La Audiencia Nacional ha completado el penúltimo paso para que la cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo responda ante la Justicia por la quiebra de la entidad. Según la juez Carmen Lamela, los ocho acusados falsearon las cuentas para ocultar el agujero, gestionaron de forma irregular el reparto de dividendos y cobraron por adelantado indemnizaciones superiores a 25 millones de euros. Una gestión que desembocó en el posterior rescate de la CAM con una ayuda de 5.349 millones por parte del Fondo de Garantía de Depósitos perteneciente al Estado.
Entre los integrantes de la entidad procesados se encuentra el expresidente, Modesto Crespo Martínez. También los dos exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y otros cinco altos cargos: Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. La magistrada ha habilitado un plazo de 24 horas para que depositen de forma conjunta y solidaria una fianza de 1.592 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. De dicha cantidad responderán también la Fundación CAM de la Comunidad Valenciana y CASER Seguros.
Cuádruple acusación
La Fiscalía Anticorrupción pide que Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco José Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos. En el caso de Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa reclama sendas condenas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros. Solicita para Vicente Soriano diez meses y multa de 12.000 euros. Para todos ellos, pide además la inhabilitación especial para cargo electo y para ejercer la actividad bancaria durante sus condenas.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama nueve años para Modesto Crespo, Amorós, y Sogorb; y tres años para López Abad y Martínez García. Solicita para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En relación a Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros. La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación sube la petición general a 17 años de prisión.
Se les acusa de los delitos de falsedad de las cuentas anuales, manipulaciones informativas, apropiación indebida y administración desleal, falsedad en documento mercantil, estafa y un último relativo al mercado y a los consumidores.
Desmanes en la CAM
La instrucción evolucionó en manos del antecesor de Carmen Lamela en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. El Javier Gómez Bermúdez destacó en sus conclusiones que los estados financieros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2010 y el primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad". De la misma forma, señala que los gestores de la entidad habrían contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de las sociedades filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones, con "un efecto perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica de la entidad".
"Estos estados financieros intermedios de 2011 ocultaban la situación real de la CAM y, al ser remitidos tanto al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, agravaron la situación de insolvencia de la entidad, perjudicaron a inversores y demoraron la adopción de las medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de euros de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos, para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español". Con esta reflexión el magistrado apuntaba a los responsables de la quiebra de la entidad.
Gómez Bermúdez también sostiene que los imputados ocultaron de forma "consciente" a una consultora externa que seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla para prejubilarse, con lo cual se dejaron de contabilizar unas pérdidas de 15,5 millones de euros en el balance de 2010. Por último, tras el fracaso de la fusión con otras cajas, se aprobó la ampliación del expediente de regulación de empleo "sin que se dotaran 50,19 millones de euros que debían aparecer en las cuentas formuladas el 30 de junio de 2011".
El juez instructor detalla, además, que los imputados, sin acuerdo del Consejo de Administración, variaron en su propio beneficio la cobertura de una "prestación adicional" que pensaban sumarse a la pensión de jubilación de los directivos en el momento de retirarse. De esta forma, el 21 de junio de 2010 acordaron el pago por adelantado de 25,6 millones aun cuando conocían la "delicada" situación en la que se encontraba la CAM y su "difícil viabilidad".
Otros dos juicios pendientes
El Tribunal Supremo ordenó el pasado noviembre la repetición de una sentencia que absolvió a dos exdirectivos de la caja de ahorros sin considerar la versión de la acusación particular. Concretamente, el exdirector general, Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés. Acusados de favorecer la concesión de dietas de hasta 308.700 euros a 19 miembros de la entidad, el tribunal presidido por la juez Teresa Palacios dejó a ambos sin cargos en una polémica decisión. Fiscalía y acusación particular pedían seis años de cárcel para el primero y diez para el segundo. Detectaban indicios de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contratos. Este último en dos direcciones, por un lado en relación al cobro de las mencionadas dietas y, por otro, a la concesión de créditos de dinero público a empresas vinculadas al propio Avilés, expresidente de la Comisión de Control de la Caja Mediterráneo.
A mediados del pasado mes de marzo, la juez de instrucción Carmen Lamela también propuso llevar a juicio a dos exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo: otra vez Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco. La magistrada detecta indicios de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada. En el mismo auto, archivó la pieza abierta por la venta de las cuotas participativas.
El Banco de España nacionalizó en julio de 2011 la Caja Mediterráneo, una maniobra que conllevó el cese de los administradores de la entidad. Auditadas sus cuentas, la caja de ahorros recibió una ayuda de 5.349 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos perteneciente al Estado. El Banco Sabadell se adjudicó el 22 de julio de 2011 la entidad saneada por el simbólico precio de un euro.