La repetición de las elecciones generales ha generado un nuevo debate sobre la necesidad de que los partidos políticos sean austeros en sus campañas y que el Estado gaste lo mínimo posible en su celebración, dando así una imagen de ahorro que no puede resultar más irreal y absurdo.
Repetir las elecciones el 26 de junio supondría unos 136 millones de euros en gastos fijos, casi lo mismo que en los comicios del 20 de diciembre. Esta partida es muy difícil de recortar, salvo que los partidos renuncien a los más de 49 millones de euros que supone el envío de propaganda electoral. Y es que, mientras que unos critican la repetición de las elecciones por el gasto que supondrá y otros enfatizan la necesidad de reducir al máximo esta partida, lo cierto es que se trata de una gota de agua en un auténtico océano de gasto -y despilfarro-.
En este sentido, cabe recordar que el conjunto del sector público gastó un total de 468.421 millones de euros en 2015. Esta cifra equivale a un gasto medio de 1.283 millones al día o, lo que es lo mismo, 53,5 millones cada hora. Así pues, la famosa partida electoral de 136 millones es lo que se funde el aparato estatal en apenas dos horas y media. Es decir, el polémico gasto extra de celebrar elecciones tan sólo representa 2,5 horas de funcionamiento estatal…
La repetición de las elecciones equivale a 0,03% del gasto público en España. Resulta, cuando menos hipócrita, que los políticos se rasguen ahora las vestiduras por ese incremento del gasto al tiempo que obvian los grandes despilfarros que se cometen por doquier y a diario. El gasto de unas nuevas elecciones se podría compensar con un mínimo recorte del 0,03% en el conjunto de la estructura estatal, ya que los gastos de organización son de difícil reducción.
Un partida difícil de recortar
Son numerosas las voces que piden que, si hay que ir de nuevo a votar, se haga una campaña más austera y con contención del gasto, aunque ese llamamiento deberán atenderlo fundamentalmente los partidos en sus actos de campaña, ya que de los gastos de organización de los comicios son prácticamente fijos.
En todo caso, es el "mailing" el mayor gasto para el Estado y, de hecho, el capítulo de envío de publicidad pasó de los 38,4 millones de euros de las elecciones generales de 2011 a 49,2 millones en las últimas, casi 11 millones de euros más, motivado por la concurrencia de más partidos.
Independientemente de las subvenciones y de los gastos de la campaña que haga cada partido, el Estado les abona -a posteriori- para el envío de sobres, papeletas y propaganda 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura haya obtenido el número de parlamentarios o de votos preciso para constituir grupo en una u otra cámara.
No obstante, la supresión del envío de propaganda y papeletas de los partidos a domicilio que ya ha estado en varias ocasiones sobre la mesa, no cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya que quienes se oponen entienden que redundaría en una caída de la participación.
De la importancia de esta partida da idea el informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de los partidos en las elecciones generales de 2011 -el de 2015 aún no está disponible-, según el cuál, cerca del 40 por ciento del gasto electoral conjunto de las fuerzas políticas en esos comicios (65,01 millones de euros) correspondió al envío de propaganda electoral, 25,91 millones, informa Efe.
Con todo, y dejando aparte la remisión de propaganda electoral por parte de los partidos, entre los gastos de organización de las elecciones generales quedan otros 86,7 millones de euros de gastos fijos y que más o menos se mantienen estables en las últimas elecciones.
- Es el caso de los 17,3 millones que supone realizar el escrutinio provisional y los medios informativos, la partida más elevada después de la del envío de propaganda.
- Por detrás figura el presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad, de difícil ajuste, y que en las últimas dos elecciones generales se ha mantenido en 12,7 millones de euros que supone el despliegue de 90.000 agentes -más de 28.500 policías y casi 46.000 guardias civiles-, además de los efectivos de los cuerpos autonómicos y locales.
- También fijo es el capítulo para pagar a los miembros de las mesas electorales, unos 11,7 millones de euros, como el derivado de la propia jornada en adquirir urnas y cabinas -alrededor de 370.603 euros- o el dinero que supone montarlas y transportarlas, alrededor de dos millones. Imprimir las papeletas, sobres y otros documentos como los listados del censo alcanza los 6,3 millones, y empaquetarlos y distribuirlos más de 1,3 millones.
- En torno a los 200.000 euros supone almacenar todo el material electoral, que a su vez cuesta otros 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros.
- Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional.
- Adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros.
- Algo menos, 860.000 euros se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda contemplado como fondo de contingencia.