Sorpresa. España cerró 2015 con una deuda pública por debajo del fatídico umbral del 100% del PIB, a pesar de que la mayoría de las previsiones apuntaban lo contrario, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
En concreto, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó los 1.069.876 millones de euros, situándose así en el entorno del 99%. Este nivel es superior al previsto inicialmente por el Gobierno, cuyo objetivo era el 98,7%, pero al menos no toca la cota psicológica del 100%.
Sin embargo, algo no termina de cuadrar. Históricamente, el mes de diciembre suele registrar un importante incremento de la deuda como consecuencia del pago de la extra a empleados públicos y pensionistas. Pero el pasado diciembre, dicho aumento tan sólo ascendió a 2.000 millones de euros respecto a noviembre, frente a los 11.000 millones de 2014, por ejemplo
Se trata del menor repunte en ese mes desde el año 2003, cuando el déficit era prácticamente nulo y la economía española estaba en pleno boom inmobiliario -los ingresos derivados del IVA crecían a un ritmo del 12% frente al 8% actual-. Además, el gasto público en pensiones no era tan significativo, ya que entonces representaba el 30% de los ingresos públicos frente al 43% de hoy en día.
A primera vista, sorprende pues que, dado el actual nivel de déficit y la peor evolución de gastos e ingresos, el incremento de la deuda haya sido tan reducida. Habrá que esperar a la publicación definitiva del déficit público en diciembre para conocer en detalle las causas de tan anómala evolución.
La reducción de la ratio deuda pública sobre PIB en 2015 se explicaría, básicamente, por el mayor crecimiento de la economía española, superior al 3%, superando la previsión inicial del Gobierno, pero esta variable resulta insuficiente para justificar el escaso incremento de la deuda en diciembre.
Así, aún dando por bueno el déficit del 4,5% del PIB anunciado recientemente por Mariano Rajoy, y partiendo de la base de que el PIB nominal creció un 3,8% en 2015 -datos en ambos casos aún provisionales-, la ratio de deuda resultante sería 1 punto porcentual superior al publicado, un ajuste equivalente a unos 10.000 millones de euros.
Esta desviación se puede explicar por dos motivos principales. Por un lado, la aplicación de ajustes contables, derivados del mayor o menor impacto de partidas que no se contabilizan como déficit, pero sí como deuda pública (préstamos destinados al rescate de países de la zona euro, la asistencia del FROB, pago a proveedores y fondo de rescate autonómico, déficit de tarifa, etc.) Y, por otro, ajustes que pueden obedecer a gastos devengados, pero no pagados, y, por tanto, no contabilizados como deuda por el momento.
Si se toma como referencia el déficit del 4,5% del PIB anunciado por el Gobierno y se resta el descuadre oficial publicado hasta noviembre -partiendo de que el superávit municipal en el cuarto trimestre fue similar al de 2014-, la deuda tendría que haber aumentado en unos 8.000 millones en diciembre, como mínimo, y no en los 2.000 reportados. Así pues, aunque todavía se trata de una estimación provisional, es posible que la desviación se deba al segundo efecto descrito: gastos devengados (facturas generadas en diciembre, pero cuyo pago se retrasa a enero o febrero).
Asimismo, sorprende, igualmente, el escaso déficit registrado en diciembre, ya que todo apunta a que el agujero fiscal se acercará más al 5% del PIB que al 4,5% anunciado. En este sentido, cabe recordar que, según el Banco de España, la deuda pública creció en 36.139 millones de euros entre diciembre de 2014 y 2015, una cifra muy inferior (casi 12.000 millones menos) al déficit anunciado por Rajoy (48.000 millones) y que se alejaría aún más en caso de que el desvío presupuestario se acerque, finalmente, al 5%.
Los 'trucos' contables de Montoro
No es la primera vez que las cuentas públicas arrojan dudas razonables acerca de su fiabilidad. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, postergó en 2012 la devolución de tributos de diciembre a enero, aumentando la recaudación en más de 5.000 millones de euros de forma maniquea para intentar cumplir el objetivo del 6,3% marcado por Bruselas. La Comisión Europea tuvo que corregir a Montoro posteriormente, elevando el agujero fiscal de España hasta rozar el 7%.