La Operación Chamartín tiene el potencial de crear 120.000 empleos en la ciudad de Madrid. Además, su aprobación se traduciría en el ingreso neto de 868 millones de euros para el consistorio de la capital. Considerando datos como los anteriores, no sorprende que el 75% de los residentes de la Villa y Corte esté a favor de este proyecto urbanístico, un amplio consenso en el que también entra la mayoría de votantes de Ahora Madrid.
A pesar de todo, el gobierno municipal de Manuela Carmena sigue insistiendo en retrasar el proyecto. De hecho, el Ayuntamiento ha tratado de excluir a BBVA y San José, empresas promotoras de la iniciativa, de las reuniones de información sobre la iniciativa. En consecuencia, no sorprende que ambas compañías hayan presentado un escrito ante el consistorio que insta al equipo de Ahora Madrid a abandonar su actitud obstruccionista.
Desde Distrito Castellana Norte recuerdan a Carmena y los suyos que se han emitido casi 50 informes sobre el proyecto, de los cuales ninguno ha sido desfavorable. Tanto BBVA como San José denuncian la "paralización de facto del expediente de aprobación de la Revisión del Plan Parcial" y recuerdan que el retraso acumulado ya llega a los diez meses.
Pero hay más. Los promotores de la iniciativa muestran también su "discrepancia con la celebración de las llamadas "Mesas de Debate" convocadas por el concejal del Área de Urbanismo". Estas jornadas se están desarrollando "al margen del procedimiento legalmente establecido" y "con la confesada intención de replantear la ordenación global del ámbito". El objetivo: reducir significativamente el alcance de la Operación Chamartín, en línea con el discurso anti-empresarial que enarbola Ahora Madrid.
"Indefensión"
BBVA y San José tienen claro que estas actuaciones "constituyen una vía paralela carente de cobertura legal" y que buscan "desvirtuar" la iniciativa "hasta el punto de paralizarla sine die y dejarla sin efecto". Los promotores denuncian que el Ayuntamiento lleva más de cuatro meses sin responder a su petición de aclaraciones y acusan a Carmena y su equipo de moverse "al margen de las previsiones legales" y de "infringir claramente el Plan General vigente", lo que resulta en una situación de "indefensión".
En esta línea, el escrito también cuestiona la actitud de determinados técnicos municipales que, tras haber dado "luz verde" a la iniciativa, han afirmado ahora que "quizás el modelo no es el más adecuado" o que "es necesaria una reflexión profunda antes de acometer el proyecto". En este sentido, Distrito Castellana Norte apunta que "parece que los nuevos criterios de apreciación del actual equipo de gobierno municipal y los técnicos que lo secundan comprometen severamente el principio de neutralidad exigible a quienes deben pronunciarse por la vía de informe con sujeción a criterios técnicos, rigurosamente objetivos y respetuosos con los derechos de los administrados".