El malestar del resto de actores implicados ante la presentación del plan alternativo de Manuela Carmena para el norte de la ciudad es evidente. Y es que Ahora Madrid decidió no desvelarles antes los detalles de su proyecto. Así las cosas, desde Distrito Castellana Norte (DCN) no hay una reacción oficial al anuncio del Ayuntamiento. Su respuesta es que no pueden valorar algo que no conocen. Lo único que saben y de lo que tienen constancia es de lo que contiene el PDF de 14 páginas que se ha entregado a la prensa. Hay que recordar que el proyecto de DCN acumula más de 13.000 folios de informes técnicos, planos, desarrollo, costes, memoria económica, etc.
En este punto, por lo tanto, habrá que esperar a ver cuándo se pone en contacto el Ayuntamiento con quien tiene el derecho de explotación de la mayor parte de los terrenos, algo que sucederá en las próximas semanas, según aseguraron desde el Consistorio.
En la presentación del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se ha repetido en varias ocasiones que el 80% de los terrenos son públicos, pero no es cierto, al menos no desde el punto de vista de un hipotético desarrollo urbanístico. El 61% de los terrenos es propiedad de Fomento-ADIF y DCN tiene un derecho de explotación en exclusiva sobre ellos. La empresa ganó ese derecho en un concurso público en el año 1993 (y pagó por ello). Si se da luz verde al proyecto está obligada a pagar por esos terrenos a ADIF unos 1.200 millones de euros. Por eso, el Ayuntamiento no puede disponer de esos terrenos ni asimilarlos a otros solares públicos, porque no lo son. Nadie puede construir ahí salvo que DCN lo autorice.
Desde Fomento, el otro gran actor en esta cuestión, critican igualmente que Madrid, Puerta Norte -que así es como se ha rebautizado al plan- se haya presentado sin acordarlo antes con nadie. "La propuesta consensuada por los promotores fue fruto de más de un año de negociación", señalan fuentes del departamento dirigido por Ana Pastor. "La alcaldesa ha hecho esta nueva propuesta sin consultar con los propietarios y no ha precisado cuál es el compromiso de inversión del Ayuntamiento". Desde el Ministerio recuerdan que el acuerdo con DCN tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre y "esto supondrá una dilación de años y puestos de trabajo".
La Comunidad de Madrid, por su parte, teme que este nuevo proyecto suponga un mayor gasto público y se queja, igualmente, de no conocerlo pese a que debe participar en él la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha admitido que sólo ha visto un "avance" del proyecto, y que por tanto el Gobierno no tiene información suficiente, pero ha augurado que el hecho de que haya menos edificabilidad hace temer que los promotores asuman menos cargas y que, por tanto, haya más gasto público. "Es lo que podemos deducir, pero no tenemos conocimiento del proyecto", ha dicho el portavoz.
"Para una modificación de esta naturaleza hubiera sido conveniente contar con la Comunidad, por lo menos en dar información. Echamos de menos que se nos haya informado convenientemente", ha añadido.
Pero no solo habría sido conveniente contar con la Comunidad de Madrid. Como ya apuntábamos, la titularidad de los terrenos es clave. Ahora Madrid repite una y otra vez que el 80% son públicos, pero no dice que el 60% del total son propiedad de Adif, sobre los que DCN tiene un derecho de explotación en exclusiva. Es decir, que lo que se haga en ese terreno tiene que contar con el visto bueno de los inversores privados, que ganaron un concurso público en 1993 que les otorgaba el control sobre más de la mitad del desarrollo del proyecto. En el Ayuntamiento se habla de los terrenos públicos casi en primera persona, como si pudieran disponer de ellos a voluntad. Nada más lejos de la realidad.
C's dice que el proyecto no es legalmente viable
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que el proyecto propuesto por Carmena no es viable en términos legales y critica que no se haya contado con la participación de todos los actores implicados. Así lo ha indicado después de acudir a la presentación y más tarde en una entrevista en Es la tarde de Dieter, de esRadio.
