El servicio de estudios de la CEOE ha publicado un interesante informe en el que analiza los traspasos de competencias del Estado central a las Comunidades Autónomas con ánimo de establecer criterios de eficiencia para el gasto público.
Llama la atención, de entrada, que el empleo del Estado central se ha ajustado en tiempos de crisis, mientras que el número de trabajadores de las Administraciones regionales experimentó un aumento continuado en los cuatro primeros años de la crisis (2008, 2009, 2010 y 2011). Lo vemos en la siguiente gráfica:
Aunque en 2012 y 2013 sí hubo ajustes, la tendencia en 2014 y 2015 vuelve a ser alcista. Además, las reducciones de plantilla que se dieron simplemente llevaron el empleo público a niveles de 2007, en plena "burbuja".
Competencias y gasto por habitante
En cuanto a las competencias que han asumido las Comunidades Autónomas desde 1978, llama la atención que las regiones más eficientes en términos de gasto, caso de la Comunidad de Madrid, han adoptado 95, 60 y 107 responsabilidades, cifras claramente inferiores a las 189 de Cataluña, las 155 de Andalucía o las 154 de Galicia.
El estudio de la CEOE también permite comprobar que el habitual llamado a aumentar el "gasto social" no tiene por qué traducirse en mejores resultados. Lo vemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid: es una de las regiones con menor gasto en educación y, al mismo tiempo, sale muy bien parada en indicadores como el Informe PISA. Sí es cierto que hay otras comunidades como el País Vasco donde hay más gasto y también buenos resultados, pero la situación es a la inversa en Andalucía, por lo que queda claro que la clave no es gastar más, sino gestionar mejor.
Si atendemos a la remuneración del personal, vemos que Madrid y País Vasco dedican a esta cuestión el 48% de su presupuesto educativo, claramente por debajo del 55% catalán o el 61% andaluz. Hay autonomías en las que se llega al 66% (Extremadura y Canarias) y al 73% (Castilla-La Mancha), claro síntoma de un sistema ineficiente.
Hacia el "cheque" escolar y sanitario
También resulta interesante comprobar la evolución del gasto por habitante en clave de sanidad y educación. En lo primero, la media autonómica son 1.251 euros, mientras que en lo segundo son 832 euros.
Estas cifras nos permiten abrir una reflexión sobre la posibilidad de derivar pacientes y escolares a centros privados con un sistema de "cheque" similar al que ya está implantado en los países nórdicos. Bajo ese parámetro, el Estado se ahorra dinero, lo que reducirá las cargas fiscales de familias y empresas. Además, esto permite aumentar la libertad de elección y fomentar el rol del sector privado en la provisión de estos servicios.
La clave pasaría por permitir que cada contribuyente controle directamente el destino de esos 1.251 euros consignados a sanidad y 832 euros ligados a educación. Todos los proveedores privados podrían optar a dar un servicio a cambio de costes inferiores (con el consecuente ahorro fiscal) o superiores (situación en la que la subida de precio la asumiría el contribuyente, pero partiendo de los umbrales antes señalados y ahorrando que la totalidad del desembolso salga del dinero que le queda después de impuestos).
Gastos de personal
También vale la pena hablar del gasto público dedicado a remunerar al personal que ofrece los servicios públicos. En Cataluña o Comunidad Valenciana, entre el 35% y el 40% de los desembolsos en materia de sanidad van destinados a cubrir nóminas, cifra claramente inferior al 47% de Madrid o el 51% de Navarra y País Vasco.
La situación de Cataluña y Comunidad Valenciana es muy diferente, en cualquier caso, porque la primera deriva el 25% de su gasto sanitario a conciertos con centros privados mientras que la segunda solamente reserva el 6% a este concepto. Por tanto, Comunidad Valenciana organiza su sanidad de manera mucho más eficiente, ya que sin derivar tantos fondos a los conciertos consigue un porcentaje muy similar al de Cataluña en cuanto al coste que suponen los sueldos sobre el total.
