Mientras los españoles están a la espera de que los partidos lleguen a un acuerdo para formar gobierno o se convoquen elecciones, al ministro de Hacienda en funciones se le avecina la que podría ser su última batalla como responsable de la cartera.
Tras el céntimo sanitario o las ayudas a los astilleros, Bruselas ha puesto ahora en su punto de mira el plan de pago a proveedores de Montoro. Para atajar el problema de la morosidad de las Administraciones Públicas, en el año 2012, Hacienda tuvo una idea que ahora podría volverse en su contra.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro acordó abonar 41.814 millones de euros entre los años 2012, 2013 y 2014 a las empresas o autónomos que acumulasen alguna deuda procedente del sector público. En total, se pagaron más de 8 millones de facturas a más de 200.000 proveedores.
Pero eso sí, para cobrar sus deudas, las empresas tenían que renunciar a los intereses de demora (el 8% anual más el tipo de interés del BCE). El artículo 9.2 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero estableció lo siguiente:
El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.
En total, esos intereses ascendían a 3.000 millones de euros. Han pasado casi cuatro años desde su aprobación, los proveedores ya han cobrado, pero se resisten a renunciar a tan suculenta cuantía por los intereses de demora.
Bruselas se pronunciará en mayo
La polémica se produce cuando una de las empresas afectadas acudió a un Juzgado de Murcia a reclamar y éste, antes de efectuar una sentencia, elevó una consulta a la Comisión Europea (CE), quien tendrá que publicar un veredicto en mayo. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, un lobby que reúne a un millón de proveedores, aseguran que la decisión de Bruselas les dará la razón y que tendrá "carácter vinculante y sentará jurisprudencia".
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que "no entendemos" como Hacienda pudo exigir una quita de los intereses en el plan de pago a proveedores. "Hemos aplaudido el plan, pero eso nos pareció una barbaridad porque es una cláusula abusiva. Cuando tú no pagas el IRPF o el IVA, Hacienda te mete un recargo del 20% por un día de retraso, así que nosotros debemos cobrar los intereses que nos corresponden por ley".
Preguntado por Libre Mercado sobre por qué no denunciaron esta situación antes de acogerse al pago a proveedores, y sí lo han hecho una vez han cobrado el principal, Cañete asegura que "en su día manifestamos que estábamos en contra, pero lo aceptamos porque primero teníamos que respirar (el préstamo) y luego comer (los intereses). Es cierto que esa medida salvó a muchas empresas".
Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro contradicen su versión y han asegurado a este periódico que, en su momento, los proveedores no hicieron "ningún ruido" por la renuncia al cobro de los intereses. También, dudan de que la decisión de Bruselas "sea vinculante para todos los casos. Habrá que esperar". Desde Hacienda, recuerdan que "el mecanismo era voluntario y el que se acogía sabía que renunciaba a los intereses. Era importante para las empresas cobrar, y el Estado lo único que hizo fue adelantarle el dinero a través de las Administraciones".
El 83% nunca reclama
Tan seguros están desde la Plataforma de la Morosidad de que el Gobierno o lo que es lo mismo, el contribuyente, tendrá que correr con los gastos de los intereses de demora, que la entidad ha creado un espacio en su web para que las empresas se descarguen un modelo de carta para reclamar los intereses. Como los intereses prescriben a los cuatro años después de haber cobrado la deuda, Cañete recomienda a los afectados poner la reclamación cuanto antes. También, poseen una calculadora online para la estimación del cálculo de intereses.
Aunque esta asociación ha puesto todo su empeño en reclamar a Hacienda, llama la atención otro de los datos que ellos mismos han publicado. Según su último informe, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca ha exigido intereses de demora a los clientes que no pagaron en 2015. Además, el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La lacra de la morosidad continúa siendo un grave problema en nuestro país, donde el sector público paga a 75 días (cuando la ley establece 30) y el privado a 85 (cuando tendría que hacerlo, como máximo, en 60).