Villacís ha insistido en que desde el Ejecutivo municipal "no son conscientes" de que en el procedimiento administrativo que está en marcha "hay una parte que ya ha presentado su proyecto, que ha contestado a más de 200 demandas", y éste es un capítulo que el Consistorio debe cerrar desde el punto de vista legal. La portavoz ha insistido en que el Consistorio tampoco ha tenido en cuenta que Adif "tiene ya un convenio con el inversor", ha agregado.
La edil centrista ha recalcado que en el plan de ordenación urbana consta que ese espacio debe ser promovido por la "iniciativa privada". En su opinión, todos esos "obstáculos" van a obligar al Ayuntamiento a asumir una responsabilidad patrimonial que "van a tener que pagar todos los madrileños", ha afirmado. La portavoz de Ciudadanos ha indicado que la Operación Chamartín debería generar ingresos al Ayuntamiento y, a su juicio, "va a generar gastos", ha añadido.
Desde el punto de vista de la participación, Villacís ha incidido en que a pesar de que el Gobierno municipal quiere caracterizarse por el diálogo y la participación, este proceso ha sido, en su opinión, una "pantomima" en este aspecto. La portavoz de la formación naranja ha insistido en que el Gobierno municipal no ha contado con C's ni con "todos los agentes" que deberían formar parte del proyecto.
El PP: "¿Quién pagará la fiesta?
También el PP se ha mostrado contrario a los planes de Ahora Madrid. En declaraciones a la prensa tras la presentación del proyecto, el concejal José Luis Martínez Almeida ha dicho que el proyecto de Carmena no tiene en cuenta el acuerdo que había ya con los propietarios y administraciones.
El concejal popular ha destacado que en el último año en varias mesas de trabajo el equipo de Carmena ha expresado las razones por las que no quería la operación Chamartín "y ahora, de repente, sin diálogo previo con los protagonistas, (Carmena) presenta un proyecto estéticamente muy bonito pero sin saber quién le pagará la fiesta".
Martínez Almeida ha insistido en que el Ayuntamiento no ha proporcionado "datos ni cifras reales" y tampoco ha propiciado "el más mínimo diálogo con los propietarios" de los terrenos. "No tiene sentido presentar el proyecto sin haber hablado en ningún momento con los propietarios minoritarios ni con los demás sectores afectados", ha asegurado el concejal del PP.
José Luis Martínez Almeida ha insistido en que ahora sólo hay una "iniciativa unilateral" frente a 6.000 millones de euros de inversión, 120.000 empleos y el acuerdo de administraciones y propietarios que había para la operación Chamartín. "Se nos ha faltado al respeto, no se nos ha respondido, no tenemos documentación" sobre el proyecto, ha dicho el concejal del PP, quien ha lamentado que el equipo de Gobierno, que sólo es propietario minoritario del 15% de los terrenos de la operación, decida renunciar al proyecto acordado de antemano.
El PSOE, encantado
El único grupo que está encantado y que sí ha participado en la elaboración de este proyecto alternativo es el PSOE. La concejal Mercedes González ha expresado su "felicitación" al equipo de Gobierno de la alcaldesa y ha añadido que el apoyo socialista para que gobernase Carmena "era para esto".
En declaraciones a los periodistas, González ha asegurado que se trata de "un avance" de un desarrollo para cuyos pormenores hacen falta dos partes importantes, como ADIF y la sociedad Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH), participada por BBVA (72,5%) y la constructora San José (24,5%).
La concejal socialista ha expresado su deseo de que todos los protagonistas "caminen juntos" en el desarrollo y ordenación de la zona norte madrileña. También ha asegurado que su grupo "conocía el plan y está contento con él" y que, "sin ninguna duda", el Partido Socialista apoyará al Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Fomento si sale ganador en las elecciones generales del 26 de junio próximo.