En los últimos años, el debate sobre la economía colaborativa ha ido a más, con numerosas voces que avalan por el desarrollo de estas nuevas fórmulas de negocio. Sectores como el del transporte o el del hospedaje están ya en el centro de esta transformación, al hilo de la controversia que han generado empresas como Uber o Airbnb.
Pues bien, el nuevo informe del think tank Civismo y la red europea EPICENTER apunta que la economía colaborativa puede mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos hasta el punto de inyectar en la economía comunitaria la nada desdeñable cifra de 572.000 millones de euros.
Esta mejora del poder adquisitivo, generada vía precios bajos en servicios que ahora tienen un coste mayor, se traduciría, de media en 1.000 euros de ahorro por ciudadano o, lo que es lo mismo, unos 2.750 euros en el caso de una familia española media. Así se desprende del informe de Civismo y EPICENTER, firmado por el investigador Diego Zuluaga.
El documento apunta que casi el 50% de los gastos habituales de los hogares europeos puede ser susceptible de experimentar importantes ahorros ligados a los modelos de negocio de la economía colaborativa. Por eso, Civismo y EPICENTER consideran imprescindible "la adaptación de las normas laborales y fiscales a las nuevas circunstancias que introduce este sector".
El caso de Uber en Francia
Un caso paradigmático que analizan ambos think tanks es el de Uber, que ya está presente en más de 50 ciudades europeas y opera en 22 países de la Unión. A pesar de esta expansión, la Justicia de distintas naciones ha frenado el desarrollo de la compañía. El informe destaca que las restricciones introducidas por la Justicia francesa "han perjudicado a más de 20.000 conductores que prestaban este servicio, afectando especialmente a personas que provenían de minorías y colectivos que sufren altos índices de exclusión laboral".
En este sentido, el informe que firma Diego Zuluaga considera que la prohibición ha sido especialmente regresiva desde el punto de vista social. En consecuencia, Civismo y EPICENTER solicitan que Bruselas se abstenga de aprobar normas unificadoras y piden a las autoridades comunitarias que se centren en frenar aquellas normas nacionales o locales que contravienen pilares de la UE como la competencia y la libre circulación de bienes y servicios.
De hecho, si se aprobase un enfoque común europeo, debería perseguir la liberalización de las regulaciones existentes y la abolición de aquellas reglas que se han quedado obsoletas por el avance de estas fórmulas innovadoras de negocio", zanja el informe.