3,9%. Ése es el nivel de déficit público con el que España cerrará el año 2016 si se cumplen las previsiones de la Comisión Europea. Lo ha anunciado este martes Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros. Es una cifra muy elevada, que implica que nuestro país estará un año más por encima del 3%, el límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Y no hablamos de una décima o dos: incumpliremos por casi un punto del PIB, unos 10.000 millones de euros.
En los próximos meses, ésta será la referencia. De hecho, se discutirá si cumpliremos eses 3,9% que nos augura la Comisión o si lograremos alcanzar el 3,6% que promete el Gobierno. Desde Moncloa, se asegura que el objetivo es que en Bruselas acepten ese 3,6%, que supone ocho décimas más de lo que se había pactado (y que ya implicaba una subida respecto a los primeros objetivos).
Pero quizás el número que debería estar sobre la mesa debería ser el 4,2% - 4,4% - 4,6%. Si hacemos caso a lo ocurrido en años anteriores, la realidad estará mucho más cerca de esas cifras. Es cierto, no son oficiales. En Bruselas el número que está sobre la mesa es 3,9% y en Madrid es 3,6%. Pero ¿tiene sentido seguir hablando de estos datos cuando este mismo Gobierno no ha cumplido ni una sola vez con lo que la Comisión preveía en primavera? ¿No sería más realista hablar de la cifra real? También es cierto que habrá quien piense que como comencemos ya a sacar el 4,5% podemos terminar el año otra vez por encima del 5%.
Todo esto tiene importancia más allá de la cuestión de la décima. Que España termine un año en el 3,4 o en el 3,5% no parece tan importante. Pero sí lo es si lo que está en juego es la credibilidad de un Gobierno y del país al que representa. Y en esto hay mucho que decir. El siguiente cuadro refleja las previsiones que la Comisión Europea realizó en la primavera de los últimos cuatro años. Debajo está la cifra real de déficit con la que España cerró cada ejercicio (sin contar las ayudas a la banca).
Como vemos, la diferencia es significativa año a año. Entre tres y cinco décimas. Y no hablamos sólo de superar el objetivo pactado, que también, sino la previsión de la Comisión, que ha sido cada año más bien pesimista en primavera. Pues bien, incluso ese dato, que ya habría supuesto superar el límite fijado, se ha quedado corto cada año.
De hecho, viendo lo constante del incumplimiento, cabría incluso preguntarse si no puede hablarse casi de un patrón de conducta. Es como si el Gobierno asumiera que ése es el margen de Bruselas le va a dar. Irse más allá sería un problema, porque podría desatarse la furia de la Comisión y el resto de gobiernos europeos. Pero tampoco parece haber una intención real de ajustarse al pronóstico. Fallar cuatro años seguidos, en la misma cuestión y por un nivel casi idéntico parece más un objetivo (aunque nunca se reconocerá como tal) que un error. ¿Realmente le preocupa al Gobierno cumplir con el objetivo de déficit o sólo está aparentando para que no se enfaden en Bruselas?
Dicho esto, llega la segunda cuestión, la que gira alrededor de la importancia real de los objetivos de déficit. Y aquí hay dos cuestiones. La primera es que cada décima de déficit es dinero que hay que pedir prestado para pagar en el futuro. Más allá de que Bruselas acepte o no acepte el objetivo o que proteste por el incumplimiento, es un pequeño lastre para una recuperación sana.
Pero además, hay que tener en cuenta que ni mucho menos España está totalmente fuera de peligro. El propio Gobierno admite en su Programa de Estabilidad que una subida de los precios del petróleo o un cambio en la política de tipos de interés, dos factores que no puede controlar, pueden reducir el crecimiento a la mitad. Si uno tiene más o menos controlado el déficit o si sus previsiones apuntan a terminar el año con medio punto de margen, puede hacer frente a un shock externo con algo de flexibilidad. Si estás pensando en el 3,9% cuando tu objetivo era el 3,0%… no hay muchas opciones.
En este sentido, vuelve la cuestión de la fiabilidad. España se está financiando a unos precios históricamente reducidos en buena parte porque tiene detrás el respaldo del BCE y de la Eurozona. Pero si eso se acaba (y al fin y al cabo no es más que una decisión política, que puede cambiar de un día para otro) la prima de riesgo y el coste de financiación pueden dispararse en cuestión de semanas.