La cúpula del banco chino ICBC en España habría ayudado a organizaciones criminales a lavar dinero de origen ilícito a cambio de comisiones. A raíz de esta hipótesis, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Parla desplegó el pasado 17 de febrero la denominada Operación Sombra (del inglés Shadow). Las actuaciones culminaron con el registro en la sede de la entidad financiera en Madrid, situado en el Paseo de Recoletos; y la detención de cinco personas, entre ellas el director general en nuestro país, Liu Wei, y su antecesor en el cargo, Liu Gang.
El juez competente envió a prisión a los arrestados. El abogado de uno de los altos cargos recurrió esta decisión alegando que la Justicia no había puesto a su disposición los datos esenciales del caso, tal y como marca la nueva regulación de la leyes de Enjuiciamiento Criminal y Orgánica del Poder Judicial. La Audiencia Provincial de Madrid le ha dado este martes la razón y ha ordenado la puesta Liu Wei y Liu Gang hasta que sus letrados "tengan acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado".
Los magistrados marcan el error cometido por el juez de instrucción, que no habría actuado en base a la nueva redacción de las normas. Los cambios en la legislación se introdujeron a raíz de dos directivas europeas según las cuales sólo podía denegarse el acceso a esta información si supusiera una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona. En este caso concreto, entiende la Audiencia Provincial, "la falta de entrega a los recurrentes de los documentos de la causa le genera indefensión al impedirle articular su impugnación con una información suficiente y mermar su potencial eficacia".
Blanqueo millonario
En la revisión de la sentencia, la Sala ha ponderado otros factores para decretar la libertad. Consideran que no existe riesgo de fuga puesto que Liu Gang se desplazó voluntariamente desde Luxemburgo a España cuando conoció el procedimiento judicial. Añaden que su entrada en prisión resulta "prematura" a estas alturas de la instrucción y que, con todo el material incautado ya en los registros, tampoco hay peligro de destrucción de pruebas.
La investigación apunta al blanqueo de cifras millonarias. Fondos procedentes de la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores. El modelo de actuación que detallan fuentes de la investigación se extendería también a otros países europeos. Al parecer, los altos cargos de ICBC bloqueaban mordidas a los empresarios asiáticos y españoles que demandaban este servicio.
Esta nueva actuación nació a raíz de la llamada operación Snake desplegada en 2015 en el polígono madrileño Cobo Calleja, Barcelona y Valencia. La documentación recabada entonces sirvió a los investigadores para detectar indicios irregulares en el banco. ICBC habría acogido el grueso de los beneficios de las organizaciones criminales intervenidas también por delitos de contrabando y blanqueo de dinero. La Guardia Civil desmembró una de estas bandas, integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen asiático, que se encargaba precisamente de intermediar en el blanqueo. La operación se saldó con 28 personas enviadas a prisión y 60 registros. Se cifró en 300 millones de euros el dinero evadido y en más de 14 millones el fraude.