La Comisión Europea (CE) pide a España un esfuerzo de ajustes por unos 8.000 millones de euros, al exigirle una mejora en el balance estructural del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % en 2017 para situar el déficit en el 2,5 % del PIB el año próximo, según su recomendación remitida este miércoles al Consejo de la UE.
La CE recomienda que España tome medidas en 2016 y 2017 para asegurar una corrección duradera del déficit excesivo en 2017, reduciendo el déficit general al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % en 2017, con lo que endurece ligeramente los objetivos que debe cumplir España frente al 3,6 % y al 2,9 % del PIB propuesto por el Gobierno.
El Gobierno considera que la decisión de Bruselas de dar un año de margen a España para que sitúe por debajo del 3% del PIB el déficit público es consecuencia de la "credibilidad" que se ha ganado el país gracias a las reformas económicas que se han ido poniendo en marcha.
Fuentes del Ejecutivo han valorado así a Efe la decisión este miércoles de la Comisión de dar un año de margen a España para que baje el déficit, al tiempo que decidió aplazar la decisión sobre una eventual sanción por el incumplimiento a principios de julio.
El Gobierno ha recibido con satisfacción esta decisión e insiste en que en buena medida se debe a lo que España ha venido demostrando en estos últimos cuatro años gracias a las reformas económicas que ha emprendido, señala las fuentes. Además, afirman que las medidas adicionales que Bruselas exige a España ya se han empezado a poner en marcha. En concreto, se refieren a la decisión del Gobierno de aprobar un acuerdo de no disponibilidad por importe de 2.000 millones de euros.
El Consejo de Ministros vio el pasado 15 de abril un informe sobre el acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 2.000 millones de euros incluidos en los presupuestos generales del Estado de 2016, lo que no afectará ni al gasto social ni a los vinculados con la seguridad.
La decisión, explicó entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que instó a España a tomar medidas para corregir la desviación del objetivo de déficit, que en 2015 cerró en el 5% del PIB frente al 4,2 % comprometido. El Gobierno también se refiere a las nuevas normas contables para las comunidades autónomas.
La posible multa se decidirá en julio
Por otro lado, la Comisión Europea ha aplazado hasta principios de julio la decisión que debe tomar para certificar la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo de déficit de 2015, que iniciaría el proceso para imponer una multa a España del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.
El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario se ha reunido este miércoles para debatir si España y Portugal tomaron acciones efectivas para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. Sin embargo, Bruselas ha decidido aplazar la decisión final sobre esta cuestión en ambos casos.
De esta forma, el proceso que desencadenaría en una sanción se iniciaría después de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 26 de junio. España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas del 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas, que era del 4,2%.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, afirmó este miércoles que "no es el momento" en términos económicos ni políticos para que Bruselas decida si abre un expediente a España que podría derivar en una multa multimillonaria por incumplir sus objetivos de déficit.
"Hemos concluido que no es el momento correcto ni económico ni político para tomar esta medida, pero volveremos a (analizar) esta decisión a principios de julio", señaló Moscovici en una rueda de prensa. "Es cierto que va a haber elecciones en España el 26 de junio y que no tenemos un gobierno ante nosotros que pueda tomar las medidas que sean necesarias", añadió.
No obstante, el comisario dijo querer "reafirmar la voluntad rigurosa de la Comisión Europea de hacer respetar las reglas" y recordó que en julio se analizará la situación de el país, así como de Portugal, teniendo en cuenta "la situación pasada y los compromisos tomados a futuro". Moscovici detalló que el Ejecutivo comunitario ha tenido también en cuenta el ciclo económico actual, ante la ralentización mundial y de la mayor parte de los socios comerciales del club comunitario, y la necesidad de "consolidar los motores de la recuperación interna en la Unión Europea y en la zona euro".
Preguntado por las previsibles críticas que puede recibir ahora la Comisión Europea por no haber hecho una interpretación más estricta de las reglas europeas de disciplina fiscal establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Moscovici aseguró que éstas "no son decisiones fáciles de tomar".
"La orientación (de la Comisión) puede ser criticable (...) pero lo cierto es que hemos tenido en cuenta el momento del ciclo económico en el que estamos que es un momento en el que se trata de dar señales y a la vez (asegurar) el respecto por las reglas, así como apoyar el crecimiento con una política presupuestaria que ha pasado a ser ligeramente expansionista", dijo.
"También tenemos en cuenta, y creo que nadie nos lo puede criticar, que lo dos país han sufrido la crisis, que su tasa de paro sigue siendo extremadamente alta y que ambos han hecho en el pasado esfuerzos significativos en materias de reformas, igual que Italia", apuntó. Aseguró que la decisión de dar un año a España y Portugal y no dos como recibió Francia tiene que ver con los cálculos que maneja la Comisión, para "mantener la presión suficiente".