Propietario privado o público, que tanto da, pero en definitiva un propietario legítimo, que tiene derecho a que se reconozca y respete su título de propiedad, y que se le reconozca y garantice al disfrute pacífico que tal derecho implica.
La alegría con la que se dispone de uno y de los otros por quienes carecen de título para ello, y la pasividad de quienes deberían garantizar el ejercicio eficaz de aquel derecho, deposita la duda de si lo que estamos diciendo es una doctrina consagrada o una simple quimera.
Vaya por delante, porque siempre hay malintencionados, que, sin atribuirme la condición de especialista, sí que me es familiar la doctrina de los Santos Padres sobre el derecho de propiedad y sobre su función social. San Ambrosio, San Basilio el Grande y San Juan Crisóstomo, entre otros, tienen ricos pasajes que invitan a la reflexión.
Pero, para disipar dudas, nadie puede ser privado o simplemente perturbado en el ejercicio de su propiedad si para ello no media una justa causa y, aun en este caso, con la correspondiente compensación. O sea, nada tiene que ver la función social de la propiedad con la incautación de bienes, tan habitual cuando la izquierda ha conseguido la hegemonía.
Una ministra del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero acuñó con mala fortuna lo que bien podría configurar el epitafio de una sepultura: "El dinero público no es de nadie"; en cuyo caso, como diría el jurisconsulto romano, ante una res nullius, el primero que la ocupe se convierte en legítimo propietario.
El epitafio ha debido de abandonar la sepultura porque no son pocas las autoridades con responsabilidad de garantizar el disfrute pacífico de la propiedad que asumen que el primero que llegue a cualquier propiedad –pública o privada– tiene derecho a ocuparla como si se tratara del legítimo propietario.
Ahí tenemos los innumerables casos de ocupación de fincas urbanas, también de fincas rústicas, aunque algún ocupante condenado vaya a ser candidato en las próximas elecciones, sin olvidar los asaltos a establecimientos comerciales, instrumentos, todos ellos, para gloria de políticos sin escrúpulos en campaña.
Si esto ocurre con los bienes, qué decir de la administración del dinero público. Cuando la portavoz del Ayuntamiento de Madrid anuncia que se va a aprobar la reducción de jornada de trabajo de los funcionarios municipales a 35 horas, se supone que al mismo salario actual, a esto llamamos algunos administración desleal de la función pública. Nada que ver, como pretende la portavoz, con la justicia social.
Si sobran horas de trabajo en la plantilla municipal, la solución es reducir el empleo público y disminuir el presupuesto de personal del Ayuntamiento, pero no aprovechar políticamente la dádiva de un salario pagado sin contrapartida del trabajo realizado.
Los Gobiernos que así actúan, olvidando su deber, no están conformados por jóvenes de buena voluntad y buenas ideas, como algunos supusieron.