ajustar el déficit
Eso sí, ha insistido en que primero habrá que cumplir el objetivo de déficit, algo que cree factible ya en la primera mitad de la legislatura haciendo un ajuste de 2.500 millones de euros el primer año y de 6.000 millones el segundo.
Para poder bajar los impuestos y al mismo tiempo cuadrar las cuentas públicas, Ciudadanos intentaría obtener ingresos de la reforma de la Administración Pública y la supresión de duplicidades -por ejemplo, eliminando las diputaciones provinciales- y reforzando la lucha contra el fraude fiscal.
El líder de C's no ha querido dar muchos detalles sobre las propuestas de su partido en materia fiscal, indicando que las detallarán este martes, cuando presenten su programa electoral actualizado y con una memoria económica. Sin embargo, sobre el Impuesto de Sociedades ha avanzado que quieren mantener el tipo actual (que está en el 25% nominal) pero eliminando las exenciones.
Menos dinero para el complemento salarial
Respecto al complemento salarial, una de las propuestas estrella de Ciudadanos en las pasadas elecciones generales, ha indicado que quieren mantenerlo para las rentas más bajas pero que, debido a la situación de las cuentas públicas, tendrán que destinar a su financiación una cantidad inferior a los 7.800 millones que previeron entonces.
Por otro lado, Rivera ha defendido que los bancos españoles cierren sus sucursales y anulen sus convenios en paraísos fiscales y que la Administración Pública "tenga en cuenta" qué entidades han cometido fraude fiscal por esa vía. Asimismo, cree que las empresas condenadas por corrupción no deberían recibir contratos públicos.
"Vamos a hacer que las empresas compitan en igualdad de condiciones, y para eso hace falta acabar con el fraude y perseguir la corrupción", ha subrayado.