Los datos demuestran que el problema del déficit en España no se debe al desplome de la recaudación fiscal, sino al mantenimiento de una estructura estatal sobredimensionada, ya que el gasto público permanece en niveles propios de burbuja.
En concreto, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), mientras que los ingresos autonómicos se sitúan 2,3 puntos por debajo del nivel registrado en 2003, los gastos se mantienen 10 puntos por encima, de modo que más del 80% del déficit regional registrado durante este período se debe al incremento que experimentó el gasto durante los años del irreal boom económico.
Los ingresos de las CCAA han retrocedido a niveles de 2002, previo a los peores años de la burbuja, pero el gasto, sin embargo, es muy similar al observado en 2007, justo antes de estallar la crisis, desmontando, una vez más, el mito de la austeridad pública en España.
Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la financiación y calidad de los servicios públicos básicos? Al margen de las pensiones, cuya gestión corresponde al Gobierno central a través de la Seguridad Social, los pilares del llamado Estado del Bienestar, como Educación o Sanidad, descansan sobre las comunidades autónomas. El análisis de sus cuentas a lo largo de los últimos años permite, pues, vislumbrar hasta qué punto son ciertas o no las afirmaciones de que España ha aplicado "recortes brutales" en servicios que muchos consideran esenciales.
Y una vez más, los datos no se corresponden con el discurso oficial. El informe de Fedea detalla la evolución del gasto autonómico por habitante en términos reales (descontando inflación y otros ajustes contables) para medir la capacidad de las CCAA en la prestación de servicios públicos.
En el siguiente gráfico se observa cómo, después de un fuerte incremento tanto de los ingresos como de los gastos reales durante la burbuja, ambas magnitudes retroceden tras el estallido de la crisis, pero de forma muy diferente: los ingresos per cápita de las autonomías regresan al punto de partida (2003), mientras que el gasto real se mantiene 12 puntos porcentuales por encima del registrado en 2003.
La inversión acapara los recortes
Lo más interesante, sin embargo, es el análisis por partidas, ya que permite identificar dónde se han aplicado recortes y dónde no. Así, mientras que la inversión pública (operaciones de capital) se ha desplomado hasta situarse en torno a la mitad del valor registrado en 2003, el gasto destinado al pago de intereses se triplica en pocos años como resultado de la rápida acumulación de deuda y de la subida de la prima de riesgo.
La partida de intereses sólo se reduce sustancialmente en 2015, pasando de 7.900 a 5.400 millones de euros, debido a la "mejora de las condiciones financieras que ofrece el Gobierno Central a las comunidades autónomas en el FLA y otros mecanismos de liquidez", aclara el estudio.
Sin embargo, la clave es que el gasto corriente per cápita (neto de intereses), donde se incluyen los gastos de personal y la prestación de bienes y servicios básicos en manos de las autonomías, registra una caída mucho más modesta a partir de 2009 para, posteriormente, empezar a repuntar en 2013. Como consecuencia, el gasto autonómico en servicios básicos se situó en 2015 en niveles propios de 2008, cuando estalla la crisis.
Evolución del gasto real por CCAA
Asimismo, el análisis por CCAA desvela que, a excepción de Andalucía, el gasto en intereses ha crecido en todas las regiones desde 2003, multiplicándose por entre 1,7 y 5,6 veces, como resultado del fuerte incremento de su deuda; por su parte, la inversión productiva se ha reducido a menos de la mitad en 7 de las 17 comunidades autónomas; pero, una vez más, el gasto corriente por habitante, donde se ubican los servicios básicos, "es superior al observado en 2003 en todas las regiones españolas, situándose en promedio un 23,1% por encima de esta referencia", destaca el informe.
"No se ha llegado a hueso"
Así pues, los servicios públicos básicos no han sufrido recortes durante la crisis, ya que se mantienen en niveles propios de burbuja y muy por encima del gasto existente en 2003, "un año en el que no parece que hubiera excesivas quejas sobre la calidad de los servicios públicos fundamentales en nuestro país", añade Fedea.
La conclusión, por tanto, es clara. No es cierto que se hayan aplicado "recortes brutales de gasto que estén poniendo en peligro el núcleo del Estado del Bienestar", tal y como se afirma habitualmente. Según el informe, "la conclusión de que hemos llegado al hueso parece bastante arriesgada. De hecho, si fuese correcta, habría que analizar por qué las administraciones regionales han sido capaces de mantener la calidad de los servicios fundamentales pese a contar, en principio, con recursos suficientes para ello".