El Ayuntamiento de Madrid encabezado por Manuela Carmena ha hecho público que desestimará la iniciativa de las "Cocheras Cuatro Caminos" en el distrito de Chamberí. Este nuevo escándalo es aún más alarmante que los casos del Edificio España o del Distrito Castellana Norte. En esta ocasión los perjudicados directos no son un empresario chino multimillonario o grandes bancos sino las 440 familias (o individuos), una importante cantidad de baja renta, que forman parte de la cooperativa promotora del proyecto.
Éstas habían invertido ilusionadas sus ahorros de muchos años para comprar una casa, en muchos casos una vivienda protegida, y ahora ven como, aparentemente, por intereses políticos o de grupos de interés cercanos a la corporación municipal y minoritarios en el barrio, se quedan sin sus casas. De confirmarse dicha desestimación no será un banco quien les desahucia o una inversión en preferentes la que les haga perder su dinero sino el Gobierno de Ahora Madrid y Podemos de Manuela Carmena.
Por otro lado, frente a lo que se está publicando y diciendo desde los representantes del Gobierno Municipal, la iniciativa presentada cumple con la legalidad vigente como veremos a continuación. Sin embargo, el Gobierno Municipal quiere desestimarla para, muy probablemente, posteriormente realizar una modificación puntual del Plan General y cambiar por completo la ordenación actual establecida por el planeamiento vigente. De confirmarse esta idea, estaríamos ante un claro caso de utilización del planeamiento a favor de los intereses políticos de una corporación y de grupos de interés y en contra de los derechos legítimos de los propietarios, lo cual, podríamos decir que es la corrupción urbanística más grave que puede haber.
La iniciativa fue presentada hace unas semanas en el Ayuntamiento para que se procediera a su tramitación y correspondiente aprobación. La administración, en vez de realizar un mero requerimiento documental como marca el procedimiento legal, pasados unos días de la presentación, envió a los promotores una carta en el que se decía que el Plan Parcial de Reforma Interior -en adelante P.P.R.I.- contenía la documentación mínima exigida por la ley, se hacía un requerimiento documental y otro técnico sin detalle y fuera del procedimiento y se incluye un párrafo en donde se manifiesta que el P.P.R.I. se "aparta" de los objetivos y/o condiciones de la Ficha del Plan General en lo relativo a la "transformación urbana como resultado de la eliminación en superficie de las cocheras e instalaciones infraestructurales de la compañía Metro de Madrid S.A. - soterramiento de todas esas instalaciones".
Es decir, lo que en el fondo pretende el Ayuntamiento es utilizando un mero requerimiento documental, incluir otro tipo de requerimientos y juicios para hacer pensar, contrariamente a la realidad, que el P.P.R.I. no cumple el Plan General, para justificar, aunque sea injusta la decisión y muy probablemente a sabiendas, la desestimación.
Más de dos años de trabajo
El P.P.R.I. ha sido el resultado de más de 2 años de trabajo del equipo redactor, en intima colaboración con los servicios técnicos del Ayuntamiento con la anterior corporación y la actual. El proyecto a su vez recogía la solución técnica para el soterramiento de la instalación de Metro, resultado de más de 4 años de colaboración y negociación técnica entre Metro de Madrid y Ayuntamiento. La propuesta de soterramiento recogida en el P.P.R.I. fue el fruto de un proceso de desarrollo técnico entre el Ayuntamiento y Metro.
Sumar, que lo más grave de todo este asunto, es que después de recibir el requerimiento, se habló con distintos técnicos de la administración para solicitar el informe que sostuviera dicha afirmación del requerimiento para poder contestarlo y no se enseñó. Es más, por distintas razones se puede llegar a pensar que no existe dicho informe, como ha sido publicado, y que dicha afirmación se introdujo en el requerimiento siguiendo órdenes políticas. Lo cual sería francamente grave.
¿Por qué la iniciativa cumple el Plan General y la legislación vigente? Los planes generales pueden establecer la ordenación detallada de los suelos urbanos no consolidados que se quieren regenerar o reformar. Sin embargo, por lo general, establecen la ordenación estructural de estas áreas y remiten al planeamiento de desarrollo, que suele ser de iniciativa privada, la ordenación detallada. Forman parte de la ordenación estructural principalmente los usos y la edificabilidad total permitida.
