En estos días se cumplen 30 años de vigencia de la Ley General de Sanidad, la norma que regula con detalle y con extrema rigidez el sistema sanitario español. Pocos meses atrás cumplía sus 30 años otra ley emblemática del socialismo que también sigue vigente, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Muchas otras áreas clave siguen regidas por leyes aprobadas por la izquierda hace dos o tres décadas. El Partido Popular renunció hace ya años a sustituirlas. No hace falta decir que ni siquiera se planteó que muchas leyes lo que habría que hacer es simplemente derogarlas y devolver el poder de decidir a los individuos. Demasiadas veces el PP cree que su papel es administrar bien el terreno de juego definido por la izquierda, aplicando las reglas que los socialistas dejaron establecidas, en vez de plantear ideas alternativas.
Es exactamente lo contrario de lo que la izquierda hace cuando gobierna. Felipe González dedicó su mayoría absoluta a aprobar las leyes esenciales de su programa político. Zapatero, incluso estando en minoría, también definió el terreno mediante leyes. Muchas de ellas siguen vigentes, aun con todas las modificaciones y reformas, a veces importantes, que han sufrido durante los años posteriores.
En esta legislatura de mayoría absoluta, Mariano Rajoy ni siquiera se ha planteado que fuera necesario revisar toda esa trasnochada legislación socialista. Con la casi única, aunque notable, excepción de la reforma laboral, el resto de la obra de estos años de Rajoy no ha pretendido sustituir los marcos de referencia generados por la izquierda, sino únicamente gestionarlos o administrarlos. Contrasta esto con lo que se sigue viendo en la izquierda. El reciente pacto entre Podemos e IU incluye hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y nuevas leyes de educación, de contratos públicos, del derecho de expresión y de manifestación, de aguas o del cambio climático. La extrema izquierda piensa que hacer muchas leyes arregla los problemas del mundo, aunque en realidad sea más bien al contrario.
Lo cierto es que las leyes definen el marco conceptual que domina la actuación de los poderes públicos en un determinado ámbito. Y claramente el Partido Popular de Rajoy no siente que sea necesario modificar el marco de ideas de la izquierda. Tiene esto mucho que ver con la renuncia total y evidente a plantear cualquier tipo de batalla en el terreno ideológico. Es no darse cuenta de que si uno renuncia a aplicar sus principios, simplemente aplica los de sus adversarios.
La Sanidad es precisamente un terreno que necesita imperiosamente la derogación de la ley socialista de hace 30 años. No lo hará el PP, pero tampoco Ciudadanos, cuyo portavoz de Sanidad en el Congreso decía hace unos meses que "en Sanidad, Ciudadanos se siente más cerca de Podemos que del PP". En España ningún partido se toma en serio la imposibilidad de mantener tal cual un sistema que gasta mucho más de lo que requiere el restablecimiento de la salud y la prevención de la enfermedad, como consecuencia de la rigidez de la gestión pública con funcionarios vitalicios. Otros países tan serios como Holanda, Suecia, o en cierto modo Alemania, han reformado su sistema público sanitario, encomendando al sector privado que preste el servicio público de salud. Aunque sus resultados sean buenos, en España nadie se atreve ni siquiera a pensar en derogar una ley obsoleta y equivocada de los tiempos de Felipe González.