El gobierno local de Berlín espera poner coto al alquiler de viviendas para turistas con una normativa que obliga desde el 1 de mayo a registrar las casas o apartamentos arrendados con fines turísticos y establece elevadas multas para quien no respete la nueva regulación. Según The Guardian, ahora plataformas como Airbnb sólo tendrán permitido comercializar habitaciones de viviendas y no podrán hacerlo de la vivienda completa.
Si no solicitan el permiso, el gobierno local amenaza con multas de hasta 100.000 euros. Las autoridades dispondrán de un plazo máximo de dos años para gestionar el permiso, aunque se podrá ejercer dicha actividad a los catorce meses de iniciar el proceso si la administración no ha tomado aún una decisión al respecto.
"Las viviendas son para vivir en ellas", ha subrayado el responsable de Planificación Urbana y Medioambiente de la ciudad, Andreas Geisel.
Su departamento espera recuperar para el mercado de alquiler cerca de 12.000 viviendas, es decir, aproximadamente un 1,5% del total de 1,9 millones de hogares en la capital alemana, según cálculos de la revista Focus.
La Asociación de Inmobiliarias de Berlín (BFW) cuestiona estas cifras y estima que la repercusión a corto plazo será de un 0,7%, "un porcentaje ridículo", según manifestó al diario Berliner Zeitung su vicepresidente, Bernd Strehlow, que estimó que se podría poner en peligro el modelo de alquiler turístico en la ciudad.
El gobierno berlinés, formado por una coalición entre socialdemócratas (SPD) y democristianos (CDU), rechaza que el turismo se vaya a ver afectado, ya que la oferta hotelera, a su juicio, es suficiente.
Según las cifras facilitadas por Airbnb, alrededor de 20.000 berlineses ofrecieron el año pasado alojamiento a turistas a través de su plataforma y unas 568.000 personas encontraron cama en la capital alemana en la misma página.
Un "anfitrión tipo" ganó alrededor de 1.800 euros en todo el año, ya que casi tres cuartas partes de los alojamientos ofrecidos estuvieron alquilados menos de 90 días.
Según Berlín, hasta el momento hay 6.300 viviendas que han solicitado el permiso, de las alrededor de 23.000 detectadas en 2015 tras analizar diversas plataformas de internet.
Las autoridades investigan 1.200 apartamentos que podrían estar en situación irregular y otras 2.800 casos denunciados por la población.
La nueva ley entró en vigor el 1 de mayo de 2014 aunque contemplaba un periodo de transición de dos años para buscar inquilinos estables o para solicitar el permiso para ofrecerlas como apartamentos turísticos.