Además, los planes pueden incluir en sus fichas urbanísticas que recogen estas ordenaciones estructurales determinaciones vinculantes que no se pueden incumplir. Sólo si se incumplen estas ordenaciones estructurales o las cuestiones vinculantes establecidas se puede decir que el planeamiento de desarrollo, en este caso, el P.P.R.I., no cumple el Plan General.
Cumple la legalidad
Pues bien, el plan presentado cumple tanto la ordenación estructural como las determinaciones vinculantes establecidas por el Plan General. "La eliminación en superficie de las cocheras e instalaciones infraestructurales de la compañía Metro de Madrid S.A. Soterramiento de todas esas instalaciones" no está recogida dentro de las determinaciones vinculantes de la ficha, únicamente aparece entre sus objetivos y estos no forman parte ni de la ordenación estructural ni de las determinaciones vinculantes del plan.
Por esta razón, es totalmente falso que incumpla el Plan General como se ha dicho y publicado. Es más, los servicios técnicos municipales y la corporación local deben saberlo. Por esta razón, en el requerimiento realizado no se dice que se incumple el plan, sino que se "aparta" de los objetivos de la ficha. De haber sido de otra forma, no tengan la menor duda que, el requerimiento lo hubiera recogido.
Pero es que además, el P.P.R.I. tampoco se aparta de los objetivos establecidos en la ficha. La ordenación presentada elimina en superficie las instalaciones de metro, la superficie pasa a ser un gran espacio libre arbolado y las instalaciones ferroviarias se soterran al desaparecer de la superficie y quedar bajo el parque. El término soterramiento, que no viene definido por el Plan General, significa según el diccionario de la Real Academia española "enterrar (poner bajo tierra)" y/o "ocultar o disimular una cosa". No significa bajar aún más la cota de una cosa o enterrarla a 40 metros de profundidad, significa poner bajo tierra y/o ocultarla o disimularla.
Además, ya el Ayuntamiento de Madrid ha seguido este criterio en otros casos por lo que si se termina desestimando la iniciativa también se estará vulnerando el derecho fundamental de igualdad en la aplicación de la ley recogido en la Constitución Española dado que la propuesta presentada elimina de la superficie el uso ferroviario de Metro de Madrid y entierra bajo un gran espacio libre dicho uso pasando a estar oculto. Por esta razón, es también incorrecto afirmar que el P.P.R.I. se aparta de los objetivos de la ficha del Plan General y, por otro lado, si lo hiciera, tampoco se estaría incumpliendo ni el Plan General ni la legalidad como hemos explicado anteriormente.
Con todo lo explicado es inaudito que la corporación local quiera desestimar la iniciativa porque la solución de Metro de Madrid recogida en el P.P.R.I. "incumple el Plan General de Ordenación Urbanística" dado que "se apartan" de sus "objetivos y condiciones" como se ha dicho desde el Gobierno local según distintos medios. Además, es vergonzoso que, como también se ha publicado, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, diga que la solución "pasa por cumplir esa determinación de la ficha del Plan General que insta a soterrar y a eliminar en superficie todas las instalaciones de Metro" y que el Consistorio ayudará "en todo lo posible para que se reformule la propuesta, bien en el ámbito del actual Plan General o bien procediendo a una modificación puntual del Plan General que solvente las trabas de legalidad ahora existentes".
Por todo lo expuesto, espero que el Gobierno de Manuela Carmena recapacite, acepte la iniciativa y que, si realmente quiere realizar algún cambio, dentro de la legalidad y lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, lo propongan donde procede, es decir, en el periodo de tramitación de la iniciativa urbanística. De lo contrario, estaremos hablando de un escandaloso desahucio y quiebra de numerosas familias y, lo que es más grave, aparentemente cometiendo multitud de delitos.
Gonzalo Melián es doctor arquitecto, experto en planeamiento urbano y miembro del equipo redactor del P.P.R.I. de las Cocheras Cuatro Caminos