Al igual que sucede en Medicina, si el diagnóstico sobre un determinado problema económico es erróneo, la solución a aplicar no solo no será efectiva sino que, en última instancia, acarreará consecuencias negativas y contraproducentes.
Esto es, precisamente, lo que ha sucedido en España a lo largo de los últimos años para afrontar el problema del déficit público. Primero el PSOE y después el PP han creído, erróneamente, que el origen del histórico agujero fiscal que registró el país tras el estallido de la crisis se debe al desplome de la recaudación y no al mantenimiento de un sector público sobredimensionado.
Y puesto que ningún Gobierno -ni partido político- ha cuestionado esta afirmación, socialistas y populares se han dedicado a subir de forma muy sustancial los impuestos que soportan familias y empresas en lugar de acometer una profunda reestructuración estatal, con el resultado ya conocido por todos: incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit y líderes europeos en desequilibrio presupuestario, tan solo superados por Grecia.
El Banco de España (BdE), con Luis Linde a la cabeza, ya advirtió en 2012 que el problema del déficit era "estructural" (exceso de gasto) y no "coyuntural" (caída de ingresos) como ha defendido el Gobierno de Mariano Rajoy. Pese a ello, en España se ha instalado el discurso de que se han aplicado fuertes recortes de gasto, cuando los datos señalan justo lo contrario.
A saber, que el gasto público sigue siendo excesivo y que, por tanto, la tan manida austeridad brilla por su ausencia. El BdE, BBVA Research o la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han elaborado diversos análisis al respecto, pero sus advertencias siguen sin ser tenidas en cuenta por los políticos.
En su nuevo estudio sobre la evolución de las finanzas autonómicas entre 2003 y 2015, publicado este jueves, Fedea pone otra vez en evidencia la errónea estrategia seguida por Zapatero y Rajoy contra el déficit. En este sentido, cabe recordar que las autonomías concentran más del 50% del gasto público total, ejerciendo además las competencias en materia de Educación y Sanidad, objetivo principal de las denuncias sobre los recortes. Además, el autor del informe, Ángel de la Fuente, es uno de los asesores de confianza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La evolución de las cuentas autonómicas en términos reales, una vez realizados los correspondientes ajustes contables, presentan tres fases claramente diferenciadas:
- Entre 2003 y 2009, gastos e ingresos crecen de forma muy sustancial al calor de la burbuja crediticia. Aquí cabe señalar que, pese a que la recaudación fiscal se hundió tras el estallido de la crisis, el reparto de ingresos autonómicos se efectúa con un retraso de dos años, en base a unas previsiones presupuestarias que Zapatero infló, de modo que las CCAA recibieron mucho más dinero del debido en 2008 y 2009.
- Entre 2010 y 2013, gastos e ingresos caen de forma intensa para luego estabilizarse.
- Entre 2014 y 2015, las autonomías relajan sus ajustes, con lo que los déficits tienden a estancarse -ver gráfico-, incumplimiento así holgadamente sus objetivos de estabilidad presupuestaria.
El gasto se mantiene en niveles de burbuja
En concreto, según el estudio, los ingresos de las CCAA aumentan en torno a 15 puntos porcentuales entre 2003 y 2009, se desploman seguidamente más de 20 puntos en dos años y vuelven después prácticamente a su nivel de origen, situándose en 2015 unos 2,3 puntos porcentuales por debajo del nivel observado en 2003.
De la misma forma, el gasto creció 30 puntos entre 2003 y 2009, y se ha reducido desde entonces en 20 puntos, lo que nos deja 10 puntos por encima del registro inicial, alcanzando un nivel de gasto sobre PIB similar al observado en 2007, tal y como refleja el siguiente gráfico
Puesto que los ingresos se sitúan 2,3 puntos por debajo del nivel registrado en 2003 y los gastos se mantienen 10 puntos por encima, el aumento del déficit autonómico registrado durante este período (equivalente al 1,49% del PIB) "se debe en un 18,6% a la pérdida de ingresos en relación a su nivel de partida y en el 81,4% restante al incremento del gasto", destaca el informe.
Así pues, el descuadre de las cuentas regionales -al igual que sucede en el conjunto del Estado- no es fruto de una cuestión meramente coyuntural, como la caída temporal de la recaudación fiscal, sino que responde a un problema estructural derivado del exceso de gasto.
Las CCAA dispararon el gasto público durante los años del boom gracias a los ingresos extraordinarios (e irreales) generados por la burbuja inmobiliaria, pero cuando estalló la crisis esos recursos se evaporaron, hundiéndose a niveles propios de 2002-2003, mientras que las estructuras regionales apenas se han ajustado, permaneciendo así en niveles propios de 2007, en el pico de la burbuja.
La estrategia de PSOE y PP ha sido, pues, errónea, ya que han intentado incrementar los ingresos mediante subidas de impuestos para mantener en pie un sector público sobredimensionado, en lugar de corregir los excesos cometidos en el pasado. Esa recaudación fiscal extraordinaria no regresará en ausencia de nuevas burbujas, de modo que los españoles están condenados a sufrir una mayor presión fiscal y/o un elevado déficit público a no ser que se acometan importantes recortes de gasto.