Esta semana hemos conocido desde el Banco de España que la deuda pública ha marcado un nuevo récord, al situarse en los 1,095 billones de euros, lo que significa alcanzar el 100% de la riqueza anual del país, siendo la guinda a unos años en el que la Administración ha asumido cada vez mayores niveles de deuda pública.
Aunque será necesario que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme estos datos, estos niveles no se habían visto desde hace más de un siglo, concretamente desde el año 1909.
No es de extrañar estos niveles de deuda, dado que el Gobierno ha recurrido en exceso a la financiación pública, incluso ha incumplido de manera reiterada con el objetivo de déficit. En el año 2011, Bruselas señaló que debíamos cerrar el año con un déficit público del 6%, pero el agujero fiscal ascendió finalmente al 9%.
En 2012, el déficit público fue del 6,7%, mientras que el objetivo se había marcado en el 6,3%. También el año 2013, a pesar de que Bruselas flexibilizó los objetivos de déficit, fue del 6,6%, una décima por encima de lo previsto. Sólo en 2014 vimos que el objetivo coincidía con el déficit de ese año (5,8%). Finalmente, en 2015, el agujero fue del 5% frente al objetivo del 4,2%.
Por esa razón, desde Bruselas se está exigiendo España nuevos ajustes por valor de 8.000 millones de euros en los próximos dos años para alcanzar el 3,7% del PIB en 2016 y el 2,5% en 2017. Por otra parte, la Comisión ha aplazado hasta después de las elecciones generales del 26-J la posible multa por los continuos incumplimientos del déficit a los que el gobierno se había comprometido.
Sin embargo, alcanzar una deuda pública del 100% del PIB no hubiera sido posible sin la actuación del Banco Central Europeo (BCE), interviniendo en el mercado de bonos a través del programa de flexibilización cuantitativa (QE).
Con esta manipulación del mercado, el BCE ha conseguido alterar la curva de rentabilidad de los bonos, concediendo a los estados tiempo extra para que ajustaran debidamente sus presupuestos públicos. Pero el resultado ha sido justamente el contrario: este periodo ha sido un incentivo para que los estados se comporten de manera de laxa con la estabilidad presupuestaria.
Estos niveles de deuda pública contrastan con la idea del presunto "austericidio". No ha habido, en ningún caso, el desmantelamiento del Estado del Bienestar. El resultado de la legislatura de Mariano Rajoy es que el gasto público se ha visto incrementado en un 11% desde los niveles que dejó Zapatero.
Incluso si descontamos la evolución de las actuaciones de carácter general en las que podemos incluir las transferencias a otras Administraciones Públicas -servicios de carácter general, servicio a la deuda y demás-, el gasto público sólo se ha visto reducido en un 0,8% en la última legislatura.
Muchos políticos ponen como ejemplo el modelo nórdico, pero ignoran uno de sus emblemas: la estabilidad presupuestaria. Como podemos ver en el siguiente gráfico, que compara la evolución del déficit/superávit en Dinamarca y España, Dinamarca en los ciclos expansivos ha asumido superávit presupuestario y en los ciclos recesivos déficits.
El caso de España es muy diferente, independientemente de si el ciclo económico era alcista o bajista, asumía continuamente déficits públicos, exceptuando el periodo 2005 y 2007, donde los ingresos de la burbuja permitieron a las cuentas públicas gozar de superávit presupuestario.
Curiosamente, desde 2011 hasta 2016, el gasto social se ha visto incrementado en un 3%, al pasar de 183.231 a 188.130 millones de euros. Una de las partidas que más ha crecido durante estos últimos años ha sido las pensiones, con un incremento del 21%, hasta alcanzar los 135.449 millones de euros en los Presupuestos de 2016.
Por el contrario, las partidas presupuestarias que se han visto más reducidas respecto a 2011, más allá de la inversión pública, son las relacionadas con las prestaciones de desempleo. Si en 2011, esta partida suponía 30.474 millones de euros, hoy asciende a 19.821 millones de euros, un descenso del 35%.
No es algo novedoso que España sea adicta a los déficits públicos. Si nos remontamos al período de 2003 a 2007, España vivía un contexto de estabilidad presupuestaria. Lástima que ese escenario estuviera alterado por los efectos de una burbuja inmobiliaria y de obra civil que permitieron al Estado recaudar unos ingresos extraordinarios, pero igualmente irreales (fruto de la burbuja).
A partir de 2008, el reflejo de esos ingresos burbujeros se empezó a desvanecer y el Estado volvió a registrar un déficit de 45.000 millones de euros. La crisis se agravó en el siguiente año y el Gobierno, lejos de aplicar recortes, decidió aumentar aún más el gasto público, razón por la cual en 2009 el agujero fiscal rondó los 11.7000 millones de euros, todo un récord histórico.