Aunque ya se creía un tema cerrado, de nuevo vuelve a portada la venta de viviendas públicas que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) realizó al fondo Magic Real State de Blackstone.
En julio de 2013, salieron a subasta 1.860 pisos por los que su adjudicataria -el fondo Blackstone- pagó 128,2 millones de euros, una media de 69.000 euros por piso. Dentro de esta venta se incluyen los comercios, trasteros y plazas de garaje. Un total de 18 promociones, de las cuales unas tenían como destino el alquiler y otras el alquiler con opción a compra.
Los contratos de los inquilinos no se vieron afectados y continuaban con las mismas condiciones, a pesar del cambio de propietario. La venta individualizada tanto a los inquilinos como a otros propietarios durante el período de protección es ilegal, pero no lo es el cambio de propiedad respecto a todo el conjunto inmobiliario. Todo ello está recogido en el Plan Estatal de la Vivienda, que, además fue diseñado por el anterior Gobierno del PSOE, una paradoja teniendo en cuenta que es la izquierda la que habla de venta "ilegal".
A esto hay que añadir un borrador, realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que ha vuelto a poner en duda la operación, basándose en "irregularidades" que ocupan nada menos que 66 páginas. Lo curioso del caso es que el propio Ayuntamiento de Madrid saca a la luz este borrador que va en contra de una venta realizada por la misma institución, sólo que en época de la anterior regidora, la popular Ana Botella.
Sin embargo, la clave de esta polémica es que ya es cosa juzgada, puesto que dos sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial, confirman que la venta fue totalmente legal, tal y como recoge el portal inmobiliario Idealista.
Pero, ¿qué alegan desde Ahora Madrid para afirmar que la operación fue irregular?
- En primer lugar, que el traspaso se hace a un "fondo buitre". Una razón que no varía en nada la legalidad o no de la operación, ya que, mientras la venta sea lícita, no importa si se vende a una persona/empresa o a otra.
- Vulnerabilidad de los derechos de los inquilinos, cuando la sentencia judicial afirma claramente que los nuevos propietarios respetan los contratos con los inquilinos, y que éstos no se verán modificados. Es decir, que seguirán respetando los años de protección oficial, así como el futuro de los pisos con la opción a compra o con el alquiler futuro.
- No contar con la opinión de los inquilinos a la hora de la venta. Una circunstancia que solo se produce en caso de una venta individualizada de las viviendas, y no en su conjunto. Claúsula que, por cierto, está recogida en sus contratos.
Es decir, que a pesar de la insistencia de algunos en demostrar la ilegalidad de esta venta y de utilizar la misma como arma contra la gestión de Ana Botella, la Justicia ya ha clarificado el caso: la venta de viviendas públicas a Blackstone fue 100% lícita.