El problema de la okupación organizada en el madrileño PAU de Vallecas continúa siendo insostenible. Todo comenzó cuando en 2013 el IVIMA sacó a concurso 2.935 viviendas en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. De esa cifra, 1.103 pisos se ubicaban en el Ensanche de Vallecas, y ahí fue donde comenzó el calvario.
La gestora Encasa Cibeles, propiedad de Goldman Sachs, se hizo con la adjudicación en el segundo semestre. Pero la alegría del ganador se esfumó rápidamente al percatarse de que el 10% de las viviendas de Vallecas se habían plagado de okupas, unas 115 casas.
Después de dos años, la convivencia de los vecinos con estos enemigos de la propiedad privada se ha vuelto insoportable. El foco del conflicto se encuentra entre las calles Eduardo Chillida y Antonio Gades, donde los okupas se han instalado en 3 de los 12 edificios propiedad de Encasa Cibeles. El perfil de estos okupas es de etnia gitana y procedente, en muchos casos, de la zona de la Cañada Real.
"Okupación mafiosa"
"En el Ensanche de Vallecas sufrimos un grave problema, que nos impide vivir en nuestras casas con las mínimas condiciones de dignidad, que cualquier familia disfruta normalmente en su hogar. Esas injustas condiciones se repiten en los alrededores de nuestras viviendas, degradando también nuestro barrio. Ese grave problema se llama okupación mafiosa y nos lleva haciendo la vida imposible desde abril de 2014", aseguraba hace poco más de un mes la Asociación de Afectados por el Ivima en un comunicado.
Según relatan, la okupación organizada del PAU de Vallecas consiste en "bandas que se metieron en muchas viviendas a la vez y empezaron a hacer negocio con ellas, alquilándoselas a otras familias o a sus propios familiares. Estas bandas no venían por necesidad, con intención de convivir. Desde el primer día empezaron a intimidarnos, a ensuciar las zonas comunes de los edificios, a romper los cristales de los portales, los buzones, los porteros automáticos, los ascensores, a robar los extintores, a destrozar los garajes y un largo etcétera de actos vandálicos".
El relato del comunicado es sobrecogedor. "Se apropiaron del espacio común e impusieron su ley. Ya no pudimos descansar por la noche en verano porque montan fiestas hasta altas horas y tuvimos que sacar nuestros coches del garaje porque nos los destrozan", cuentan.
"Cuando intentamos evitar que okupasen nuevas viviendas nos amenazaron con palos, cuchillos e incluso pistolas. Desde entonces la relación es insoportable. Nos insultan cuando nos ven, ya no podemos dejar a nuestros hijos que bajen a jugar a las zonas comunes porque les pegan e intimidan. No nos atrevemos a recibir a la prensa en nuestras casas para denunciar nuestra situación", asegura esta asociación de afectados.
"Trapichean con droga"
Las mismas adversidades cuenta a Libre Mercado la presidenta de la Asociación de Vecinos Pau Ensanche de Vallecas, Rosa Mª Pérez Mateo, quien también califica de "bandas mafiosas" a los okupas que "venden y alquilan" el uso de estas viviendas. "Trapichean con drogas y tienen una convivencia muy mala con los vecinos. Hay amenazas y peleas", relata.
Al estar dentro del régimen del IVIMA, los alquileres en estas viviendas son más que económicos. El precio más bajo está en los 250 euros y la media se sitúa en torno a los 380 euros. Sorprendentemente, Pérez destaca el alto tren de vida que tienen algunos okupas del PAU: "Dentro de estas bandas mafiosas, su poder adquisitivo es mejor que el del resto", asegura.
"Tiene que haber una actuación conjunta de la Policía y servicios sociales. Si sólo es el desahucio, el problema se lo llevan a otro lado y además, estamos hablando de familias y los niños no son delincuentes", afirma Pérez.
La presidenta de esta asociación de vecinos asegura que el diálogo con los okupas es inútil. "La convivencia es insufrible, no se pude hablar con ellos. En la asociación tenemos un servicio de mediación y al principio se estuvo trabajando con ellos, pero ya no funciona", explica. "Hay que realojarlos de manera dispersa en toda la Comunidad de Madrid y no sólo en el sur", clama.
Las responsabilidades
Desde la Asociación de Afectados por el IVIMA responsabilizan a Encasa de abandonarlos "a su suerte" y de "desentenderse de nuestros edificios". Aseguran que para intentar solucionar el problema se han dirigido a Encasa Cibeles, "exigiéndoles que denunciasen a estas bandas para desalojarlas y que pusieran medidas de seguridad que nos protegiesen. Pero la empresa se parapeta tras argumentos legales, echando balones fuera y sin tomarse en serio nuestra situación desesperada.
Distinta es la versión que da un portavoz oficial de Encasa Cibeles a este periódico, que asegura que "todas las okupaciones están denunciadas" y que actúan contra estas personas "con toda la firmeza que permite la ley, pero lamentablemente los procesos judiciales son demasiado lentos".
Según la gestora de las viviendas, en los últimos dos años ha invertido más de dos millones y medio de euros en reforzar las medidas de seguridad: contratación de vigilancia presencial (SECURITAS), instalación de cámaras de vídeo y vídeo vigilancia remota, sensores de movimiento en azoteas, de alarmas, y de puertas blindadas. "Las imágenes y grabaciones obtenidas son facilitadas a la policía, cuando así son requeridas", explican.
Debido a estas actuaciones, aseguran que en los últimos dos años "no se ha producido ninguna nueva okupación ilegal en viviendas vacías".
Respecto a la actuación con las autoridades, desde Encasa afirman que "nuestros equipos de gestión y de mediación social están en contacto permanente con los vecinos; mantenemos reuniones periódicas con la Policía; y también con las autoridades públicas, como el concejal-presidente del Distrito de Vallecas, con quien nos hemos reunido en tres ocasiones. También hay contactos con la Delegación de Gobierno de Madrid".
"Siendo todas las ocupaciones ilegales", diferencian "las económicas, con las de alta conflictividad (mafias y actividades delictivas)". Informan a este periódico de que en el último mes se han producido tres lanzamientos de viviendas okupadas por mafias. "Sólo uno fue realmente ejecutado; en los otros dos casos, los ocupantes abandonaron la vivienda previamente".
Según la presidenta de la Asociación de Vecinos Pau Ensanche de Vallecas, en Encasa "están pagando a los okupas para que se vayan de las viviendas, y esto no soluciona el problema, lo desplaza, porque se están yendo a otras viviendas de la zona que también son del IVIMA". La gestora reconoce que sí que han realizado ayudas económicas a los okupas dentro de un programa que están llevando a cabo de mediación social. Se hace en función del número de hijos y su situación familiar y económica.