El 4 de diciembre de 1988 fue elegido por mayoría absoluta Carlos Andrés Pérez para ocupar la Presidencia de Venezuela. La caída de los precios del petróleo había dejado al que era uno de los cuatro únicos países latinoamericanos considerados por el Banco Mundial como "middle-income economy" en una situación realmente complicada. La inflación era superior al 75% anual y la fuga de capitales no hacía más que acelerarse. El trabajo que tenía por delante la alianza entre Acción Democrática (partido de Carlos Andrés) y Copei no era, desde luego, nada agradable.
Con el respaldo del FMI, el Gobierno tomó una serie de medidas que tenían como objeto estabilizar el país: apertura comercial, reducción del déficit fiscal y flexibilización de las relaciones laborales, entre otras. La oposición a las mismas fue rotunda. El 27 de febrero de 1989 estalló una revuelta social a gran escala conocida con el nombre de Caracazo.
Saqueos a comercios y quema de vehículos fueron representativos de la revuelta. Tanto la FEDEAGRO, patronal defensora de los productores agropecuarios, como la FNEP, federación representante de los funcionarios, impulsaron esta revolución. La primera veía amenazados sus intereses económicos por la competencia de los nuevos productos de importación, mientras que la segunda temía que la reducción del tamaño del Estado pudiera dañar los suyos.
Al Gobierno no le quedó otra opción que declarar el estado de sitio, siendo necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para el restablecimiento del orden. La represión fue contundente: las cifras oficiales señalan que se produjeron más de 350 muertes. Si bien se lograría apaciguar la revuelta social temporalmente, las tensiones continuaban entre la población.
Fue en este contexto en el que, el por entonces comandante de la unidad de élite de paracaidistas, Hugo Chávez, lideró un fracasado golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, logrando tomar el cuartel de San Carlos de Caracas, pero no así el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.
Este hecho le costó la entrada en prisión, no sin dirigirse previamente mediante canal televisivo al pueblo venezolano pronunciando las palabras: "Asumo mi responsabilidad". A partir de este momento, la popularidad de Hugo Chávez no haría más que crecer. Los partidos tradicionales habían perdido, a causa de la corrupción, toda credibilidad ante el pueblo, el cual cada vez veía más claramente una alternativa política en el comandante preso.
El propio Carlos Andrés fue acusado por malversación de fondos por apoyar con dinero público al movimiento Anti-Sandinista de Nicaragua, hecho que acabó reconociendo él mismo. El Congreso nombraría a Ramón Velásquez para sustituirle. En el año 1993, el Gobierno convocaría elecciones y, Hugo Chávez, desde prisión, haría un llamamiento a la abstención, la cual alcanzaría cotas superiores al 50%. Rafael Caldera, de Copei, fue entonces investido presidente con el apoyo de su partido aliado Acción Democrática.
La situación económica continuaba siendo notablemente grave: el desempleo y la inflación eran elevados, la situación financiera de la banca no hacía más que empeorar y el bajo precio del crudo no favorecía a un país dependiente de la exportación del mismo. Fue en estas circunstancias bajo las cuales Rafael Caldera indultó a Hugo Chávez, considerado ya por gran parte del pueblo como un personaje digno de admiración. El movimiento por él liderado se instituyó como organización política, participando en las elecciones de 1998 con el nombre "Movimiento V República", obteniendo un 56% de los votos.
Éste es el momento en el que comienza la transformación de Venezuela en el país que hoy conocemos. El nuevo Gobierno propone el denominado "Programa Económico de Transición 1999-2000". En él se hablaba de "una organización social de la producción, en la que el mercado como mecanismo fundamental de la asignación de recursos y factores incorpore formas organizativas complementarias de propiedad privada […] como el cooperativismo y las asociaciones estratégicas de consumidores y productores". Con carácter general, el proyecto defendía la necesidad de la intervención estatal en la producción, así como del fortalecimiento de la industria nacional desde el propio Gobierno.
Al igual que las reformas de Carlos Andrés, las de Hugo Chávez tuvieron notoria oposición en ciertos sectores. El sindicato CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), opositor del nuevo régimen y vinculado al partido Acción Democrática, convocó una marcha que se dirigió al Palacio de Miraflores con la voluntad de sacar de él al nuevo presidente.
Los medios de comunicación privados hicieron publicidad de dicho acontecimiento para tratar de darle sustento. La multitud se encontraba alrededor del Palacio exigiendo la renuncia de Hugo Chávez, el cual hizo un llamamiento a su militancia para que le protegieran del posible asalto. Al mismo tiempo, se dirigió al país a través de ciertos medios de comunicación, logrando sofocar la revuelta.
Sin embargo, la política intervencionista del movimiento chavista continuó su camino hasta la actualidad. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la Formación Bruta de Capital Fijo, es decir, el valor de las adquisiciones de activos fijos, muestra una clara predominancia en este ámbito del sector público sobre el privado y una caída muy notable de este último a raíz del Programa Económico de Transición 1999-2000 de Hugo Chávez.
El ingente gasto público tan sólo ha podido ser sostenido mediante la impresión de papel moneda a gran escala. La evidente consecuencia de ello, como habría demostrado Milton Friedman, es una inflación desmesurada. El propio Banco Central Venezolano ha reconocido una inflación del 180% en 2015 y el FMI prevé que se incremente hasta el 720% para 2016.
Ello genera que el poder adquisitivo de la población se vea mermado día tras día, a lo que hemos de sumar el desincentivo que supone para el ahorro y la traba que implica para los inversores internacionales, que no pueden realizar previsiones sobre posibles retornos económicos, dificultando así la atracción de capital al país.
La reciente caída de los precios del petróleo sitúa a Venezuela en una posición realmente complicada. La cantidad de dólares en la economía, en consecuencia, ha disminuido de forma alarmante: en enero de 2016 han entrado al país unos 77 millones de dólares, en comparación con los 3.000 millones de 2014 y los 815 de 2015, para el mismo mes.
El Gobierno del ya fallecido Hugo Chávez había establecido un sistema de control del cambio de divisas en 2003 para evitar la fuga de capitales. A través de él, trataba de limitar la cantidad de dólares que los venezolanos podían comprar (pues implicaban venta de bolívares). Sin embargo, la necesidad de dólares para la importación de productos es vital, lo que da lugar al surgimiento de un inmensurable mercado negro que conlleva a la existencia de dos tipos de cambio totalmente dispares, siendo unas 10 veces más alto el no oficial.
Esto hace que sea imposible para las empresas hacer negocio alguno en Venezuela, pues no pueden importar productos si carecen de dólares. El resultado evidente es la escasez de bienes, lo que ha desatado la violencia en las calles del país, situándolo como una de las regiones más peligrosas de toda América Latina, con unos 3 asesinatos por hora.
El Gobierno venezolano culpa a las multinacionales de conspirar contra el propio país, provocando escasez de productos para tratar de derrocar la "exitosa" Revolución Bolivariana, y ha actuado en consecuencia: el salario mínimo ha crecido de manera considerable, gran parte de los productos sufren intervención de precios y Nicolás Maduro ha impulsado la creación de un Banco de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria.
Decía Groucho Marx que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Parece claro que, al menos en el caso de Venezuela, nuestro querido Groucho no andaba muy lejos de la realidad.